Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 1990/06/18 00:00

LA CALDERA DEL DIABLO

Violeta pasa por su bautismo de fuego con la huelga de empleados públicos.

LA CALDERA DEL DIABLO

Casi todo el mundo piensa que la señora Violeta de Chamorro es una buena mujer, llena de las mejores intenciones para su país. Pero el difícil balance de los intereses que la llevaron a la presidencia de Nicaragua, es una amenaza que ni los políticos más avezados quisieran enfrentar. En medio de su lucha por mantener una imágen presentable ante la opinión pública, el joven gobierno de la viuda de Pedro Joaquín Chamorro ha tenido que enfrentar una huelga de empleados públicos que, aun superada, indica el grado de tensión que vive Nicaragua.

El movimiento comenzó despues de un incidente que resulta muy ilustrativo de la situación que atraviesa el país. La delegación de la Unión Nacional de Empleados (UNE) se presentó en el Ministerio del Trabajo en la mañana del jueves 3 de mayo, para comenzar la negociación del pliego de demandas sindicales con el ministro Francisco Rosales. Sin embargo, el funcionario no cumplió la cita e hizo saber a los delegados que la reunión tendría que llevarse a cabo en la tarde. Los furiosos sindicalistas no quisieron y consideraron la actitud del ministro como una negativa al dialogo. Esa misma tarde, comenzaba el cese de actividades.

El incidente, que parece una ligereza, fue entonces interpretado de dos maneras. Para los observadores más benevolos, era un reflejo de la animosidad y la desconfianza que existe entre los virtuales adversarios de la guerra civil que azotó al país durante más de 10 años. Para otros, en cambio, la actitud de los sindicalistas evidenció que la huelga fue lanzada por los sandinistas, quienes, desde su nuevo papel de opositores, estarían usando el dominio que tienen sobre la UNE y cualquier pretexto, para desestabilizar al gobierno de la señora de Chamorro.
Sea cual fuere la interpretación más ajustada, la huelga se presentó despues de que el gobierno dictara una serie de medidas que generaron algun grado de descontento popular.
Desde que asumió el poder el 25 de abril, el gobierno ha llevado a cabo cuatro devaluaciones, acompañadas de igual numero de aumentos en los precios del combustible, con el consiguiente aumento en los precios de los productos básicos, de entre un 100 y un 120 % como promedio. Para contrarrestar el efecto de esas medidas en la población, Rosales había anunciado, al comienzo de la semana anterior, un aumento para el sector público del 60 %, efectivo a partir de este mes.

Por otro lado, el gobierno de la señora de Chamorro dictó una serie de decretos destinados a "revisar" las leyes aprobadas durante el gobiemo de Daniel Ortega, referentes a la reforma agraria, por un lado, y a la suspensión de la ley del Servicio Civil, que garantizaba la estabilidad laboral de los empleados públicos.

Por eso, la pretensión de la UNE iba más allá de lo económico. Por una parte, los empleados exigían aumento promedio del 200% equivalente a un salario mínimo estatal ( 150 dólares mensuales) lo que, según sus dirigentes, permitiría a los trabajadores públicos adquirir una canasta de 53 productos básicos cuyo costo se estima en 110 dólares.

La huelga se inició con unos 43 mil empleados de varios ministerios y entidades públicas, a quienes se unieron el lunes varios miles más pertenecientes a otros sectores como el bancario, comunicaciones, abastecimiento de agua potable, universitario, y otros, hasta completar 14 sindicatos. Según algunos, lo que disparó ese apoyo fue la reacción contra la resolución gubernamental anunciada en la mañana de ese día, según la cual se declaraba "ilegal, ilegítima e inexistente" la huelga de la UNE.

El texto de la resolución (que incluyó la advertencia de que quienes no se presentaran a trabajar serían despedidos) hizo pensar a muchos que el gobierno de la señora de Chamorro, por lo menos, tiene muy malos consejeros legales, tanto que el recurso de amparo presentado por la UNE fue favorablemente resuelto por la Corte Suprema, que refrendó la legalidad del movimiento.

Por otro lado la sensación de que la asesoría legal se convirtió en un talón de Aquiles para la señora de Chamorro creció en algunos sectores nicaraguenses que anotaron que, desde un punto de vista estrictamente jurídico, los decretos que afectaron las leyes del periódo sandinista son abiertamente inconstitucionales, pues "cualquier abogado del mundo sabe que las cosas se hacen como se deshacen y un decreto del ejecutivo no puede ir contra una ley dictada por la autoridad legislativa", dijo un experto nicaraguense.

Como era de esperarse, los sandinistas recogieron esa argumentación para respaldar su alegato político en el sentido de que "la revisión de la reforma agraria y la suspensión de la ley del servicio civil intentan matar las conquistas democráticas en el orden político, económico y social", según un comunicado que leyó el coordinador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el ex presidente Daniel Ortega. El matutino Barricada, órgano oficial del FSLN, se quejó de que la actuación del poder ejecutivo en los últimos dos días, arrogándose facultades que no le corresponden para suspender leyes y decretar otras, (...) equivale a un golpe de estado que coloca al gobierno en una situación de hechos.

Detrás de ese texto muchos vieron una amenaza velada contra el gobierno recien instalado, y el verdadero termómetro de la gravedad de la situación. A los enfrentamientos de los empleados con una prudente policía sandinista (todavía mantiene ese nombre), que dejaron como saldo un herido, siguieron los anuncios de la emisora sandinista Ya, según los cuales grupos ultraderechistas de la UNO, organizados por el vicepresidente Virgilio Godoy, serían disfrazados de policías para romper la huelga a sangre y fuego.

Mientras la tensión crecía a ojos vistas, el gobierno de Washington acusaba a los sandinistas de promover la ola de huelgas como una "maniobra política" contra el gobierno de la señora de Chamorro, a tiempo que se insistía en la necesidad de aprobar urgentemente la ayuda de 300 millones de dólares, sometida a un largo y complicado proceso de discusión en el congreso estadounidense.

Al final de la semana, la huelga fue levantada sorpresivamente, luego de que las partes llegaran a un acuerdo basado en un aumento del 100% en los salarios y el respeto de la estabilidad laboral. Según parece, el ala conciliadora de la coalición gubernamental se salió al menos por esta vez, con la suya. Pero el asunto mostro hasta que punto el rúgimen enfrenta fuerzas que podrían resultar incontrolables. -

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