Estados Blindados de América

A menos que ocurra algo, el jueves de esta semana entra en vigor en Estados Unidos la controvertida ley de inmigración de Arizona que perjudica a los extranjeros indocumentados porque los pone en la mira de las autoridades. La norma ha levantado ampolla entre la comunidad hispana de ese país, en las cancillerías de América Latina, en sectores liberales e incluso en el presidente Barack Obama. Lo curioso, sin embargo, es que otros estados quieren poner en marcha leyes semejantes y que un alto porcentaje de la población ve con buenos ojos una legislación a todas luces discriminatoria. Inquietante.

Todo empezó el 23 de abril, cuando la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, del Partido Republicano, sancionó la Ley SB-1070. El texto contiene cinco disposiciones principales. La primera eleva la inmigración ilegal a la categoría de delito menor que puede ser castigado con prisión de hasta seis meses, o con una multa de 2.500 dólares y la deportación. La segunda norma les da luz verde a los policías para que interroguen en la vía a quienes consideren "razonablemente sospechosos". La tercera obliga a los extranjeros a portar los documentos. La cuarta permite que los policías y los agentes que no cumplan los mandamientos consagrados en la ley puedan ser demandados por cualquiera. Y la quinta abre la puerta a la imposición de sanciones contra quienes protejan o den cobijo a los indocumentados.

Brewer dio todo tipo de argumentos a la hora de sancionar la legislación. Dijo que por la cantidad de gente sin papeles los ciudadanos de ese estado viven con miedo y señaló que la frontera de Arizona con México es uno de los lugares más peligrosos de la región. En ese sentido, la gobernadora podía estar parcialmente en lo cierto. Pero hay dos inconvenientes, uno político y social, y el otro jurídico. El primero se relaciona con el futuro de los 460.000 inmigrantes hispanos que conforman el 29 por ciento de la población de Arizona. ¿Los van a convertir en carne de cañón? ¿Van a satanizar a quien parezca oriundo de América Latina? Pues parece que sí. El otro inconveniente, el jurídico, se refiere a si un estado es competente para legislar sobre la inmigración.

En el frente político-social se han desatado las reacciones. Obama dijo que la ley era "irresponsable" y añadió que "socava principios venerables de este país". Su colega mexicano, Felipe Calderón, declaró que la SB-1070 abre la puerta "al odio". El cardenal de Los Ángeles, Roger Mahony, la comparó con "el nazismo" y otros censuraron el hecho de que su inspirador fuera el senador estatal Russell Pierce, un ultraderechista partidario de las deportaciones en masa. Por si fuera poco, miles de manifestantes protestaron y lo siguen haciendo en más de 70 ciudades de Estados Unidos y ante el Capitolio en Washington.

En el frente jurídico la batalla es en los tribunales. De momento se han presentado siete demandas contra la ley, algunas firmadas por dos policías de Arizona, otras por organizaciones de derechos civiles o grupos religiosos. La más importante es la de Eric Holder, secretario de Justicia y fiscal general que alega ante la Corte Suprema que un estado no puede legislar sobre la inmigración y que ha dicho que presentará otra demanda si dentro de seis meses se comprueba que los hispanos han sido satanizados.

¿Quién ganará las demandas? Aún no se sabe, pero la juez federal Susan Bolton, que el jueves comenzó en Phoenix a estudiar si suspende la entrada en vigencia de la SB-1070, da la impresión de que no comparte las tesis de Holder. Para la muestra, un botón: "¿Por qué no puede Arizona ser poco hospitalaria con los trabajadores al margen de la ley?", preguntó en la primera audiencia pública.

A estas alturas, lo más alarmante es que, lejos de mostrarse en desacuerdo con una ley injusta con los indocumentados, los norteamericanos la respaldan mayoritariamente y les gustaría llevarla a escala nacional. Un sondeo de hace tres semanas de la Universidad de Quinnipiac dejó claro que el 48 por ciento de los encuestados aprueban la norma y solo el 35 por ciento la rechazan. Ese muestreo concluye que el 45 por ciento opina que la SB-1070 será eficaz contra la inmigración ilegal. Y no solo eso. Otro sondeo de Rasmussen refleja que el 69 por ciento de los texanos quieren una ley similar. Lo mismo pasa con el 49 por ciento de los californianos, según una encuesta del Instituto Field hecha la semana pasada. Y, atención, un legislador estatal de la Florida, el republicano William Snyder, va a presentar en noviembre una norma calcada de la de Arizona. Si llega a pasar, miles de colombianos sin papeles podrían sufrir las consecuencias.

Obama, que desde su posesión el 20 de enero de 2009 no había movido un dedo para ayudar a los 12 millones de inmigrantes indocumentados que se cree hay en el país, se pellizcó a principios de este mes. En un discurso en la American University de Washington criticó una vez más la ley de Arizona y anunció que presentará una reforma integral al sistema. "El asunto no se resuelve con vallas y patrullas en la frontera", subrayó, y enfatizó a la oposición que "una reforma así requiere el apoyo de los republicanos". George W. Bush lo intentó con el apoyo del senador republicano por Arizona y luego candidato presidencial John McCain (que ahora se volteó) y con el demócrata Edward Kennedy, y fracasó. Quién sabe si Obama esté tras los votos de tantos hispanos, porque las encuestas no le son favorables a cuatro meses de las elecciones del Senado y un tercio de la Cámara de Representantes, hoy controlados por su partido.

Ojalá que no. Ojalá que se le meta en serio al tema porque en lo que tiene que ver con la inmigración, los gringos, que en su gran mayoría descienden de inmigrantes, no han cogido el toro por los cuernos. Es verdad que tras el 11 de septiembre se generó una desconfianza frente al extranjero, especialmente musulmán y de un país árabe, y es verdad que la crisis económica ha sido tierra abonada para que los desempleados, que ahora alcanzan el 10 por ciento de la población activa, miren de reojo a los que llegan de fuera. Pero la cosa es profunda y con hondas implicaciones.

Al país siguen llegando inmigrantes sin papeles y no existe un paraguas legal para protegerlos. Como han explicado en las páginas editoriales de The Washington Post dos expertos, Doris Meissner y James Ziglar, ex directores del Servicio Nacional de Inmigración en administraciones demócratas y republicanas, "los gobiernos estatales pueden reglamentar asuntos de inmigración siempre y cuando el estado central los haya autorizado expresamente". Y además, y ahí está el centro del problema, las autoridades otorgan al año unas 5.000 visas para trabajadores no calificados y esa cifra contrasta con los 500.000 nuevos trabajadores de esa categoría que carecen de papeles en regla y que se suman cada año a la economía.

Así, pues, si Obama no se espabila y llama a los republicanos a que echen una mano para resolver esta asignatura pendiente desde hace años, los inmigrantes lo recordarán como el líder incapaz de frenar los efectos de una ley despiadada, como el hombre que los dejó a merced de la xenofobia en un país construido por gentes llegadas de otra parte. Y como el presidente que los apaciguó con paños de agua tibia.