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| 9/9/1985 12:00:00 AM

ESCANDALO EN EL PERU

A pocos días de la posesión de Alan García, la cúpula militar y altos funcionarios de la administración Belaúnde son objeto de sospechas por posible vinculación con la mafia.

El estallido del laboratorio de coca más grande que se haya conocido en el Perú, apenas vino a sentirse en todo su rigor esta semana, quince días después que en una mansión del barrio Surco -el Chicó limeño- volaran los utensilios al zarzo.
El 24 de julio, día de la explosión, el suceso no pasó de ser en Lima otro récord delincuencial, apagado por los anuncios ruidosos del nuevo presidente, Alan García, en el sentido de recortarse el sueldo, coger por los cachos la bestia de la deuda externa y moralizar el Perú. Es más: dos días antes de la posesión de García, la explosión de tres carros bombas del Sendero Luminoso mereció la primera plana en trece de los 16 diarios peruanos, mientras que la del laboratorio apenas cupo, destacada, en cuatro periódicos el 25 de julio.
Pero a partir de esta semana el estallido del barrio Surco cobró sus reales dimensiones: desde el miércoles pasado ocupa la primera página de los 16 diarios -incluyendo los oficialistas-, las acciones de Sendero escasamente se perciben y sólo el jueves la tremenda huelga de transportadores con enfrentamiento abierto a la fuerza pública, logró restarle algunos titulares vistosos a las informaciones que emana "villa coca", como fue bautizado el sector donde en principio parecio que un carro de bomberos bastaba para poner las cosas en orden.
Fue un cálculo ridículo. Ocurre que la mansión estaba conectada a las seis residencias contiguas, por medio de puertas y pasadizos comunes y una central telefónica de 50 líneas, lo que requirió de la presencia de 40 hombres de la Policía de Investigaciones Peruanas -PIP- y obligó a improvisar oficina en una de las mansiones. Las pesquisas arrojaron una asombrosa cadena de revelaciones, entre las cuales una pequeña agenda roja constituyó el detonante del mayor caso de narcotráfico de que se tenga noticia no sólo en Perú sino en Latinoamérica entera. La agenda contenía los nombres, direcciones y teléfonos de varios coroneles y generales, de varios de los "peces gordos" del negocio, entre ellos el del padrino peruano, Reynaldo Rodríguez López, dueño de una cadena hotelera en Miami y cuya fortuna se estima en 300 millones de dólares; y contenía también los datos personales de importantes funcionarios publicos, como el de Luis López, hombre de confianza del ex canciller y ex primer ministro Luis Percovich, cuyos servicios al ministro le merecieron ser condecorado por la nación en reconocimiento a "servicios distinguidos".
Con Percovich de por medio, quien al producirse el escándalo estaba en México matriculando a uno de sus hijos en la Universidad de Guadalajara la noticia adquirió perfiles alarmantes. Se cuestionó toda la cúpula militar, incluyendo tres ex directores de la PIP, y a lo más encumbrado del Gobierno anterior, aún al propio ex mandatario, Fernando Belaúnde Terry, por su falta de suspicacia al mantener como colaborador durante todo el mandato a un ministro y principal consejero suyo al que ahora se vincula con la mafia.
Precisamente Percovich, sale ahora a la luz pública, fue quien insistió ante Belaúnde en la teoría del matrimonio narcotráfico-guerrilla, que luego el mandatario divulgaría a medio mundo en discursos y entrevistas. ¿Qué fundamento tenía Percovich para insistir en aquel matrimonio?, es la pregunta más repetida que surge ahora cuando trata de dársele razón a quienes rechazaban la teoría, por considerar que era una alianza imposible debido al propósito de un grupo de tomarse algún día el poder para "sanear el país de lacras", entre ellas las del narcotráfico.
El ex ministro del Interior, quien tenía el control de las cuatro fuerzas policiales del Perú, brincó de México a Miami tan pronto comenzaron a surgir las dudas y anunció que regresaría para aclararlo todo. López amenazó con denunciar en bloque a quienes lo han puesto en picota. Pero el alud de las sospechas sigue creciendo conforme se descubre la formidable penetración que logró Rodríguez López en los organismos secretos. Nombrado asesor principal de la PIP, manejaba como gran padrino a varios coroneles y generales -cuatro de ellos llamados a declarar- y llegó a tener tal ascendencia sobre el órgano investigativo que se hizo nombrar asesor principal del ente, con acceso a las reuniones y documentos más privados del Estado en materia de narcotráfico. "Dominaba todas las esferas vinculados a la represión del narcotráfico y manipulaba muchos de los informes confidenciales de la Policía" admitieron tras el escándalo las propias fuentes policiales.
Con excepción del Presidente, de nadie se habla hoy tanto en el Perú como de Reynaldo Rodríguez, ahora hecho humo hasta en los archivos penales de donde desaparecieron sus antecedentes. Se le menciona como el verdadero capo del narcotráfico latinoamericano, el único que hasta ahora tiene evidencias de haber accedido a lo más íntimo de un gobierno y el único que ha logrado vincular a su organización "la mitad de todo un cuerpo policial", según la declaración oficial del fiscal de la Nación, César Elejalde.
Sucesor en el trono del narcotráfico peruano de Mosca Loca, asesinado el año pasado en la prisión El Cuarto por reclusos, que de paso le cortaron la lengua, Rodríguez habría cambiado el estilo brutal de la mafia peruana, por el del soborno y el "convencimiento" de sus perseguidores naturales, viendo favorecido su propósito por la crisis del Perú, donde el salario de los policías es de sesenta dólares.
Tres años le bastaron para consolidarse como jefe de la mafia peruana, aunque las cifras que se revelan resultan ínfimas si se comparan con otras de la región. El laboratorio de Surco procesaba una tonelada de cocaína al año según el informe oficial, mientras que el localizado en Yarí procesaba doce toneladas. Su fortuna personal no se acerca ni remotamente a los cinco mil millones de dólares que se mencionaron como capital de Pablo Escobar. Y aunque la media manzana allanada en Lima contaba con modernísimos equipos de radiotransmisión, piscinas enormes y diez carros de lujo, Rodríguez estaba todavía a la zaga de capos como el boliviano Suárez, de quien se dice que en la mitad de la selva cuenta con aviones de combate y con dinero suficiente como para haberse ofrecido, a cambio de su promoción en el gobierno, a pagar por lo menos la mitad de la deuda externa boliviana.
Sin embargo, era incuestionable su poder y, de no haber sido por la explosión, su futuro resultaba de proyecciones. Ahora todo se le vino al piso, aunque no perderá tanto como se estima que le costará al partido de Belaúnde, Acción Popular, uno de los más severamente castigados en las últimas elecciones, cuando recogió menos del seis por ciento de la votación. Y tampoco perderá tanto como el cuerpo policial peruano al que desde ya se le oponen en el Congreso para que participe en las investigaciones, por obvia incongruencia. Pareciera que todos pierden en Perú, con la excepción del nuevo mandatario.
García en su torrente de intenciones había anunciado la reorganización de la fuerza pública, pero después de su mal rato con el anuncio de manejar la deuda externa a su antojo, perdió algo de su capacidad de maniobra. Así que el escándalo le habría caído de perillas para recuperar bríos en un propósito que se le salía de las manos. Pero son simples especulaciones de los analistas peruanos. Sucede que hasta ahora Alan nada ha dicho sobre el caso del laboratorio de Surco, ni ha vuelto a hacer gala de su verborrea, luego de su movida y sonora primera semana de gobierno.
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