Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2010/08/20 00:00

Guatemala: ex presidente Portillo irá a juicio

Enfrentará un juicio por una supuesta malversación de fondos públicos por US$15 millones.

Guatemala: ex presidente Portillo irá a juicio
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BBC

El ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo, quien ejerció el cargo entre 2000 y 2004, enfrentará un juicio por una supuesta malversación de fondos públicos por US$15 millones.

Sus ex ministros de Defensa y Finanzas, Eduardo Arévalo y Manuel Maza, respectivamente, también deberán sentarse en el banquillo de los acusados.

La resolución fue emitida por el juez Marco Antonio Villeda tras analizar la acusación presentada por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que fue creada en el seno de Naciones Unidas para apoyar a la justicia en ese país centroamericano.

El magistrado interviniente indicó que el juicio se iniciará en septiembre.

El proceso guatemalteco comenzó hacia el final de la administración de Portillo, quien huyó hacia México en 2004 cuando pendía una orden de captura en su contra, recuerda la colaboradora de BBC Mundo en Guatemala, Julie López.

Portillo fue extraditado desde México en 2008 a petición de la justicia guatemalteca y quedó en libertad tras pagar una fianza de US$125 mil.

Reclamado por EE.UU.

En enero pasado el ex mandatario volvió a ser detenido, después de que se conociera la existencia de un pedido de extradición remitido desde Estados Unidos, donde lo reclaman para juzgarlo por conspiración para el lavado de dinero.

Si Portillo es encontrado culpable en su país, deberá cumplir la sentencia antes de ser enviado a EE.UU, señala López.

Esa extradición fue aprobada por un tribunal de Guatemala el 17 de marzo pasado, pero su abogado defensor, Telésforo Guerra, continúa planteando recursos legales para evitarla.

Los abogados defensores de los tres acusados insisten en que sus representados son inocentes.

También intentan separar a la Cicig del caso, alegando que la comisión sólo tiene mandato para investigar y desmantelar aparatos clandestinos de seguridad.

En ese sentido, el abogado del ex presidente alega que no se pudo probar la existencia de vínculos de su defendido con esas estructuras.

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