Extraditables de la CIA

El clima de descontento contra Estados Unidos aumenta en Europa por usar el territorio del Viejo Continente para realizar prácticas violatorias de los derechos humanos de sospechosos de ser terroristas islámicos. A las investigaciones por la existencia de cárceles clandestinas y el uso ilegal de aeropuertos para transportar prisioneros, se une el pedido de extradición contra 22 miembros de la CIA que reposa en el despacho del ministro de Justicia, Roberto Castelli, quien deberá decidir en los próximos días. El caso se remonta a febrero de 2003, cuando los agentes de la CIA secuestraron en Milán al clérigo musulmán Abu Omar, y lo trasladaron a una cárcel en Egipto donde ha sufrido torturas. Tras dos años y medio de investigaciones, la Fiscalía General de Milán consideró que la CIA violó la soberanía italiana y cursó la solicitud de extradición. El expediente de solicitud tiene 477 páginas y también pide la extradición de varias "espías del tipo paramilitar 007, mujeres jóvenes expertas en vigilancia física que se hacen pasar por diplomáticas en fiestas y recepciones", según reveló la prensa italiana. Pero el problema para esta extradición es político y jurídico. Según varios especialistas consultados por SEMANA, Estados Unidos ha establecido una triple barrera para asegurar la inmunidad de sus agentes. Primero, no suscribió el Tratado de Roma que creó el Tribunal Penal Internacional (TPI); segundo, dispone de derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, y tercero, cuenta con la Resolución 1422, renovada por la 1487, por las cuales el Consejo le ordenó al TPI por un año renovable que se abstenga de investigar ciudadanos de Estados que no hacen parte del Tratado de Roma. "Si no hace caso al principal tribunal de justicia del mundo, es previsible que no atienda el pedido de la justicia italiana", dijo SEMANA Elena Fanega, de la Asociación de Mujeres Juristas de España. El pedido de extradición se suma a sendas investigaciones que se están realizando en Noruega, Suecia, Alemania y España, contra agentes de la CIA, por la realización de operaciones secretas en esos países contra el terrorismo islamista, sin el consentimiento de estos gobiernos. Los diplomáticos norteamericanos en Europa han negado todas las acusaciones, y en Madrid, el embajador de Estados Unidos, Eduardo Aguirre, aseguró que "en ningún momento ha habido violación alguna de la ley", en relación con el traslado por la CIA de presos islamistas por aeropuertos españoles, con destino a países donde se practica la tortura. El diario romano La Repubblica considera que "Estados Unidos debería extraditar a 20 agentes" de la CIA y recuerda que está vigente un tratado de extradición entre ambos países. Por su parte, el Corriere della Sera, de Milán, afirmó que todo está en manos del ministro Castelli, pues "teóricamente, el código de procedimiento autoriza al Ministro de Justicia a 'rechazar o retrasar' el pedido de los magistrados, pero una decisión de este tipo provocaría un caos político". Generalmente las solicitudes de extradición entre Roma y Washington se aprueban y gestionan sin problemas, con base en un tratado firmado hace más de 20 años. Pero este es el primer caso que involucra a agentes de la CIA y su resultado causaría fuertes repercusiones políticas. El fiscal Armando Spataro, quien emitió las órdenes de arresto que dieron origen a la petición de extradición, ha insistido que el gobierno de Silvio Berlusconi, uno de los grandes aliados de Estados Unidos en Europa, nunca ha intentado interferir en este caso. Cuando la Fiscalía de Milán presentó oficialmente el pedido de extradición, Castelli se encontraba justamente en Washington en conversaciones con el procurador general, Alberto Gonzales. Según la prensa italiana, los dos funcionarios hablaron "en una atmósfera de gran camaradería y cooperación" sobre casos de extradición de interés mutuo, pero se ignora si abordaron el del imán Abu Omar, que en su momento causó la indignación del gobierno de Roma que negó haber sido informado y exigió "pleno respeto de la soberanía de Italia". Castelli tiene ahora pocas semanas para "rechazar o retrasar" la solicitud, o bien para realizar la petición de extradición al gobierno de Estados Unidos. Sobre él pesa la tremenda presión de la prensa y sobre todo de la sociedad italiana que, según los sondeos, quiere el pronto regreso de las tropas italianas de Irak, que el país se deslinde de la alianza Berlusconi-Bush y que se haga respetar la soberanía italiana.