Fosas nada comunes

La sociedad mexicana está hastiada de la violencia. Pero mientras los ciudadanos salen a las calles a marchar para pedir la paz, las autoridades descubren verdaderos cementerios clandestinos con nuevas víctimas de este flagelo. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al menos 35.000 personas han muerto desde que Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico.

El episodio más reciente de esta guerra fue el descubrimiento de una fosa común en San Fernando, Tamaulipas, con cerca de 120 cadáveres. Además del elevado número de víctimas, lo que más llamó la atención fue que los cuerpos fueron encontrados en el mismo sitio en donde en agosto del año pasado se registró la masacre de 72 inmigrantes indocumentados. En ese momento, el gobierno desplegó a cientos de soldados, infantes de Marina y policías para recuperar el control de la población, por lo que nadie se explica qué pasó en esta oportunidad.

Según las autoridades, las víctimas habían sido secuestradas cuando viajaban en autobuses hacia Reynosa, en la frontera con Estados Unidos, entre el 19 y el 31 de marzo. La Procuraduría General le atribuyó la masacre al cartel de Los Zetas, que ha ensangrentado la región por cuenta de su enfrentamiento con el cartel del Golfo. El ministerio público también anunció que 16 policías fueron detenidos, acusados de proteger y encubrir a la banda criminal en esta población.

En otro suceso reciente que indignó al país, siete personas fueron asesinadas en Cuernavaca el 28 de marzo. Entre las víctimas se encontraba Juan Francisco Sicilia, de 24 años, hijo del poeta y periodista Javier Sicilia. Su padre protestó firmemente a través de los medios de comunicación, declaró que los mexicanos "estamos hasta la madre" y movilizó a miles de personas que el 6 de abril salieron a las calles para pedir el fin de la violencia.

Y es que la situación es tan crítica que los medios de comunicación se vieron en la obligación de pactar un decálogo para definir la forma en la que cubrirán de ahora en adelante los hechos relacionados con la violencia. En el acuerdo que firmaron se establece que los periodistas deben tomar una postura clara en contra de los carteles, rechazar y condenar la violencia de forma explícita y no pueden justificar, en ningún caso, las acciones o los argumentos de los criminales.

El país, sin duda, está fuera de control. Tanto es así que algunos analistas ya empiezan a preguntarse por la posibilidad de que, al menos Tamaulipas, termine convertido en un estado fallido. Como le dijo a BBC Mundo el analista en temas de seguridad Alberto Islas, "ni el gobierno estatal ni el federal tienen el control territorial ni el de la seguridad. Tampoco tienen la potestad de cobrar impuestos. Los grupos criminales son más efectivos haciéndolo". Así las cosas, queda claro que son las organizaciones criminales las que prácticamente controlan la región.

Ante este panorama, es imposible no revivir el debate que cada vez toma más fuerza respecto a la efectividad de la guerra contra el narcotráfico. El gobierno federal de Felipe Calderón, que tiene la responsabilidad de haber involucrado al Ejército, ha tratado de defenderse diciendo que la inseguridad solo se concentra en algunos municipios del estado y que se han conseguido importantes avances en la lucha contra los carteles. Añade, además, que las críticas a su estrategia se deben más a motivos políticos que a cualquier otra cosa. Pero lo cierto es que las cifras son contundentes y es evidente que el gobierno está perdiendo la guerra.