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| 10/2/1995 12:00:00 AM

FUEGO CRUZADO

El enfrentamiento entre poderes y las denuncias mutuas tienen a Ecuador sumido en una profunda crisis institucional.

EL LUNES 28 DE AGOSTO, cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador, Miguel Macías Hurtado, acudió al Congreso, jamás se imaginó que ese día perdería su magistratura. Tras una sesión que finalizó a las tres de la mañana, fue destituido por el ente legislativo.
Paradójicamente, resultó enjuiciado por corrupción, pero el motivo más bien parece un pretexto: Macías ordenó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pagar 9.000 millones de sucres (3.000 millones de pesos) como indemnización a un contratista que en su demanda únicamente había solicitado 30 millones de sucres (10 millones de pesos). Aunque dicha sentencia causó revuelo en su momento, su destitución no ha sido interpretada por la opinión pública como una sanción moralizante, más bien es un capítulo más de la telenovela en que se ha convertido la vida política en el Ecuador.
Ante esta situación, muchos insisten en que se trata de una jugada política para detener el proceso penal contra el vicepresidente de la República, Alberto Dahik. El problema más grave es que el Congreso se tomó atribuciones que no le correspondían. Aunque en el Ecuador la Corte Suprema de Justicia es nombrada por el Congreso, sus sentencias no pueden ser cuestionadas por ninguna otra instancia judicial y muchos menos por el Parlamento.
Hace dos semanas el vicepresidente Dahik fue acusado ante la justicia por dos diputados del opositor Partido Social Cristiano por malversación de fondos del Estado. Millón y medio de dólares, destinados al pago de los gastos reservados de su despacho, eran manejados desde cuentas particulares por sus dos secretarios privados, Gladys Merchán y Juan Mario Prieto. A los dos últimos Macías les dictó orden de captura y a Dahik lo llamó a declarar. Pero ninguna de esas dos disposiciones se hizo efectiva, los dos funcionarios desaparecieron y algunas versiones de prensa sostienen que están en Panamá, y el vicepresidente se negó a asistir al citatorio.
El caso de Dahik no era el único proceso grande que Macías tenía entre manos. El 25 de agosto también ordenó el encarcelamiento de la ex alcaldesa de Guayaquil, Elsa Bucaram, acusada de vender maquinaria buena por chatarra. Hace dos años la señora Bucaram se encuentra en Panamá, en tanto que sus hermanos Santiago y Abdalá se desempeñan como diputados por el partido Roldosista, de corte populista.
Estos dos casos, que a primera vista no tienen nada en común, podrían estar unidos por una alianza entre los conservadores, en el poder, y otros movimientos como el roldosista y la centro izquierda. Su propósito sería salvar a Dahik y, como compensación, lograr que Elsa Bucaram sea declarada inocente. Para conseguir este doble fin era necesario destituir a Macías y reemplazarlo por un juez que estuviera de acuerdo con su causa. Aunque Carlos Solórzano, nuevo presidente de la Corte, ha señalado que seguirá adelante con los procesos iniciados por su antecesor, algunas voces aseguran que le ha bajado la temperatura al caso de los gastos reservados.
Para Dahik sería muy conveniente afrontar sólo un proceso político, pues en el peor de los casos únicamente sería destituido. A pesar de que la comisión legislativa, encargada de evaluar las pruebas de los demandantes, señaló que éstas son incriminatorias y que el juicio es procedente, aún falta mucho para que la sanción política sea posible. A los social-cristianos les faltan cuatro votos para lograr la destitución del vicepresidente.
El ejecutivo también le ha echado leña a la hoguera. El presidente Sixto Durán Ballén anunció que nuevamente convocaría un referéndum para reformar la Constitución. Una de sus propuestas es facultar al Presidente de la República para que pueda disolver el Congreso, una vez durante su mandato, en caso de crisis. Aunque, de ser aprobada la norma regiría para el próximo período, la sola propuesta fue tomada como una agresión al Parlamento.
El final del capítulo político de la novela está previsto para comienzos de octubre, pues es necesario que se cumplan algunos trámites previstos en la reglamentación del Congreso. Sin embargo algunos diputados ya se han apresurado a afirmar que el caso estaría resuelto antes de finalizar este mes.
Mientras esto ocurre, la posición de la opinión pública está dividida. La clase dirigente apoya a Dahik, pues es el gestor de la política económica, de las privatizaciones y de las reformas neoliberales; para muchos es el poder detrás del trono y, sin él, la estabilidad económica podría ponerse en peligro. Pero la gente común y corriente piensa diferente, no cree en nadie. La sensación de incertidumbre está bastante extendida, no se sabe si los procesos son por delitos reales o, simplemente, por represalias políticas. La confusión ha sido incrementada por hechos como los ocurridos la semana pasada, que únicamente reflejan un enfrentamiento entre las tres ramas del poder y, claro está, una grave crisis institucional.
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