LA BOMBA DE MENEN

HACE CASI 22 AÑOS, EL 30 de septiembre de 1974, la explosión de una bomba en el barrio Palermo, en la capital de Argentina, daba muerte al ex comandante en jefe del Ejército de Chile y ex vicepresidente de la República, el general Carlos Prats González, y a su esposa, Sofía Cuthbert. Fue el primer acto relevante de terrorismo internacional cometido por la Dina, la policía secreta de Augusto Pinochet, y su éxito sirvió de base para la planificación de los atentados contra el dirigente demócrata cristiano Bernardo Leighton, en Roma el 6 de octubre de 1975, y el ex canciller Orlando Letelier, en Washington el 21 de septiembre de 1976.
Durante dos décadas la investigación no prosperó mucho en Buenos Aires dada la relación de los ejecutores con los servicios de seguridad argentinos. Pero el azar de los conflictos fronterizos entre Chile y Argentina ha permitido ir desmenuzando poco a poco la trama.
Así, en 1978, cuando los dos paises estaban al borde de la guerra, la policía argentina detuvo en Buenos Aires, bajo la acusación de espionaje, al agente de la Dina Enrique Arancibia Clavel. Este, que vio peligrar su vida, reveló que su misión era espiar a los exiliados chilenos y aportó al proceso abundante documentación.
Salió a la luz asi una conspiración que involucraba a importantes funcionarios de la Dina, como el actualmente general en retiro Eduardo Iturriaga Neumann, el entonces capitán, Armando Fernández Larios, el actual brigadier del Ejército José Zara, y el norteamericano Michael Townley. Están también involucrados civiles chilenos, empresas bancarias y aeronáuticas del Estado de Chile, funcionarios diplomáticos, el servicio consular chileno, el Servicio de Inteligencia del Estado Side de Argentina y miembros de grupos de choque del nacionalismo argentino.
Todo mostraba que el asesinato de Prats y su esposa había sido planificado y dirigido por los más altos niveles de la Dina, que dependían directamente del general Augusto Pinochet.
Pero los conflictos fronterizos entre Argentina y Chile no cristalizaron en un enfrentamiento armado y nuevamente el proceso comenzó a estancarse.
En Chile, el caso jamás fue investigado. El Ejército se negó a rendir honores militares en los funerales de quien habia sido su comandante en jefe, sólo se permitió la realización de una ceremonia religiosa.
A pesar de los esfuerzos de la familia del general Prats por agilizar el proceso en la justicia bonaerense, sólo desde mediados de 1995 cuando nuevamente las cosas se pusieron tensas entre ambos paises por los arbitrajes de sus disputas fronterizas el proceso por el asesinato de Carlos Prats y su esposa cobró nuevamente vida.
La cercania entre la jueza Maria Servini y el gobierno de Menem da como para pensar que entre ambos hechos hay más de alguna relación. Más aún cuando se considera que fue el propio presidente Menem quien el lunes pasado dio a conocer en una inusitada conferencia de prensa la detención, el viernes 19 de enero, del ya conocido Enrique Arancibia Clavel.
Extrañamente, el principal inculpado en el caso vivia en pleno centro de la capital argentina, arrendaba un departamento en el exclusivo barrio de Palermo, el mismo del atentado, y tenia incluso un automóvil, todo usando su nombre real.
Arancibia es hermano de un general del Ejército y de un contraalmirante, ambos en servicio activo. Participó en la conspiración que en 1970 culminó con el asesinato del comandante en jefe del Ejército, general René Schneider. Fue organizador de la operación Colombo, un operativo de inteligencia mediante el cual se quiso hacer aparecer muertos en el exterior a 119 chilenos asesinados por la dictadura de Pinochet. Hay indicios sobre su participación en desaparecimientos de personas en Chile y Argentina. También se sabe que con un amigo íntimo instalaron un restaurante de comida típica chilena para espiar a los exiliados que allí concurrían.
La detención de Arancibia Clavel estalló como una bomba de racimo en el seno de la clase política chilena.
El primer efecto fue el mutismo. En las primeras 24 horas sólo reaccionaron funcionarios de rango intermedio el viceministro del Interior y el subsecretario general de Gobierno con afirmaciones generales respecto a la importancia de la detención. El ministro del Interior, que además de abogado fue embajador en Argentina y conoce de cerca el proceso, hizo tan sólo elusivas declaraciones respecto de la necesidad de averiguar si era posible que el Estado chileno se hiciera parte en el proceso.
La derecha política casi no se dio por enterada de lo ocurrido al otro lado de los Andes y sólo se limitaron a decir que esperan que la justicia argentina llegue a la verdad. Mientras tanto el Ejército dice que no le corresponde investigarnada.
Recién el miércoles, después que dos hijas del asesinado general Prats se entrevistaran con el presidente Frei para exigirle apoyo, el gobierno anunció propósitos más definidos y le pidió al Consejo de Defensa del Estado que adoptara las medidas del caso.
La razón de esta actitud es que desde hace más de un año que el gobierno trata de dar forma a un acuerdo político que cierre definitivamente las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile bajo la dictadura de Pinochet, buscando a cambio que la derecha acepte ciertas modificaciones constitucionales que permitirían que la composición del Congreso refleje las tendencias de los electores.
El proceso de ese acuerdo fue dificultado por diversos factores y roces con el Ejército, pero ya al comenzar 1996 las aguas parecian aquietarse. Las directivas partidarias habían logrado controlar a sus dirigidos; los proyectos de ley se discuten en los comités parlamentarios y se afinan para su aprobación en sala en el mes de marzo, luego de las vacaciones de verano.
En este contexto la detención de Arancibia Clavel constituye un elemento de fricción que puede alterar por completo el cuadro politico, la exigencia de renuncia al general Pinochet, ya planteada por el senador democristiano Jorge Lavandero, vuelve a ponerse en el tapete.
Ello porque el asesinato del general Prats y su esposa compromete más que ninguna otra de las acciones de la Dina a la jerarquia militar. En primer término, porque se trata del asesinato de quien tan sólo 14 meses antes era comandante en jefe del Ejército y nada hizo Pinochet por contribuir a aclarar las circunstancias de su muerte; ni siquiera un sumario interno para verificar si era cierto que algunos de sus oficiales habían viajado a Argentina en las ocasiones que se les imputa. En segundo lugar, porque esos oficiales tuvieron importantes ascensos y responsabilidades, llegando a los más altos niveles de la jerarquia. Tercero, porque parece dudoso que la Dina pudiera concertar por si sola tal diversidad de medios humanos y materiales del Estado chileno como los que aparecen involucrados en el asesinato. Y, finalmente, porque está comprobada la participación institucional de la Dina en el asesinato, y la Dina dependia directamente del general Pinochet.
El desarrollo de este proceso judicial en Argentina introduce nuevamente en la escena politica chilena un factor de polarización de resultados imprevisibles. Por una parte, fortalece la idea de que aún no es el tiempo para el punto final en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos. Por otra, atrinchera a Pinochet y lo fortalece en su convicción de no abandonar sus posiciones de poder.