Expertos firman carta de apoyo a Minsalud en batalla por el imatinib

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, no está solo en su objetivo de declarar a Imatinib medicamento de interés público y quitarle el monopolio a la multinacional suiza Novartis sobre la molécula, que comercializa con el nombre de Glivec.
 
Alrededor de un centenar de abogados, economistas y académicos reconocidos internacionalmente en el campo de la propiedad intelectual enviaron este viernes una carta al presidente Juan Manuel Santos, en la que expresan su apoyo al ministro de Salud para expedir licencias y lograr que entren genéricos de la molécula al mercado colombiano.
 
La idea es que, gracias a la libre competencia que derive en una reducción de precios, las personas que padecen varios tipos de cáncer, entre ellos la leucemia mieloide, puedan acceder más fácilmente al medicamento.
 
"Felicitamos al ministro por su liderazgo y alentamos a la Superintendencia de Industria y Comercio para que proceda a expedir la licencia", dice la misiva conocida anticipadamente por Semana.com, en la que firman –entre otros- académicos de talla mundial como Suerie Moon, de Harvard T.H. Chan School of Public Health and Kennedy School of Government; Warren Kaplan, colaborador de la Organización Mundial de la Salud y del Centro Global de Salud y Desarrollo; Pauline Newman, profesora estadounidense de Derecho; Vera Lucia Luiza, investigadora de la Fundación Oswaldo Cruz y coordinadora para América Latina de la Comisión de acceso a medicamentos de la revista médica The Lancet, y Hubbert Schellenkens.
 
Allí también manifestaron que se han dado cuenta, a través de los medios de comunicación, de que los representantes del Legislativo de Estados Unidos habrían comunicado a diplomáticos colombianos creencias incorrectas acerca de las licencias obligatorias.
 
Los profesionales advierten que, de ser cierta dicha información, los voceros del país norteamericano actuaron de manera inapropiada y en contraposición a la política gubernamental estadounidense.
 
"Condenamos cualquier presión ejercida contra Colombia por el uso de sus mecanismos legales, como lo es la expedición de licencia obligatoria para promover la salud pública", dice la misiva.
 
En el documento se subraya que el artículo 13 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio (WTO) permite a los miembros –incluido Colombia- impulsar licencias obligatorias en cualquier momento y por razones de su elección.
 
“La emisión de una licencia obligatoria sobre imatinib es totalmente coherente con los términos de acuerdos comerciales y de inversión a los que Colombia hace parte”, reza el documento.
 
Y agrega: "Los altos precios para cualquier medicina importante imponen una barrera al sistema de salud pública responsable de proveerlo, y conduce a la reducción de tratamientos y otros servicios de salud. Cuando una compañía farmacéutica utiliza una patente con la intención de excluir a la competencia, lleva a subir los precios".
 
Por último, los profesionales resaltan que impulsar una licencia obligatoria no significa que se expropien o vulneren los derechos de propiedad del dueño de la patente o que continúe vendiendo su producto.
 
"Esperamos que esta carta ayude a Colombia en sus recientes esfuerzos para incrementar el acceso a medicinas asequibles y ponga fin a cualquier preocupación sobre la legitimidad internacional de las licencias. Impulsar licencias es una herramienta clave para proteger la estabilidad financiera de los sistemas de salud y asegurar el acceso a medicinas y servicios de salud para todos", remata.
 
¿Por qué la puja?

Al declararse el Imatinib medicamento de interés público, millones de colombianos se beneficiarían al encontrar una alternativa en los genéricos: medicamentos que son químicamente equivalentes al original pero son más baratos.

En el 2012 Norvartis, una multinacional de origen suizo, adquirió la patente del Imatinib. Con ello, les cerró en ese momento la posibilidad a otros tres laboratorios de entrar al mercado.

Desde hace varios meses se conoció un proyecto de normativa que, de aprobarse, cambiaría las reglas del juego y les permitiría a otras empresas competir en el mercado, pero reconociéndole a Norvartis regalías por la patente. La decisión de suprimir la exclusividad revivió un viejo debate entre el gobierno colombiano y la multinacional.

El ministro de Salud viene agotando las instancias. Después de que en marzo un comité técnico que había designado le recomendó declararlo como de interés público con fines de licencia obligatoria, el jefe de la cartera ha intentado llegar a un acuerdo. Pero lo intentos han sido infructuosos.

La puja es de vieja data. En el 2003 la Superintendencia de Industria y Comercio negó a Novartis la patente de Glivec. Sin embargo, el laboratorio apeló ante el Consejo de Estado, que en el año 2012 falló en su favor y bloqueó la producción de tres genéricos que se comercializaban en el país del medicamento.

Esta decisión esta ad portas de ponerle punto final a una batalla legal de años y que llevó las discusiones al corazón mismo de la legislación sobre patentes.

No obstante, la multinacional ha insistido en que “no existe” un monopolio de venta de esa molécula y en que “las pruebas del proceso han demostrado que Novartis no tiene un monopolio en el mercado con base en su patente”.