"ESA COSTUMBRE DE MATAR..."

La profesión de juez, en la Argentina de 1983, ha devenido más peligrosa que la de piloto de pruebas. Varios jueces han sido amenazados de muerte y uno de ellos, el doctor Pedro Narvaiz, hasta tuvo que emprender el camino del exilio. El último en la lista de los sentenciados es el doctorEldo Jorge Juárez, un magistrado del fuero penal que ejerce en la ciudad del Rosario, a 350 kilómetros de Buenos Aires.
Juárez, que está recibiendo toda clase de presiones "subterráneas", es uno de los dos jueces que tiene a su cargo el "caso del año": el secuestro y asesinato del dirigente peronista Oswaldo Cambiaso y del jefe montonero Eduardo Pereyra Rossi.
Contra lo que se ha convertido en una triste rutina judicial en estos siete años de dictadura, el doctor Juárez parece decidido a investigar a fondo.
Si logra su propósito puede poner en un serio aprieto a varios jefes militares; entre ellos el ministro del Interior, general Yamil Reston y al propio presidente de la República, general Reynaldo Bignone, quienes se solidarizaron con la versión policial de los hechos.
No caben dudas, entonces, respecto a la procedencia de las amenazas y la magnitud de las influencias que se mueven contra esta investigación judicial.
Pero Juárez cuenta con el apoyo de la clase política y de la sociedad civil en general. Los dirigentes políticos temen que este crimen constituya el preludio de una escalada golpista. La ciudadanía, por su parte, está harta de un aparato represivo clandestino que sigue actuando con total impunidad.
El 20 de mayo último, tres días después de que aparecieran los cadáveres de Cambiaso y Pereyra Rossi, 50 mil manifestantes recorrieron el centro de Buenos Aires en repudio del "informe final" de la junta militar que dio por muertos a los desaparecidos. Un enorme cartel enarbolado al frente de las columnas proclamaba: "Cambiaso y Pereyra, mártires, asesinados por la dictadura". Algunos también coreaban: "Rossi, Cambiaso, se viene el peronazo". Pero el grueso de los manifestantes reiteró hasta la afonía la consigna principal de la Argentina post-Malvinas: "Se va a acabar, se va a acabar, esa costumbre de matar".
Los efectivos policiales recibieron orden de no cargar sobre la gente: a la cabeza de la multitud venían marchando, entre otros, notorios dirigentes: el expresidente de la nación, Vicente Solano Lima y el Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel.
Los militares contraatacaron denunciando un "rebote de la subversión" a cargo de los Montoneros. Un extenso documento de la Junta denunció la existencia de vínculos entre la corriente peronista Intransigencia y Movilización, que lidera el exgobernador de Catamarca, Vicente Leonidas Saadi, y la oranización guerrillera que conduce Mario Eduardo Firmenich. El informe, elaborado con los "clichés" y las imprecisiones clásicas de los servicios de inteligencia argentinos, acusó a Saadi, un veterano político de 76 años, de haber recibido dinero de los Montoneros para editar el matutino porteño "La Voz" .
El líder de la Intrarisigencia peronista rechazó enérgicamente estas acusaciones y desafió a los tres comandantes militares a un debate público. De inmediato logró el apoyo de todos los precandidatos presidenciales, tanto del peronismo como del radicalismo. La reacción fue tan unánime que incluyó al dirigente metalúrgico Lorenzo Miguel, hasta hace poco uno de los principales adversarios internos de Saadi.
A despecho de todas estas demostraciones, el poder militar siguió endureciendo el tono. El comandante en jefe del ejército, teniente general Cristino Nicolaides sugirió abiertamente que si no había "concertación" entre civiles y militares le auguraba poca estabilidad al gobierno que surgirá de las elecciones de octubre.
Nicolaides también recalcitró en la teoría del "rebrote subversivo", que les permite a los militares mantener intacta la maquinaria clandestina del terror y aspirar a una cuota apreciable de poder en la futura administración civil. El "partido militar" no quiere ser juzgado por los delitos cometidos en la "guerra sucia" contra la guerrilla, ni tampoco por el desastre económico, la corrupción y, menos aún, por las penosas consecuencias de su aventura bélica en las Malvinas.
Los altos mandos están divididos frente a una serie de cuestiones, pero los une un verdadero "pacto de sangre": su participación común, coordinada y orgánica en la tremenda represión desatada en estos últimos siete años.
Por eso lanzaron el documento "final" sobre los desaparecidos y lo rubricaron con el secuestro y asesinato de Cambiaso y Pereyra Rossi. Durante años esa metodología les dio resultado; ahora no alcanza para amedrentar a un honesto, pero oscuro, juez de Rosario. -
Miguel Bonasso Corresponsal de SEMANA en México -
"ENFRENTAMIENTOS SUBVERSIOS"
El sábado 14 de mayo al mediodía Oswaldo Cambiaso (42 años) y Eduardo Daniel Pereyra Rossi (33), fueron secuestrados por cinco hombres de civil fuertemente armados. Los secuestradores esposaron a sus víctimas y las introdujeron violentamente en una camioneta verde, sin placas, con la que se dieron a la fuga. El hecho, que fue presenciado por numerosos testigos, ocurrió en la confitería "Magnum", en pleno centro de Rosario, la segunda ciudad de Argentina.
Nada se supo hasta el martes 17 de mayo. Ese día, en horas de la tarde, la policía de la provincia de Buenos Aires anunció que había "abatido en un enfrentamiento a dos delincuentes subversivos", Cambiaso y Peryra Rossi. -