Viernes, 20 de enero de 2017

| 1996/09/23 00:00

FUJIMORI OTRA VEZ

Una tercera administración del peruano podría ser más una estrategia para enfrentar los escándalos que un signo de su fortaleza política.

FUJIMORI OTRA VEZ

El tema siempre ha estado en el tapete. No han sido pocas las oportunidades en que los medios de comunicación peruanos han especulado con una nueva reelección de Alberto Fujimori. Es decir que el hombre que llegó sorpresivamente al poder en 1990 al derrotar a Mario Vargas Llosa, podría gobernar hasta 2005 y constituirse en un fenómeno sin precedentes en Suramérica. A pesar de que hace un par de meses algunos parlamentarios habían señalado que podría existir una vía legal que evitara recurrir a la enmienda constitucional, sólo fue hasta la semana pasada que la reelección comenzó a tornarse probable: el jueves una abrumadora mayoría parlamentaria aprobó una ley de interpretación constitucional que estima que como la primera elección de Fujimori fue anterior a la actual Carta, éste puede postularse para un nuevo período. En el seno del Congreso, la aprobación de la ley despertó una andanada de críticas tanto en las bancadas de oposición como en algunos sectores del oficialismo. Hubo quienes aseguraron que el partido de gobierno _Cambio 90_ prefirió "saltarse con garrocha" la Constitución antes que exponerse a fracasar en el intento de reformarla. La razón es que la Carta prevé que las enmiendas deben ser aprobadas por mayoría simple por el Legislativo y luego sometidas a referéndum o ser aprobada por mayoría calificada (dos terceras partes) por los parlamentarios. Por todo eso, los críticos sostuvieron que el Legislativo incurrió en un exceso abusivo de su facultad de interpretar la Carta.
Sin embargo las interpretaciones de lo sucedido van más allá. Varios congresistas manifestaron que los problemas de Fujimori son profundos y el tema de la reelección sería una cortina de humo para distraer a la opinión pública de las acusaciones hechas por el narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera al asesor presidencial en servicios de inteligencia, Vladimiro Montesinos. Chávez Peñaherrera aseguró que le había pagado 50.000 dólares mensuales a Montesinos a cambio de protección a sus actividades ilícitas. La denuncia de Chávez se suma a una serie de hechos que dejan entrever que las altas esferas gubernamentales habrían sido permeadas por el narcotráfico: el hallazgo de embarques de droga en el avión presidencial y en dos buques de la Marina serían otros dos ejemplos de ese fenómeno.
El mayor problema de la denuncia de los sobornos es que Montesinos no es un asesor del montón. Se trata de un hombre misterioso que dirige todo el aparato de inteligencia y quien según las malas lenguas es el encargado de tomar las decisiones políticas de mayor alcance, al punto que se dice que es el poder detrás del trono. Lo cual no es poco en Perú, donde al controlar el Ejecutivo se controla virtualmente la totalidad del Estado: tal ha sido la erosión de los poderes Legislativo y Judicial ante las atribuciones que ha ido ganado la presidencia en la era Fujimori.

Incluso los gobiernos locales han perdido competencias, como la asignación de recursos, frente a la administración central. Y como le dijo el historiador y analista político peruano Pedro Planas a SEMANA, "sin Montesinos, Fujimori queda desarmado porque él no gobierna. Hay un gobierno paralelo que ejerce el poder mientras el presidente se dedica a viajar y a hacer campaña publicitaria". Tal vez por ello es que Fujimori ha respaldado a su asesor y que la Fiscalía de la Nación se negó a interrogar a Chávez Peñaherrera sobre sus acusaciones. Pero, a pesar de esas acciones, el escándalo continúa. El mismo jueves 22 de agosto fueron difundidas algunas pruebas que ratifican los nexos de Montesinos con el narcotráfico. Máximo San Román, ex militante de Cambio 90, presentó al Congreso un antiguo informe de inteligencia que señala que el asesor comanda una red de protección a los traficantes de drogas y ha mediado ante la Policía para permitir su tratado por aeropuertos, puertos y pasos de fronteras. Otros señalan que no es ningún secreto que Montesinos fue abogado del convicto narcotraficante colombiano Evaristo Porras en el Perú. Muchos se preguntan qué va a suceder ahora con un presidente como Fujimori, que llegó al poder como un antipolítico lejano a las costumbres de la clase gobernante peruana y está en camino de convertirse en la expresión más acabada del viejo caudillismo latinoamericano. ¿Qué tanto le durarán sus altos índices de popularidad, que ya hoy son incompatibles con el empobrecimiento de la población ante sus programas de ajuste económico? Y si son ciertas las acusaciones de sus detractores, ¿cuánto aguantará la presión para que saque a la luz pública un personaje como Montesinos, de quien ni siquiera se conocen fotos? Para evitar caer en la picota pública por los vínculos de su administración con el narcotráfico, es probable que utilice todos los recursos a su alcance para minimizar el escándalo y luego use sus años adicionales para evitar repetir la historia de Carlos Salinas de Gortari, que pasó en menos de un año de un mandatario ejemplar al mayor símbolo de la corrupción mexicana. Tal vez esa sea una buena manera de correr con mejor suerte.

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