Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2003/11/10 00:00

Independencia grita

Conmoción en Madrid por proyecto del gobierno regional vasco que posibilitaría la virtual división del país.

Independencia grita

Cientos de voces en España se han levantado contra la reforma del estatuto vasco. Aprobado por el gobierno regional el pasado 25 de octubre, el proyecto acaba de iniciar su trámite ordinario en el Parlamento regional. El nuevo estatuto contempla "la libre asociación con España", la nacionalidad y la ciudadanía vasca y la autonomía para establecer relaciones internacionales, incluso con la Unión Europea, lo cual es visto en Madrid como una declaración de independencia del País Vasco.

El presidente del gobierno español, José María Aznar, califica la reforma como "secesionista"; el líder del Partido Socialista José Luis Rodríguez Zapatero dice que "representa un mal modelo para la convivencia" y el juez Baltasar Garzón resalta que, ante la intimidación separatista del grupo terrorista ETA, "en el País Vasco no hay libertad" para debatir esta propuesta.

La reforma, también llamada "Plan Ibarretxe" por su promotor, el líder del gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, se basa en la existencia de un Pueblo Vasco con identidad, idioma y cultura propias, repartido en dos Estados, España ( Alaba, Vizcaya y Guipúzcoa, y región de Navarra) y Francia (región de Iparralde), que tiene derecho a decidir autónomamente su futuro. El proyecto establece la Comunidad de Euskadi, que regentará los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para lo cual instituye el Consejo Judicial Vasco.

También crea una "nacionalidad y ciudadanía vasca", delega en el Parlamento regional la definición de leyes para la adquisición, conservación y pérdida de esta nacionalidad, define los símbolos de identidad nacional (bandera y escudos vascos), eleva el euskera a lengua oficial (junto al castellano), implanta los centros vascos como embajadas en el exterior y decreta la representación directa del País Vasco en los órganos de la Unión Europea.

Son 69 artículos, acoplados como una Constitución, que legislan sobre las relaciones con España, Navarra y la Unión Europea, fundan una soberanía compartida entre el Estado español y el País Vasco, "homologable al que se da en Alemania, Austria o Bélgica", y aumenta el poder fiscal y administrativo del País Vasco.

De hecho, la reforma restringe la acción del Estado español a políticas como la nacionalidad española, extranjería y asilo, la defensa nacional y las fuerzas armadas, armas y explosivos, la moneda, aduanas, la marina mercante y el espacio aéreo. Además advierte que la reforma no podrá ser torpedeada con la "aplicación unilateral" por España del Artículo 155 de la Constitución de 1978, que prevé la suspensión de los derechos a las Comunidades Autónomas.

Desde su fundación, a finales del siglo XIX, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) siempre ha soñado con el establecimiento de un Estado independiente (ver recuadro). El PNV prácticamente desapareció durante la dictadura de Francisco Franco, cuando fueron reprimidas las manifestaciones de la cultura y la nacionalidad vasca, como su lengua, una de las más antiguas y enigmáticas de Europa. Para muchos historiadores esa absurda represión llevó al nacimiento del grupo terrorista ETA (Euzkadi Ta Ascatasuna, o Patria vasca y libertad) en 1958. Tras la reimplantación de la democracia, en 1978, el PNV volvió a la escena hasta convertirse en el partido mayoritario del País Vasco.

El nuevo estatuto es la continuación de "un proceso irreversible", según declaró Ibarretxe, quien hace poco amenazó con demandar a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por su aplicación de la Ley de Partidos Políticos. Y los defensores del plan son tajantes: "Queremos ser soberanos como España o Francia, pero el Plan Ibarretxe no es secesionista, es un planteamiento de mínimos", explicó a SEMANA el concejal del PNV en Vitoria, Unai Grajales.

Luego de la segura aprobación del Estatuto en el Parlamento regional, de mayoría nacionalista', está prevista la negociación con el Estado español de un pacto político que le otorgue al País Vasco identidad propia en Europa. Al final, los vascos ratificarían por referéndum dicho pacto o, a falta de éste, el texto aprobado por el Parlamento vasco.

Reacciones

Tras denunciar los "subterfugios legislativos" del PNV para aprobar su reforma, el gobierno y los dos principales partidos de España (el centroderechista Partido Popular y el socialista Psoe) se declararon en alerta y están ejerciendo fuerte presión sobre el Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional el nuevo estatuto vasco. Por su parte, Izquierda Unida (tercer partido del país y usual aliado del Psoe), aunque está en desacuerdo con el Plan Ibarretxe, considera viable que se debata en el Parlamento vasco y defiende la reforma de la Constitución para hacer de España un Estado Federal.

Los argumentos jurídicos parecen contundentes. Gregorio Peces, uno de los padres de la Constitución de 1978 y rector de la Universidad Carlos III, declaró a SEMANA que "la reforma de Ibarretxe supone una doble ruptura con las reglas constitucionales al prever su aprobación por referéndum (si no es aprobada por la Cámara y el Senado en Madrid) y al plantear un procedimiento legislativo distinto al constitucional".

Este año España celebra el 25º aniversario de su Constitución que, según el ex presidente Felipe González, "es el modelo de convivencia que más ha durado de los que hemos tenido". González afirmó que el Plan Ibarretxe no tiene "legitimidad democrática" porque sólo toma en cuenta el sector nacionalista del País Vasco y destacó que, hace ocho años, cuando Aznar y el Partido Popular llegaron al poder, no se planteaba, como ahora, "un problema de pérdida de cohesión en España", sino sólo un problema terrorista con ETA.

Por lo pronto el nuevo estatuto vasco seguirá su particular camino de atajos legislativos que lo conduciría a su ratificación por referendo en 2005, "con o sin el consentimiento de España". Para muchos españoles, y para los vascos no interesados en la virtual secesión, queda un mal sabor de boca. Como entre los nacionalistas son escasas las condenas a ETA, la secesión del País Vasco por medios politiqueros y poco claros enviaría al mundo el mensaje terrible del triunfo del terrorismo en España.

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