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| 3/17/2007 12:00:00 AM

La caída del cóndor

Desde la detención de un ex presidente hasta la condena de un torturador demuestran que los violadores de derechos humanos están acorralados.

Al cumplirse el próximo sábado un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, vuelven a temblar los militares responsables de las atrocidades. Esta semana, la justicia italiana condenó en ausencia al marino Alfredo Astiz y a otros cuatro militares argentinos a cadena perpetua al encontrarlos culpables de homicidio voluntario múltiple premeditado de tres ciudadanos italianos.

Días antes fue detenido el último dictador, el ex general Reynaldo Bignone, que el año pasado había instado a los jóvenes a terminar la tarea inconclusa del terrorismo de Estado. Ya había sido procesado por robo de menores, pero ahora se ordenó su arresto por los crímenes cometidos en Campo de Mayo, donde funcionó un centro clandestino por el que pasaron 4.000 detenidos, y donde se instaló una clínica en la que las madres daban a luz para desaparecer mientras sus hijos eran regalados a algún familiar o amigo de los represores.

En los siete años de gobierno de facto, miles de personas desaparecieron, sufrieron torturas y murieron. En 1985, durante el primer gobierno democrático, se realizó el juicio que condenó a los generales Videla, Massera, Agosti y demás miembros de las Juntas Militares que rigieron el país entre 1976 y 1983. Pero los cuarteles se sublevaron y el presidente Raúl Alfonsín aceptó poner fin a los procesos, con las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, que se completaron con el indulto concedido por Carlos Menem.

Pero los familiares de las víctimas no se quedaron de brazos cruzados: iniciaron juicios en distintos países europeos, al tiempo que continuaban exigiendo castigo en el país. Como resultado, en 2005 fueron derogadas las leyes de impunidad.

Esto le dio un impulso a la justicia, pues se reabrieron los procesos. En la actualidad hay 256 militares, policías o civiles presos por crímenes de lesa humanidad, pero sólo cinco cumplen condenas. Están en desarrollo dos 'megacausas': la del Primer Cuerpo del Ejército, por los crímenes cometidos en Buenos Aires, y la de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), el centro de torturas desde donde actuaban Astiz y sus secuaces.

Marcelo Parrilli, que representa a la familia de Rodolfo Walsh, el periodista asesinado por Astiz en 1977, dijo a SEMANA que "los militares están usando todos sus recursos para demorar todos los procesos para encontrar un escenario político más favorable a una amnistía". En ese marco, se produjo la desaparición de Jorge Julio López, albañil de 76 años cuyo testimonio fue decisivo para condenar por primera vez a un represor, el ex comisario general Miguel Etchecolatz.

López fue secuestrado en 1976 y estuvo desaparecido dos años y medio, pero tuvo el extraño privilegio de sobrevivir. López tenía las marcas de la picana y recordaba a sus torturadores. Cuando se dirigía al Tribunal para escuchar la sentencia contra el policía, López volvió a desaparecer. Su precedente es muy grave, pues hay más de 4.500 testigos que deben declarar en las 'megacausas'.

Pero no sólo la dictadura está en la mira. También están en marcha investigaciones por crímenes cometidos por la Alianza ultraderechista Triple A antes de 1976, durante el gobierno constitucional de Isabel Perón. Este proceso está por convertirse en una nueva caja de sorpresas. La causa de la Triple A "es más peligrosa, porque va contra el peronismo, dirigentes sindicales, empresarios, que no son muertos políticos, como los militares", explicó Parrilli.

En otro plano, las Abuelas de Plaza de Mayo han logrado recuperar 86 nietos que nacieron en cautiverio y cuya identidad fue suplantada, al ser entregados a militares o amigos. Aunque apenas comienzan los procesos, el futuro de los represores es claro. Como dice Parrilli, "los militares son muertos que caminan. La sentencia ya está escrita".
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