GUERRA A LA MEXICANA

ERNESTO ZEDILLO NO TUvo tiempo de subir en su sillón presidencial mexicano, sin que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional le recordara que su gobierno tiene cuentas pendientes en Chiapas.

El nuevo motivo de conflicto se presentó ante la inminencia de la posesión del gobernador electo, Eduardo Robledo Rincón, miembro del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI). El viernes pasado el subcomandante Marcos -líder del Ezln- declaró la ruptura de la tregua declarada desde el diálogo de meses atrás y reivindicó a la guerra como "la fuerza que movilizará a la Nación ".

Semejante postura es un golpe bajo para el gobierno, una de cuyas proclamas es la de un diálogo nacional que no tenga vedado tema alguno, pero que se mantenga en el marco del respeto. Es claro, sin embargo, que la actitud presidencial de mantener la tregua unilateral no significa que esté dispuesto a "poner la otra mejilla "ni a actuar bajo amenazas o ultimátums.

El cuestionamiento guerrillero de la investidura de Robledo tiene su origen en las elecciones de agosto, cuando él obtuvo casi 200.000 votos más que su oponente, Amado Avendaño, que representó a la sociedad civil y al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Aunque ese resultado fue ratificado por unanimidad en el Congreso de Estado (Asambleas de Diputados), no obstante un sector del PRD las calificó de fraudulentas.

De ahí en adelante la discusión pasó a los hechos. El estado fue escenario de choques entre adversarios y simpatizantes del PRI con saldo de varios muertos. Varios locales del PRI fueron tomadas en forma sistemática por parte de simpatizantes del PRD. Miles de hectáreas de tierras privadas fueron ocupadas por indígenas, a tiempo que se presentaban movilizaciones en plazas públicas. Por último, llegó lo más temido: la declaración del Ezln de que si el PRI asumía, a través de Robledo o cualquier otro la gobernatura del Estado, quedaría concluido el acuerdo del cese al fuego.

Para tratar de parar esa 'bola de nieve' el gobierno de Zedillo entabló conversaciones con Avendaño y la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco y logró el compromiso de las partes de no sabotear la ceremonia, ni actuar con violencia. Es decir "no meterse con nadie". En ese mismo sentido Robledo declaró su disposición de renunciar a la investidura, siempre que los zapatistas depusieran las armas. Entre tanto se manifestó decidido a conformar un gabinete con participación de la oposición e invitó a Avendaño a hacer parte de él, a la vez que de manera inédita en México pidió seis años de licencia al PRI para ejercer sin partidismo.

La respuesta zapatista, sin embargo, es perentoria: investir de todos modos a Avendaño como gobernador constitucional de Chiapas y declarar territorios en rebeldía a los que han ocupado campesinos e indígenas. El establecimiento de un gobierno paralelo tiene antecedentes en 1988 cuando el conservador Partido, de Acción Nacional -PAN- lo declaró en todo el territorio nacional y en algunas regiones donde impugnó los comicios electorales.

La persistencia zapatista de la guerra puede ser una estrategia de opinión, que reviva la fuerza guerrillera que no encontró eco en la convocatoria de una convención nacional democrática ni en el pasado proceso electoral que dejó un inesperado repunte del PRI.

El temor a la desestabilidad política ya cobró su primera víctima: una baja en el flujo de inversión extranjera y la predicción de que México necesita 27.000 millones de dólares para mantener la estabilidad cambiaria.

La gente de la calle no quiere la guerra, México busca recobrar la paz. Tal vez esta sombra de violencia chiapaneca sea, como hasta ahora, una contienda muy a la mexicana, con "mucha plática". Sin embargo los sucesos en Chiapas son otro llamado al cambio del sistema político vigente en México, en el que un partido monopoliza el poder desde hace 65 años y empuja a la oposición a presionar más al PRI, en una crítica sin precedentes en el país.-