A sus espaldas

Fueron 167 los dias de encierro dorado en la quinta de don Torcuato. La semana pasada el ex presidente Carlos Saúl Menem, fiel a su estilo, cambió de un salto la detención domiciliaria por la plaza pública en su provincia de La Rioja, donde con duros discursos contra el gobierno de Fernando de la Rúa lanzó virtualmente su candidatura para las elecciones de 2003.

La Corte Suprema aceptó la falta de mérito sobre los delitos que se le imputan al ex presidente y a su cuñado Emir Yoma: dirigir y organizar una asociación ilícita para el contrabando de armas a Croacia y Ecuador durante el gobierno de Menem. “Nada se resuelve creando delitos de la nada ni buscando el tipo penal que permita el procesamiento con prisión preventiva para luego acomodar los hechos a la figura”, dice el fallo al atacar a los jueces que intervinieron, a la Cámara Federal y al juez Jorge Urso, que atribuyeron a Menem y a Yoma las figuras de falsedad documental, malversación de caudales públicos y contrabando.

Para que se configure el delito de asociación ilícita se requiere “una pluralidad de planes delictivos y no meramente la pluralidad de delitos”, pero no hay prueba de que esos delitos hayan sido ejecutados como parte de un plan premeditado, según la Corte. La única causal que ésta acepta es la malversación de caudales por haberse dado a las armas un destino diferente al que le correspondía.

La Corte también descarta la falsedad ideológica al firmar decretos a sabiendas de que el destino de las armas que supuestamente se dirigían a Panamá y Venezuela— era falso. “No se comprende cómo pueden constituir la mencionada figura delictiva decretos del presidente de la Nación, que son órdenes dictadas en el ejercicio de atribuciones que le confiere la Constitución”, dice la Corte.

El fallo despertó una polémica nacional. Para algunos la decisión de la Corte terminó con una interpretación arbitraria de la asociación ilícita. Para otros el fallo suscita amplias dudas porque dos de los jueces, Julio Nazareno y Adolfo Vázquez, tenían manifiestas relaciones de amistad con el ex presidente y no se declararon impedidos. Además el que redactó el fallo, Augusto Belluscio, es radical, y se sospecha que el gobierno de Fernando de la Rúa le hizo un guiño a la Corte para que deje a Menem en libertad.

El abogado Ricardo Monner Sans, quien inició la causa en 1995, explicó a SEMANA que “la liberación (de Menem) es muy cuestionada porque la Corte ha tomado esta decisión en un lapso muy breve pues el expediente tiene más de 60,000 hojas y miles de agregados, lo cual hace pensar que la Corte no ha tenido tiempo para mirar todo lo que allí existe”. Monner Sans critica la brevedad del fallo y la falta de “razones válidas y convincentes” para revocar el criterio de la asociación ilícita y se mostró sorprendido porque dos magistrados amigos de Menem no se hayan declarado impedidos. Lo que más preocupa al abogado es que “el fallo es un poco atemorizador para jueces y fiscales porque formula una apreciación muy dura en relación con la conducta que deben adoptar respecto de causas que se vinculan con la lucha contra la corrupción”, lo cual significa “casi como decirles que se abstengan de investigar en lo sucesivo la corrupción en el poder”.

Seis años después de iniciada “la causa muere en un entierro de cuarta categoría”, se lamenta Monner. Toneladas de armas vendidas ilegalmente por decretos que indicaban otro destino, sobornos a funcionarios y amigos, actos criminales, como la voladura de un depósito de armas del Ejército, con muertos, todos esos delitos quedarán impunes al languidecer la causa sin pena ni gloria.