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| 9/12/2013 12:00:00 AM

Pena de muerte en el país de los Olímpicos 2020

Críticos señalan que la ejecución en la horca y bajo secreto en Japón contradice los Derechos Humanos.

Cinco días después de que Tokio fuera elegida sede olímpica para los Juegos de 2020, Japón ejecutó este jueves en la horca a un reo de 73 años, lo que ha desatado las críticas por considerarse que traiciona el espíritu olímpico.

"El hecho de que los derechos humanos y la dignidad humana sean el corazón de las Olimpiadas hace que Japón tenga la obligación de respetar estos principios como país anfitrión acabando con las ejecuciones", manifestó a Efe una portavoz de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) en Tokio.

Según la organización, la pena de muerte "viola la carta olímpica y el espíritu de los Juegos", al tiempo que "traiciona a la sociedad internacional". Japón ejecutó a tres prisioneros en febrero y dos en abril, y actualmente hay 132 reos sentenciados a la pena capital. Todas las ejecuciones en Japón se efectúan en la horca.

Las organizaciones civiles y gobiernos extranjeros consideran especialmente cruel que los ejecutados no sean informados sobre el momento en que se llevará a cabo la pena. Además, los sentenciados viven durante años en total incomunicación y solamente se les dice que van a morir minutos antes de la ejecución.

El miedo constante a ser ejecutado hace que muchos condenados se vuelvan locos, denuncian las organizaciones de derechos humanos, además de que no tienen oportunidad de despedirse de sus seres queridos cuando por fin llega el momento. Los familiares se enteran de la ejecución cuando ésta ya ha sido llevada a cabo.

No es impedimento para Olímpicos

Al igual que otros países como EEUU o China, con la pena de muerte vigente, a Japón la medida no le ha supuesto un impedimento para albergar los Juegos.  Una de las pocas moratorias que Japón ha aplicado a la pena capital tuvo lugar precisamente durante 1964, el mismo año que Tokio albergó sus primeros Juegos Olímpicos.

Según la portavoz de AI, a mediados de mayo el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas recomendó encarecidamente la necesidad de que Japón estudiara abolir la pena de muerte, aunque avisó de que, por el momento, "no ha habido respuesta por su parte ni se ha dado ningún paso" a tal efecto.

"Por el momento, no pensamos estudiar la abolición de la pena de muerte aunque se podría analizar si surgiera un debate en la Dieta (Parlamento)", expresó el ministro nipón de Justicia, Sadakazu Tanigaki, que además descartó que se vayan a modificar los procedimientos actuales bajo los que se aplica la pena capital.

Según un sondeo oficial de 2010, en Japón más del 85 % de la población apoya la pena de muerte, al considerarla una medida "inevitable".

El condenado

En esta ocasión, el ajusticiado en la horca fue el septuagenario Tokuhisa Kamugai, condenado el 12 de marzo de 2012 por el asesinato del dueño de un restaurante del barrio chino de la ciudad portuaria de Yokohama (a pocos kilómetros de la capital) en 2004.

Al margen de ese asesinato, Kamugai, que según medios locales era un huérfano de la II Guerra Mundial que se vio abocado a mendigar para sobrevivir, también hirió de gravedad y dejó paralítico a otra persona de 32 años en el barrio tokiota de Shibuya después de dispararle durante un atraco.

"Su acto fue egoísta y grave, e imagino que para la víctima y su familia ha sido doloroso", recalcó el ministro Tanigaki durante una concurrida rueda de prensa celebrada en Tokio.

En los últimos cinco meses han fallecido dos reos en el corredor de la muerte de las cárceles del país, mientras se han dado de caso de presos que han permanecido a la espera de su ahorcamiento hasta 25 años en su celda.  "A la hora de tomar la decisión sobre la ejecución miramos si existen razones para revisar la sentencia y si hay que aplicar la pena de muerte o no", en un proceso estudiado y revisado "con cautela", detalló el ministro.

Todas las ejecuciones de 2013 se aprobaron bajo el mandato del Gobierno del primer ministro, Shinzo Abe, que llegó al poder en diciembre del año pasado, mientras que en 2012 el anterior Ejecutivo aplicó siete condenas de muerte.

Según datos de AI, en 2012 se ejecutaron 682 condenas de pena de muerte en 21 países del mundo (sin contar China, cuyos datos no están disponibles), mientras que al menos 1.722 personas fueron condenadas a la pena capital en 58 naciones.

Con información de EFE, AP y DW
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