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La CIDH rechazó el escaso número de condenas por los llamados 'falsos positivos'. | Foto: ARCHIVO - SEMANA

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La CIDH mantiene en su "lista negra" a Colombia

Venezuela, Cuba, Colombia y Honduras siguen en la "lista negra" de los países de América que deben mejorar el respeto a los DD.HH., mientras que Haití fue retirado por la "especial situación" que padece desde el sismo de 2010.

14 de abril de 2011

La presidenta de turno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la estadounidense Dinah Shelton, presentó el informe anual sobre derechos humanos para llamar la atención, en el denominado Capítulo IV, sobre aquellos estados que deben mejorar en ese ámbito.
 
La CIDH señala que Colombia aún enfrenta desafíos en materia de desarticulación de las estructuras armadas ilegales y de implementación del marco legal adoptado con el fin de juzgar los crímenes perpetrados durante el conflicto.
 
A la CIDH le sigue preocupando los 'falsos positivos' y el escaso número de condenas por estos hechos, la utilización de la jurisdicción penal militar en los casos de violaciones de derechos humanos y el incremento del número de desplazados internos.
 
Entre los otros temas de discusión de la CIDH también está la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas y de la población afrocolombiana.
 
Ante el escándalo de las 'chuzadas', el organismo pide que se prevenga el empleo indebido de mecanismos de inteligencia contra defensores, líderes sociales, periodistas, magistrados y  organismos y organizaciones internacionales.
 
El retiro de Haití
 
La CIDH afirma en relación a Haití que antes del terremoto del 12 de enero de 2010, ese país "estaba dando algunas señales de progreso en determinadas áreas, como en derechos civiles y políticos y en materia de seguridad".
 
Pero, tras el terremoto, los desafíos no solamente se han acentuado sino que han surgido nuevas problemáticas en materia de vivienda, de seguridad, de violencia sexual y vejaciones contra las mujeres y niñas y el acceso a bienes y servicios básicos, sostiene.
 
Por ello, ha decidido incluirlo en un capítulo aparte, de seguimiento.
 
Venezuela: preocupa la independencia del poder judicial y la libertad de expresión
 
La CIDH recuerda su preocupación por el deterioro de la independencia e imparcialidad del poder judicial, por asesinatos de defensores de derechos, el uso abusivo de la fuerza pública para reprimir manifestaciones y el uso del sistema penal para obstaculizar la labor de los activistas.
 
Asegura, además, que durante 2010 continuaba la "tendencia preocupante" de represalias contra personas que disentían.
 
Dentro del capitulo de Venezuela, la CIDH dedica un extenso apartado a la libertad de expresión, en el que da cuenta de agresiones contra periodistas, procesos disciplinarios, administrativos y penales contra medios y periodistas, la prohibición de contenidos y de leyes restrictivas.

Considera que la Ley Habilitante, que concede poderes especiales al presidente durante 18 meses, es "incompatible" con la Convención Americana de Derechos Humanos.

Cuba: "una situación permanente de trasgresión" de los derechos
 
En lo referente a Cuba, la CIDH valora la excarcelación durante el año pasado de 115 presos políticos, pero sigue pidiendo que se anulen a las víctimas de la "Primavera Negra" sus condenas.

Reitera que existe una "una situación permanente de trasgresión" de los derechos fundamentales de los cubanos en la isla.

Urge al Estado cubano a adoptar las medidas necesarias para prevenir y erradicar los hostigamientos contra quienes ejercen el derecho de asociación y de reunión con fines humanitarios y sindicales y se dedican a la defensa de los derechos humanos.
 
Honduras: persecución a jueces e impunidad de crímenes

Sobre Honduras, el organismo afirma que a partir del golpe de Estado de 2009, se produjeron violaciones que afectaron "gravemente" a los hondureños y que se han mantenido durante 2010.

La CIDH recibió información sobre asesinatos, hostigamientos y amenazas contra defensores, periodistas, profesores, sindicalistas y miembros de la resistencia y sobre persecuciones contra jueces, violaciones a la libertad de expresión, la impunidad de crímenes cometidos y la deficiente aplicación de medidas cautelares.

Expresa su preocupación por el decreto de amnistía y la presencia de militares o exmilitares con denuncias puestos en dependencias públicas, y sostiene que los esfuerzos en el intento de normalización institucional "han sido insuficientes".

EFE