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| 5/20/2006 12:00:00 AM

La batalla de Sao Paulo

El ataque frontal del hampa organizada contra la sociedad paulista puso en entredicho la autoridad y mostró el poder del narcotráfico y la corrupción en Brasil.

Una verdadera guerra urbana puso de cabeza la ciudad más importante de Brasil y dejó en duda quién manda en Sao Paulo: si una poderosa organización criminal denominada Primer Comando de la Capital (PCC), cuyo jefe es Marcos Willians Herbas Camacho alias 'Marcola', o las autoridades brasileñas. Al cierre de esta edición el saldo era de 170 muertos, 251 ataques, 80 buses incendiados y 77 motines carcelarios.

La guerra se desató por la decisión de trasladar 766 integrantes del PCC, detenidos a una cárcel de máxima seguridad a casi 600 kilómetros de Sao Paulo. Todos fueron puestos bajo el Régimen Disciplinario Diferenciado, lo que les impedía cualquier contacto con abogados o visitas durante 30 días, una hora de sol por 23 de reclusión, y nada de televisión, a pocas semanas de iniciarse el Mundial de Fútbol.

Y es que Marcola no es uno más. Se trata de una especie de reyezuelo todopoderoso que demostró su enorme peligrosidad al movilizar con una simple llamada de celular a un ejército de 500 criminales para iniciar un ataque sincronizado contra policías y uniformados, al tiempo que estallaban motines en todas las cárceles.

La urbe brasileña de 22 millones de habitantes, se paralizó, los autobuses dejaron de salir, las escuelas cerraron y los grandes centros comerciales, Higienópolis, Iguatemí y Eldorado, cerraron sus puertas. Los bancos, el comercio, las universidades, las empresas liberaron a su personal, que, ante la falta de transporte, tardó entre cuatro y cinco horas para llegar a sus domicilios.

El PCC fue fundado en 1993 en Sao Paulo, un estado donde hay 140.000 presos, el 40 por ciento de la población carcelaria del país. Se calcula que el PCC tiene entre 6.000 y 20.000 miembros y es más poderoso que el Comando Vermelho (rojo) que controla la droga en Rio de Janeiro.

El PCC de Marcola domina las cárceles gracias a una red de centrales telefónicas operadas por las mujeres de los presos, pero nunca la Policía ha podido grabar una palabra del enigmático jefe. En las cárceles, los presos deben contribuir a la organización de Marcola, o 'subir'… al cielo. A cambio, son protegidos, o reciben regalos, como televisores de plasma para ver el Mundial.

Marcola, de 38 años, empezó robando carteras en Sao Paulo, lleva la mitad de la vida en prisión, se viste bien y es apodado 'Playboy' por su éxito con las mujeres. Dice haber leído 3.000 libros, aconseja la lectura de La Divina Comedia, y está dotado de una inteligencia excepcional, según Roberto Porto, del Ministerio Público de Sao Paulo.

Al tercer día de violencia, el gobierno paulista entró en contacto con la abogada de Marcola y puso a su disposición un avión especial para viajar a la cárcel de Presidente Bernardes. La abogada fue acompañada por varios funcionarios que sostuvieron una conversación de dos horas con Marcola, tras lo cual éste dio la orden por celular de suspender todo.

Ariel de Castro Alves, coordinador del Movimiento Nacional de Derechos Humanos, dijo a SEMANA desde Sao Paulo que el estallido de violencia se produjo por "la falta de prioridad de las autoridades públicas en la prevención de la violencia a través de políticas de inclusión de los jóvenes para que no entren en el crimen" y acusó al gobierno del estado de Sao Paulo de dar poder a estas organizaciones criminales. "Antes del año 2000, las organizaciones de derechos humanos hacían de intermediarias entre el gobierno y los presos, pero después, el Estado no dejó a las entidades entrar a los presidios y empezó a discutir directamente con los líderes de los grupos criminales, fortaleciéndolos".

Para Alves, el acuerdo con Marcola es un reconocimiento de que el Estado "está fallido, que no tiene fuerza, que el que manda es el crimen organizado, y cree que el acuerdo termina dándoles más poder a los criminales". Alves critica al gobierno de Lula porque "no dio ninguna prioridad a la seguridad pública, redujo el presupuesto, y no implantó el sistema único de seguridad, ni reformó el sistema penitenciario".

La explosión paulista sacó a la luz las llagas sociales del pujante Brasil, la crisis social, la pobreza, la corrupción, la penetración del narcotráfico y la impunidad. El gobernador de Sao Paulo, Claudio Lembo, acusó a la burguesía de ser, "una minoría blanca muy perversa, y dijo que Brasil sólo cree en la camiseta de la selección, pero es un país que sólo sabe de derrotas, derrotas sociales. Me asusto con la realidad social brasileña, sostuvo Lembo. Lo que pasó fue un alerta para Brasil. La situación social y el cáncer del crimen es mucho mayor de lo que se imaginaba. Ese es el balance de estos días de conflicto".

La crisis también dejó expuesta una nueva veta de corrupción en un país cansado de denuncias sobre las oscuras maniobras en las alturas del poder: dos días antes de ordenar los atentados, Marcola fue informado sobre los planes de traslado de los jefes del PCC a un penal alejado de Sao Paulo. El plan había sido discutido en la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el Tráfico de Drogas. Dos abogados de Marcola compraron la grabación de la sesión a uno de los empleados de la Cámara y se la pasaron a Marcola, que la discutió en conferencia con sus subalternos de las distintas cárceles antes de iniciar la matanza.

De la mano con la corrupción va la impunidad, con capos del narcotráfico que manejan todo desde la cárcel a través de sus teléfonos celulares. Como consecuencia de los hechos de esta semana, el gobierno está discutiendo endurecer las medidas de seguridad carcelaria, como someter a los jefes mafiosos a un régimen carcelario especial durante 720 días prorrogables por el mismo plazo, el bloqueo de conversaciones desde teléfonos celulares en las cárceles, prohibición de ingreso de otros aparatos como televisores, reducción de las visitas de los abogados y de las mujeres, que constituyen una verdadera red de información y de logística.

Ante el aumento de la violencia, crece la inseguridad social. Por eso, la venta de carros blindados aumentó 30 por ciento esta semana en Sao Paulo.

Empeñado en una austera política fiscal, el gobierno brasileño no cumple con los traslados de fondos establecidos a los Estados, hace recortes presupuestarios que afectan el sistema carcelario, debilitando la seguridad pública. Al mismo tiempo, las grandes urbes brasileñas como Sao Paulo o Rio reciben millones de empobrecidos pobladores que provienen de las zonas campesinas, corridos por el hambre y la violencia, carne de cultivo para el narcotráfico y el crimen organizado.

La conclusión es que el PCC, que las autoridades paulistas habían dado por muerto en 2003, se fortalece. Lo más grave para Alves es que, para terminar la violencia, las fuerzas policiales "están cometiendo muchos asesinatos, formando grupos de exterminio, escuadrones de la muerte, matando muchos inocentes". Según los datos de la organización que Alves preside, hay por lo menos 16 casos de víctimas inocentes hasta el momento.

Lula condenó el acuerdo entre la Policía y Marcola. El ministro de Articulación Política Tarso Genro lanzó una dura acusación: "El gobierno estadual prefirió negociar con los delincuentes antes que aceptar la ayuda del gobierno federal". Ese acuerdo, sin embargo, no logró frenar la violencia, pues el viernes murieron 14 pandilleros a manos de las autoridades, mientras se presagiaba un recrudecimiento del conflicto.

Heloísa Helena, la candidata presidencial por el P-SOL, un importante desprendimiento del gobernante Partido de los Trabajadores, recordó que viene llamando la atención por la inminencia de la explosión de ese "barril de pólvora" alimentado por las reducciones presupuestarias y el aumento de la miseria.

El estallido en Sao Paulo sucede a pocos meses de las elecciones presidenciales en las que se juega la reelección de Lula. Su principal oponente es Gerardo Alckmin, precisamente gobernador del estado de Sao Paulo hasta hace un mes, cuando renunció para hacer la campaña presidencial.

Si bien Lula podrá sacar provecho político de la crisis, los encuestados por el diario Folha de Sao Paulo creen que tanto Lula como Alckmin tienen casi la misma responsabilidad: 39 por ciento el Presidente y 37 por ciento el ex gobernador. Tal parece que nadie gana y todos pierden con la crisis.
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