Escándalo salpica a presidenta argentina

El juez federal Norberto Oyarbide afirmó que durante un allanamiento de las oficinas del empresario Néstor Lorenzo, dueño de una droguería, se encontraron "una serie de facturas que tienen que ver con posibles aportes a la campaña presidencial" de Fernández en 2007.

Según fuentes judiciales, los aportes sumarían cerca de US$250.000 entregados por Lorenzo a colaboradores del partido oficialista, Frente para la Victoria.
La causa que instruye el magistrado investiga la venta de remedios contra el cáncer y el SIDA que fueron adulterados, vencidos o robados.

Esta no es la primera vez que una investigación judicial revela un supuesto vínculo entre la venta ilegal de drogas y la campaña presidencial de Fernández.

Una investigación paralela descubrió que Sebastián Forza, un empresario farmacéutico que fue asesinado en agosto de 2008 y quien según las autoridades estaba relacionado con la venta ilegal de efedrina, habría aportado más de US$50.000 a la campaña de la actual presidenta.

Efedrina
La Justicia argentina también investiga los vínculos comerciales entre Lorenzo y Forza, y los posibles lazos entre la llamada "ruta de la efedrina" y la venta de medicamentos falsos.

La efedrina es un precursor químico utilizado en la fabricación de drogas sintéticas.
De acuerdo con la investigación de Oyarbide, los medicamentos falsificados se han suministrado a los pacientes a través de las obras sociales de algunos sindicatos, entre ellos el de los empleados bancarios y el del Ministerio de Economía, que están bajo investigación.

La defraudación al Estado alcanzaría los US$155 millones.
La investigación de la "mafia de los medicamentos" causó el despido de un alto funcionario del Ministerio de Salud de Buenos Aires, que según Oyarbide estaría implicado en la causa.

Tras anunciar el alejamiento del subsecretario de Control Sanitario, Alberto Costa, el jefe de la cartera bonaerense, Claudio Zin, causó controversia al afirmar que “es muy posible que el 10% de los medicamentos que circulan en el país sea falsificado”.

Por su parte el ministro de Salud nacional, Juan Manzur, consideró "aberrante y criminal" la adulteración de medicamentos, y sostuvo que se pondrá a disposición de la Justicia para ayudar a identificar "si hay gente vinculada al ambiente de la política" involucrada en los hechos delictivos.

Hasta el momento, el gobierno no ha realizado declaraciones respecto a los presuntos vínculos entre la “mafia de los medicamentos” y la campaña presidencial.

Lavado de dinero
Una de las principales denunciantes de los vínculos entre grupos delictivos y las obras sociales de los sindicatos es la ex ministra de Salud de la nación, Graciela Ocaña.
La ex funcionaria dejó sus funciones el 29 de junio pasado, el día después de la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas.

Según los analistas, su alejamiento habría estado vinculado a su fuerte confrontación con los gremialistas relacionados con la cartera sanitaria.

El martes la ex ministra se presentó ante el juez Oyarbide para ampliar sus denuncias.
Según dijo, el tráfico ilegal de remedios estaría vinculado a un operativo aún más grande: una enorme red de lavado de dinero.

Tras el encuentro, Oyarbide afirmó que ampliará su indagatoria y anticipó que investigará a Lorenzo por lavado de dinero, además de extender sus pesquisas a otras obras sociales bajo sospecha.

El escándalo por la "mafia de los medicamentos" se sumó a una serie de acusaciones vertidas en la prensa contra el gobierno de Fernández, que mantiene un enfrentamiento con los principales grupos mediáticos del país.