A LA COLOMBIANA

LA LUCHA CONTRA EL TRAFICO DE DROGAS en Bolivia parece tomar, a partir de las últimas semanas, un nuevo rumbo. El país andino se había convertido en el ejemplo de las limitaciones de la Iniciativa Andina lanzada por el presidente norteamericano George Bush en Cartagena en febrero de 1990. Efectivos militares asesorados por agentes de la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos) venían empeñados en la lucha contra los reductos del negocio, sin que se hubiera logrado la captura de ninguno de los capos más importantes, Incluso una operación masiva lanzada contra la población de Santa Ana del Yacuma, no sólo terminó en un fracaso casi absoluto, sino que dio pie para agrios enfrentamientos entre norteamericanos y bolivianos, La militarización de la lucha contra la cocaína desencadenó también la protesta de las 40 mil familias que, sólo en la región de Chapare, derivan su sustento de ese cultivo ancestral En medio del debate suscitado por esos hechos, los habitantes de La Paz se sorprendieron hace dos semanas, cuando Erwin Guzmán, Sel Teniente, uno de los principales jefes del narcotráfico boliviano, anunció en una carta abierta, que estaría dispuesto a entregarse a las autoridades, a cambio de que éstas le garantizaran que no sería extraditado a Estados Unidos. Al cabo de sólo dos días, el narcotraficante se encontraba en manos de las autoridades.
Según algunos observadores, el gobierno de Jaime Paz Zamora llevaba ya varios meses empeñado en convencer a los jefes del narcotráfico de que se entregaran a cambio de las autoridades oficiales de que no serían extraditados a Estados Unidos. En ese momento se dijo que el Gobierno boliviano quería llegar a soluciones pacíficas antes de que, acorralados por la posibilidad de ser extraditados, los narcos hicieran correr sangre boliviana Sin embargo, cuando el ejecutivo dio a conocer los detalles de su plan, aparecieron condiciones que muchos consideraron contraproducentes: la inmunidad sólo se concedería a quienes se entre garan dentro de los 120 días siguientes al decreto y a quienes colaboraran con las autoridades para la captura de otros narcotraficantes y declararan sus bienes.
El gobierno de Paz tomó por el camino del medio: significó el abandono virtual de la política guerrerista, pero no acabó con el tema de la extradición. Las expectativas creadas eran más amplias, tal como declaró el diputado Alfonso Ferrufino, quien criticó el viaje a Washington del canciller Carlos Iturralde y el ministro del Interior Carlos Saavedra, que tendría como objetivo explicar a la Casa Blanca el alcance del plan.
Para Ferrufino, ese viaje fue el resultado de la enorme presión que Estados Unidos está ejerciendo -frente a las reiteradas negativas de Paz para la firma de un tratado de extradición que, eventualmente, dejaría sin espacio al plan de los 120 días.
Para Ferrufino, las condiciones impuestas parecen orientadas a desanimar la presentación voluntaria de los narcotraficantes y eso