FUE POR LANA...

AL LANZAR SOBRE HAITI la operación 'Respaldar la Democracia', el 19 de septiembre del año pasado, el presidente norteamericano Bill Clinton advirtió que no sólo se trataba de reinstalar en el poder al presidente constitucional Jean Bertrand Aristide, derrocado por militares en 1991, sino detener la flagrante violación de los derechos humanos que se estaba presentando en el país más pobre de América.
Sin embargo, en las últimas semanas, las revelaciones de un antiguo jefe paramilitar haitiano, y el extraño juicio contra un capitán que trató de cumplir las órdenes presidenciales por su cuenta, han puesto sobre el tapete la aparente ambiguedad de la intervención norteamericana en Haití.
La primera es el testimonio de Emmanuel Constant, un hombre que tuvo que ver con el asesinato de un número indeterminado de partidarios de Aristide. La semana pasada el hombre fue capturado a pedido del gobierno de Haití, en su domicilio en el barrio neoyorquino de Queens. El primer motivo de escándalo es la presencia legal del hombre en territorio norteamericano, a pesar de que ya existían denuncias sobre sus actividades delictivas. Para muchos, que Constant viviera tranquilamente en Nueva York sólo confirma las denuncias del periodista Allan Nairn, según las cuales ese hombre habría fundado su movimiento 'Frente para el avance y el progreso de Haití' (considerado como terrorista) por solicitud de los norteamericanos, interesados en hacerle contrapeso a Aristide, un personaje incómodo por reunir al mismo tiempo su excesivo izquierdismo y urta legitimidad eleccionaria incuestionable. El gobierno haitiano sospecha ahora que Constant podría haber entrado a Estados Unidos con la ayuda de agentes de inteligencia de ese país.
Si ese episodio socavó la credibilidad del gobierno estadounidense en el tema de los derechos humanos, el extraño caso del capitán Lawrence Rockwood produjo nuevos motivos de preocupación. Rockwood, quien pertenece a una familia con cuatro generaciones de militares, fue dado de baja del ejército y condenado a pagar una multa equivalente a dos tercios de su paga y pensión por haber decidido por su cuenta y riesgo investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe.
En la noche del 30 de septiembre pasado, Rockwood se presentó armado hasta los dientes en la Penitenciaría, situada a poca distancia de su base, con la intención de llegar hasta el fondo de las violaciones de derechos humanos allí. No alcanzó a verificar mayor cosa, porque las autoridades del penal llamaron al agregado militar de la embajada norteamericana, quien logró que Rockwood bajara su arma y aceptara regresar a su base.
Rockwood dijo que había tomado su decisión ante la marcada indiferencia de sus superiores por cumplir la orden del presidente Clinton, y por su falta de acción ante las mas acres de partidarios de Aristide, que fueron presenciadas sin hacer nada por las tropas norteamericanas antes del regreso de éste. "Era mi deber. Asumí la responsabilidad de hacer cumplir la ley internacional, de acuerdo con el principio de Nuremberg", sostiene Rockwood, en alusión a la doctrina establecida luego de la Segunda Guerra Mundial sobre la obediencia debida ante una alternativa moral.
Rockwood se salvó de los ocho años que pedía el fiscal de su juicio, llevado a cabo en Fort Drum, Nueva York, pero perdió su carrera. La sentencia buscó "castigar a un oficial capaz de poner el peligro la linea de comando y la seguridad de la operación". Pero para otros, Rockwood podría convertirse en un nuevo símbolo de la reacción contra la indiferencia oficial ante un azote que, por lo visto, está muy abajo en las prioridades de la mayor parte de los gobiernos del mundo.