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| 4/1/2006 12:00:00 AM

Huéspedes difíciles

George W. Bush deberá manejar con guantes de seda el problema de los ilegales, una bomba de tiempo que le podría costar la poca popularidad que le queda.

El debate sobre la inmigración ilegal en Estados Unidos está más candente que nunca, y al gobierno Bush le va a resultar muy difícil dejar contento a todo el mundo. Por un lado, están los entre 10 y 12 millones de inmigrantes ilegales, de los cuales el porcentaje más importante –78 por ciento– son hispanos. Bush no quiere entrar en conflicto con esta comunidad, ya que 40 por ciento votaron por él en 2004, movidos en gran parte por promesas sobre el tema migratorio. Por otro lado, están los sectores que ven a los inmigrantes como un problema, ya que, según creen, les están quitando empleo y son una amenaza para la seguridad nacional.

Es por esto que mientras una nueva ley migratoria se discute en el Senado, el Presidente intenta moderar el asunto y mostrarse neutro. En su intento por mantener a raya las críticas, mientras Bush ofrece permisos temporales, también promueve el refuerzo de la seguridad en las fronteras, algo que no deja contento ni a uno ni a otro bando.

El programa de trabajadores temporales impulsado por Bush, mediante el cual se darían permisos de trabajo por tres años para aquellos que laboran en Estados Unidos, es para muchos la única opción viable para legalizar una mano de obra que hoy no paga impuestos y no figura en los bancos de datos. El Comité Judicial del Senado aprobó el martes esta propuesta, con 11 votos a favor y seis en contra, y ahora debe buscar la aprobación del pleno del Legislativo.

En el encuentro que sostuvieron la semana pasada los presidentes de Estados Unidos, México y Canadá, en Cancún, Bush defendió lo que llamó una “ley de inmigración integral”, que incluya el programa de trabajos temporales, que por el momento no deja de causar resistencia. Para muchos prohispanos, esta propuesta crea ciudadanos de segunda clase, ya que los trabajos a los que tendrían acceso serían, como el mismo Bush dijo, sólo aquellos que los estadounidenses no quisieran hacer. Además, muchos indocumentados tienen la incertidumbre de lo que ocurriría cuando terminen los tres años del permiso, ya que la Casa Blanca se ha mostrado contraria al acceso a la ciudadanía de quienes se acojan al programa, y al final de los tres años se iniciaría un proceso de solicitud que puede ser aprobado o no.

Pero no sólo los inmigrantes están preocupados. Para los más radicales, muchos de ellos republicanos, lo que propone Bush es una amnistía encubierta que promueve aun más el flujo migratorio.

Otras propuestas también están sobre la mesa. En diciembre, la Cámara de Representantes avaló un proyecto de ley que, entre otras cosas, plantea ampliar la valla de seguridad en la frontera de México, castigar la inmigración como si fuera un delito y sancionar a los empresarios que contraten a los indocumentados. Este proyecto produjo fuertes protestas tanto en México como en Estados Unidos.

El líder de la bancada republicana en el Senado, Bill Frist, propone ampliar el número de visados anuales, pero castigar a quienes emplean inmigrantes indocumentados. El republicano John McCain y el demócrata Edward Kennedy defienden la seguridad de las fronteras, pero les abren la puerta de la legalidad a las personas que paguen impuestos atrasados, tengan trabajo y estén aprendiendo inglés.

Por ahora, ninguna iniciativa ha sido ratificada por el pleno del Senado y no se vislumbra por dónde se pueda llegar a un acuerdo, menos de cara a las elecciones legislativas de noviembre, en las que muchos usarán el tema como lema de campaña. Para el Presidente, esta es una más de sus batallas en el Congreso, en donde ya quedó demostrado que sus propuestas pueden ser derrotadas, como cuando fracasó la concesión de unos puertos a una empresa árabe, iniciativa que Bush defendió hasta último momento.

Sin embargo, lo que está en juego en este momento es el futuro de cerca de 12 millones de personas que sostienen en gran parte la economía estadounidense y que aportan más de 53.000 millones de dólares en remesas para sus países. Algo que no se soluciona con pañitos de agua tibia, y menos cuando en las fronteras miles de personas siguen en busca del ‘sueño americano’.
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