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| 5/2/2010 12:00:00 AM

Extranjero o criminal

La ley adoptada por el estado de Arizona para controlar la inmigración ilegal tiene dividida a la opinión en Estados Unidos. Más allá de sus implicaciones sociales, la norma podría decidir el futuro de la presidencia de Obama.

Pocas veces una decisión política local había tenido tanta repercusión nacional como la ley sobre los inmigrantes indocumentados expedida el viernes 23 de abril en Arizona. No es solo porque una norma de esas características, la más dura de cuantas rigen en Estados Unidos, resulta ofensiva con la población hispana de ese Estado, cosa de por sí muy grave. El asunto tiene además una profunda implicación política: semejante ley puede convertirse en la tabla de salvación de los demócratas de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Así las cosas, es posible que lo que las encuestas han vaticinado hasta ahora -la derrota del partido del presidente Barack Obama dentro de siete meses- no se produzca jamás.

El detonante de toda esta situación ocurrió ese viernes en Phoenix, la capital del estado, cuando la gobernadora Jan Brewer, una republicana de 65 años con título de radióloga y que ha dedicado su vida a la función pública, firmó la ley SB1070 que entrará en vigor en octubre, por la cual adoptó cuatro disposiciones muy controvertidas. Por la primera de ellas convirtió en delito la inmigración ilegal, hecho que va a ser castigado no solamente con una pena máxima de seis meses de cárcel, sino con 2.500 dólares de multa y posiblemente la expulsión del país. La segunda es que la Policía de Arizona está en la obligación de interrogar en la calle a quien considere "razonablemente sospechoso" de ser inmigrante indocumentado. La tercera es que los agentes del orden o los ciudadanos del común que no cumplan lo anterior pueden ser demandados ante la justicia. Y la cuarta, que los inmigrantes deben portar permanentemente sus contratos de trabajo.

Y ahí fue Troya. No había estampado la gobernadora su firma en la SB1070 cuando el presidente Barack Obama, desde el Rose Garden de la Casa Blanca, le mandó el primer varillazo. Tras reconocer que la falta de una legislación nacional sobre el tema constituye una falla de Washington, Obama añadió en una ceremonia en la que les daba la nacionalidad a 24 personas: "El problema es que esa irresponsabilidad nuestra genera la irresponsabilidad de otros". El Presidente dijo así mismo que iba a estudiar a fondo la ley porque creía que contiene varios artículos inconstitucionales. No sería raro. En 1994, la célebre Propuesta 187 del entonces gobernador de California, el republicano Pete Wilson, que fue aprobada por los ciudadanos, que entró en vigencia como ley y que les negaba los servicios de salud a los inmigrantes sin papeles, se hundió en los tribunales.

A la gobernadora Brewer también le llovieron rayos y centellas desde otras latitudes. El gobierno del presidente mexicano, Felipe Calderón, alertó a sus ciudadanos de los peligros de viajar a Arizona por culpa de esa "intolerancia". El arzobispo de Los Ángeles, Roger Mahony, comparó el contenido de la norma con las técnicas de los nazis y de la policía secreta de la desaparecida Unión Soviética. Artistas como Shakira fueron a Phoenix, invitados por el alcalde demócrata, Phil Gordon, para protestar. Editoriales de periódicos como The Boston Globe se preguntaron con razón: "¿Cómo se puede 'sospechar razonablemente' si un inmigrante es indocumentado? ¿Por el color de su piel? ¿Por su automóvil? Hay millones de ciudadanos de origen hispano, nacidos en Estados Unidos, que serán víctimas de esto". Y miles de asociaciones de latinos se quejaron válidamente de que la minoría hispana va a ser demonizada. Obvio. ¿Cómo se le puede pedir a un inmigrante legal que denuncie a su madre o a un amigo que no tiene papeles especialmente en un estado donde 460.000 habitantes, es decir el 29 por ciento de la población está integrada por hispanos? Solo Nuevo México, California y Texas arrojan porcentajes superiores.

Pero la gobernadora no se quedó cruzada de brazos. Justificó la ley al afirmar que "la violencia en la frontera" que comparten Arizona y México "y el crimen relacionado con la inmigración ilegal son asuntos que interesan a nuestros ciudadanos. Y agregó: No podemos sacrificar nuestra seguridad, ni permitir secuestros ni asesinatos por causa de los carteles de la droga". Para nadie es un secreto que se negó a vetar la ley porque necesita los votos de los republicanos en el alza de impuestos que ha previsto y que ha buscado satisfacer a una población muy conservadora, que odia el paso de inmigrantes desde México. Al fin y al cabo, como dice The New York Times al aludir a Arizona, ese estado "casi no declara como día festivo el del cumpleaños de Martin Luther King, castiga a quien corte un cactus pero permite el porte de armas, y no ve con malos ojos que el principal 'sheriff' de la región obligue a los reclusos a usar calzoncillos rosados para que les dé vergüenza".

Pero más allá del debate sobre la ley en sí misma, lo que está claro es que el escándalo puede favorecer a Obama y a los demócratas en vísperas de los comicios legislativos. Previstos para principios de noviembre, servirán para que Estados Unidos escoja a los 435 representantes a la Cámara y a un tercio de los 100 senadores. Será una jornada decisiva para el gobierno, pues el Presidente requiere el apoyo del Capitolio para gobernar. Lo preocupante para él es que los sondeos solo le dan un 50 por ciento de aprobación a la tarea de la mayoría demócrata en ambas Cámaras, donde los de Obama podrían perder las mayorías. Si los republicanos logran 10 curules en el Senado y 40 en la Cámara, podrán tirar cohetes y morirse de la risa.

Como si fuera poco, a Obama le ha ido mal en tres elecciones recientes. Las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey cayeron desde hace tres meses a manos de Bob MacDonnell y Chris Christie, ambos de la oposición, y el escaño senatorial del eterno demócrata de Massachusetts Edward Kennedy, fallecido el año pasado y quien siempre luchó por la reforma a favor de los inmigrantes, fue a parar a Scout Brown, también republicano.

Sin embargo, el lío de Arizona les ha dado un impulso a Obama y a los suyos, conscientes de que entre el 7 y el 12 por ciento de los electores son hispanos (es imposible establecer el número exacto, por cuanto la ley no exige que los hispanos se registren como tales). "Necesito su ayuda una vez más", les dijo a sus electores en un correo la semana pasada. Apeló a ellos nuevamente, aunque no ignora que en la jornada electoral de noviembre tomarán parte muchos menos votantes que en los comicios presidenciales de hace dos años. De ese modo, sin proponer nada sustantivo, podrá enfrentar a sus contrincantes. Y es que el revuelo por la ley se ha transformado para los demócratas, como dijo el diario The Wall Street Journal al citar a un analista, en "una oportunidad política".

No será nada fácil que Obama se salga con la suya. Porque como le indicó a SEMANA Roberto Izurieta, profesor de Política de The George Washington University, "en este asunto de la inmigración nadie gana: todos pierden. La cuestión es quién pierde menos". Para él, no obstante, "en las elecciones le irá mal a quien lleve la peor parte". De cualquier manera, Izurieta deja claro que este tema, en una elección tan apretada como prevén las encuestas, puede inclinar la balanza para un lado o para otro. De la habilidad de Obama o de la oposición republicana a la hora de manejar este aspecto tan espinoso como es la inmigración ilegal depende pues, en gran parte, el futuro del Congreso y del gobierno de Estados Unidos en los próximos años.
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