La democracia amenazada

La crisis latinoamericana está atravesada por un elemento común: los gobernantes han perdido la capacidad para conducir a sus Estados y sociedades hacia una mejor situación. El problema ha dejado de ser económico o político, para plantearse en términos de supervivencia democrática. La crisis de los partidos políticos es tan preocupante como la desaparición de los espacios de deliberación pública. Los sindicatos y demás formas de organización y representación política y social se han disuelto en un cúmulo de reclamaciones que no logran trascender las reivindicaciones más inmediatas.

En un escenario cada vez más convulsionado, se hace evidente la incapacidad de los gobernantes para reconducir a sus países frente a la crisis. En Perú, Alejandro Toledo ha tenido que revertir hace unas pocas semanas la privatización de dos compañías eléctricas presionado por violentas manifestaciones, mientras observa cómo se desvanece cualquier posibilidad de sacar al país de la crisis; en el Ecuador, el gobierno de Gustavo Noboa tuvo que abstenerse de enjuiciar y castigar a los responsables del golpe que derrocó al presidente constitucional Mahuad; en Paraguay, las protestas por la privatización de una telefónica han forzado al mandatario Luis González Macchi a dar marcha atrás, mientras que debe enfrentar una crisis de grandes proporciones por el destape de un monumental escándalo de corrupción gubernamental; en México, el presidente Fox ha tenido que reversar la decisión de construir un aeropuerto debido al desbordamiento de la protesta social, mientras que debe resignarse a ver cómo su promesa de cambio ha sido devastada por el viejo sistema que, con todo y su aparato, permanece intocable en el poder; y en Venezuela, el presidente Hugo Chávez todavía no logra retomar el control de la situación.

En los hechos, las crisis de gobernabilidad en los países de la región han trascendido los problemas de legitimidad política e institucional de los gobernantes. Por una parte, los problemas tienen que ver con la capacidad de conducción política de los presidentes, pero no con su capacidad administrativa. Es decir, que los problemas son de capacidad política, pero no de gerencia pública. La crisis ha escalado hasta niveles tan críticos que se ha llegado a cuestionar la calidad y persistencia de la democracia en los países de la región.

Y por otra parte, la pérdida de liderazgo de los presidentes en el manejo de la crisis, no ha implicado la pérdida de su vocación de poder. Muy al contrario, quizá con la excepción de Chile y Brasil, si hay algo que caracteriza a los actuales gobernantes latinoamericanos ha sido su excesiva vocación de poder. O, más precisamente la concentración de poder en torno suyo, que los ha convertido en individuos extraordinariamente celosos de su investidura y de la preservación de sus atribuciones y facultades. Tal vez por ello hayan sido tan resistentes a buscar fórmulas concertadas de salida a la crisis. Pareciera que los gobernantes están convencidos de que cualquier esfuerzo de concertación, al conllevar el requisito de la concesión, siempre puede terminar por apagar, cuestionar o limitar su poder.

Por esa razón, América Latina ha perdido el horizonte de sus reformas. No sólo ha tenido que cubrir los costos sociales de un excesivo apretón de las finanzas públicas, sino que también ha tenido que pagar el tremendo costo político que implica el haber sido sometidos a crisis presidenciales que han terminado en la remoción del presidente por juicio político, los golpes legislativos, la disolución constitucional de los parlamentos o el desfile de varios presidentes en tan sólo unas pocas horas.

Frente a la crisis, en América Latina está renaciendo un nuevo populismo que se desplaza entre dos extremos. El extremo de los presidentes-gerentes, que promueven el crecimiento, la liberación de los mercados y la eliminación de la pobreza, bajo la férrea dictadura de la administración eficiente. Y el extremo de la democracia de los coroneles, que con la promesa de castigar a los corruptos y acabar con la miseria, llegan al gobierno para someter a la administración a la férrea dictadura de la precisión militar y la debida obediencia. Es el desplazamiento que marca la magnitud de la crisis de gobernabilidad bajo el signo indiscutible de la democracia amenazada.

(Escrito por Pedro Medellín Torres)