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| 11/29/1982 12:00:00 AM

FINAL DE UN JUEGO SUCIO

El ex comandante de la Armada Almirante Emilio Massera resulta cada vez más implicado en la muerte de Elena Holmerg y Marcelo Dupont

¿Quién mató a la diplomática Elena Holmberg? ¿Quién al diplomático Héctor Hidalgo Sola? ¿Quién a Marcelo Dupont? Los interrogantes sobre quién y por qué abarcan miles de otros casos, y la inquietud de los argentinos es saber cuándo llegará la hora de la justicia.
La última edición del semanario "Somos" aborda el tema a propósito del efecto detonante que tuvo el secuestro por desconocidos, el 30 de septiembre pasado, del publicista Dupont y el hallazgo de su cadáver con la nuca destrozada, el 7 de octubre.
La víctima no tenía relevancia pública, pero sí su hermano Gregorio Dupont, un exdiplomático separado de sus funciones a fines de 1976 y que formuló recientemente declaraciones que implicaban al exmiembro de la Junta Mílitar y excomandante en Jefe de la Armada, almirante Emilio Massera, en el caso de Elena Holmberg, secuestrada y asesinada en diciembre de 1978.
"Somos" da gran importancia al hecho de que el juez federal Fernando Zavalia haya intensificado las investigaciones que podrían provocar un terremoto político en la Argentina por las vastas implicaciones que, se comenta, tiene dicho asesinato.
El 17 de septiembre, Zavalia tomó declaraciones a una testigo, una mujer que viajó de incógnito desde Europa y que tras permanecer una hora en Buenos Aires, regresó al país donde reside. Al "Nadie quiere dar más detalles, pero las fuentes más seguras deslizaron que habrían comentado al juez la existencia de otro asesinato que guardaría relación con el intento de ocultar la información que poseía Elena Holmberg", dice la revista.
"Pero, además --agrega-el testimonio incluyó referencias a las dificultades que habría tenidG la diplomática muerta en diciembre de 1978, con el personal que actuaba en el Centro Piloto de París ". El semanario "Gente" dice que la situación allí "se hacía cada vez más tirante y todo estaba muy ligado con los viajes que hacía el almirante Massera al exterior".
El 20 de septiembre, el juez recibió testimonios valiosos de dos hermanos de la diplomática asesinada (Eugenio y Ezequiel), y de Gregorio Dupont, su excompañero de la escuela del servicio exterior de la Nación. Dupont habría declarado que la noche de su secuestro, la exdiplomática "tuvo una tensa conversación con el subsecretario de Relaciones Exteriores Gualter Allara" y que por la noche revelaria importantes antecedentes a periodistas de la revista "Paris Match".
El juez Zavalia deberá seguir ahora interrogando a exfuncionarios de la cúpula del Gobierno Militar de 1978; pero no se descarta que se declare incompetente en la causa y traslade el resultado de sus investigaciones a la órbita militar. Otro Juez Federal, José Nicasio Dibur, investigó el secuestro y asesinato del exembajador en Venezuela, Héctor Hidalgo Sola. El caso está cerrado provisionalmente, pero podría ser reabierto como consecuencia de alusiones públicas del exsecretario de Hacienda, Juan Alemann, en su polémica con el almirante Massera. La esposa del diplomático, Delia García Rueda de Hidalgo, figura como denunciante y no puede solicitar una reapertura del caso.
Aparentemente, el secuestro del exembajador en Venezuela y la muerte de la diplomática Holmberg están relacionados entre si y también con la logia masónica P-2, dijo un hermano de ésta al "Buenos Aires Herald" un diario que se edita en Buenos Aires, en inglés.
En la Argentina son comunes estas preguntas: ¿Podrán los jueces investigar realmente los casos que tienen entre manos? ¿Son presionados por el poder político militar? ¿Está coartada su libertad de acción?
Varios miles de recursos de amparo en favor de personas desaparecidas y otras tantas denuncias sobre apremios ilegitimos, muertes de personas durante los seis años y medio de régimen militar, iniciado tras el golpe del 24 de marzo de 1976, fueron archivados con las investigaciones que no llegaron a resultado positivo.
Tres jueces federales, Martin Anzoátegui, José Dibur y Pedro Narvaiz, respondieron en recientes declaraciones a los interrogantes que formula la mayor parte de los argentinos sobre la independencia, credibilidad y estabilidad de la justicia. Coinciden dichos jueces en que existe independencia del poder judicial, pero bastante inestabilidad porque cada gobierno cambia jueces e instala otros. Dibur reconoce que en la Argentina "existen amenazas contra los jueces. Hace poco más de un mes hasta se llegó a atentar contra la vida de un juez federal".
La opinión pública argentina se interesa fundamentalmente en que el poder judicial investigue millares de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y en particular, las torturas. Incluso el juez de instrucción, Carlos Bourel, según la revista "Somos", escribió en un fallo que "una profunda preocupación embarga mi espiritu al comprobar que los instrumentos de tortura (abolidos hace casi 170 años) se siguen empleando asiduamente". Un articulo publicado por el periodista Manfred Schoenfield, del matutino conservador "La Prensa", aludió el 28 de enero pasado a los servicios de seguridad que "constituyen un poder policial autónomo dentro del Estado". "Sus hombres actúan de civil, sus automóviles llevan las placas con los números semiborrados o dados de baja, la ciudad entera está a su disposición. A veces tienen conexión con tal o cual servicio de información de las Fuerzas Armadas y a veces no la tienen. Torturan y, si se les va la mano, matan".
Schoenfield había sido atacado brutalmente el 22 de junio de 1981 por un desconocido que, con una manopla, le destrozó el labio inferior y le sacó varios dientes, dándose a la fuga.
El ataque fue consecuencia de una denuncia sobre torturas y reiteradas violaciones de los derechos humanos por los aparatos de seguridad. Pero su denuncia y el pedido de una investigación siguió el curso en otras acciones similares: culminó con el sobreseimiento y el archivo del expediente. Jaime A. Duval (lPS)
TUMBAS SIN NOMBRE
Con una inusitada espectacularidad, los problemas de los desaparecidos pasaron a primer plano en este país a partir del 23 de octubre, cuando un grupo de familiares de éstos entabló una demanda ante un juez de Buenos Aires para exigir el esclarecimiento de la identidad de 400 cadáveres que horas antes habían sido hallados en tumbas innominadas de un cementerio municipal.
Los angustiados demandantes aseguraron al funcionario haber encontrado una fosa común con 88 cavidades donde podrían haber sido enterrados los cuerpos de cientos de parientes suyos que desaparecieron entre 1976 y 1978, tras el golpe militar que destituyó a la presidenta María Estela Martínez de Perón.
Días antes de la denuncia, alguien había encontrado en un cementerio la tumba de un joven que seis años atrás había sido detenido por la policía, desapareciendo luego.
Ahora habían hallado su cuerpo enterrado allí bajo la denominación de "NN". Esto desató otras averiguaciones en ese camposanto que culminaron en el descubrimiento de las otras tumbas.
El lugar de los hechos es el cementerio de Gran Bourg, una localidad a 40 minutos de Buenos Aires. No lejos del lugar se halla situado el complejo militar de Campo de Mayo.
El macabro descubrimiento hizo que mientras que un centenar de madres de desaparecidos exigían al intendente municipal de ese lugar dar información completa sobre las personas allí sepultadas, la Iglesia Católica, a través del Episcopado, expidiera un extenso documento en el que condenaba enérgicamente las miles de desapariciones motivadas por razones políticas, así como las torturas practicadas sobre los de tenidos políticos
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