Inmolado

Al Fiscal Carlos Castresana, encargado por la ONU para dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), hay quien lo ha llamado en el país centroamericano un 'Eliot Ness español', en referencia al legendario e incorruptible agente norteamericano que en los años 30 derribó la organización mafiosa de Al Capone e inspiró la película Los intocables. Un apodo que dice mucho en un lugar donde la mafia ha permeado las instituciones y campea la impunidad. Su misión era reinventar la casi inexistente justicia guatemalteca. Por eso, su sorpresiva renuncia hace pocos días desató una crisis institucional y sembró incertidumbres.

"Siento que ya no puedo hacer más por Guatemala", dijo Castresana durante su despedida, hace dos semanas, en la que denunció una feroz campaña para desprestigiarlo a él y a la Cicig. Su renuncia fue motivada por el nombramiento del fiscal Conrado Reyes, que, según el jurista español, "es consecuencia de un pacto entre despachos de abogados que defienden narcotraficantes" ya que este "ha demostrado compromisos con organizaciones ilícitas" . La Corte Constitucional destituyó a Reyes días después y el lunes pasado Castresana mostró las pruebas de los vínculos del ex fiscal con la mafia.

Guatemala tiene una accidentada historia de sangrientas dictaduras, y apenas asoma la cabeza después de una guerra civil de 36 años que terminó en 1996. El tema de la impunidad es especialmente crítico; el año pasado, por ejemplo, el 96,5 por ciento de los asesinatos quedaron sin resolver. En ese contexto el jurista español echó a andar hace unos tres años la Cicig, que goza de una amplia legitimidad a pesar de algunas resistencias iniciales por el tema de la soberanía. En últimas, Castresana y compañía llegaron para cumplir un rol que, en teoría, deberían haber cumplido las instituciones nacionales. "Muchos de esos detractores iniciales se han dado cuenta de que valió la pena el esfuerzo -dijo a SEMANA Leslie Figueroa, de la fundación Myrna Mack, que lucha contra la impunidad-. Los detractores de hoy son otros, son aquellos a los que ha tocado la Cicig".

El balance es esperanzador, pues la Cicig ha resuelto casos emblemáticos. En dos años ha logrado destituir por corrupción a más de 2.000 funcionarios. Incluso ordenó detener al ex presidente Alfonso Portillo, acusado de un desfalco millonario. También resolvió el novelesco caso de Rodrigo Rosenberg, el prestigioso abogado que, antes de ser asesinado, grabó un video en el que acusaba de su muerte al presidente Álvaro Colom. Después de ocho meses, aquella investigación concluyó con pruebas sólidas que la víctima planeó y pagó con su propia muerte en mayo de 2009, para vengarse del presidente Colom. De hecho, ese escandaloso caso está relacionado con la renuncia de Castresana.

La Cicig demostró que Rosenberg hizo creer a dos amigos, los hermanos José Estuardo y Francisco José Valdés, que lo estaban amenazando de muerte para que le ayudaran a librarse del autor de ese chantaje. Estos lo pusieron en contacto con unos sicarios que finalmente lo asesinaron. Por eso son acusados como autores intelectuales del crimen y hoy son prófugos de la justicia. Según lo denunció Castresana, los Valdés crearon un entramado de corrupción para llevar a la Fiscalía al destituido Reyes y asegurarse de que los exculpara, además de orquestar una campaña para destruir la credibilidad de la Cicig. En resumen, Castresana se inmoló para cortarle el paso a Reyes.

El episodio evidenció que, a pesar de los méritos de la Cicig, el sistema nacional sigue siendo susceptible de ser manipulado por oscuros intereses y que el gobierno de Colom parece desbordado.

De momento, se necesita que el reemplazo de Castresana (que debe ser nombrado por el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon) tenga su mismo empuje y valentía. Pero a 15 meses de cumplir el plazo inicial de su mandato, la pregunta fundamental es si la Cigic puede sobrevivir sin su Elliot Ness.