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| 1/12/2003 12:00:00 AM

La esquina regional

Concluyó el Encuentro Social Alternativo con una concentración popular en el estadio de Santa Cruz de la Sierra, con la presencia del Vicepresidente de Cuba, el Presidente de Venezuela y el líder indígena Evo Morales. El tono de las consignas y de las pancartas reflejaba la tónica de los congregados: rechazo al Alca, vivas a Fidel, solidaridad con Cuba, canciones en homenaje al 'Che' Guevara, bailes y expresiones culturales indígenas.

Este Encuentro Social Alternativo, donde fueron criticados el modelo neoliberal, el proyecto del Alca y los Estados Unidos por su política hacia la región, fue realizado por indígenas, campesinos y sectores populares, al mismo tiempo que la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericana realizada en esta misma ciudad. Pero estos eventos se realizaron meses después de terminada la confrontación sociopolítica del movimiento indígena y popular contra el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, llamado el 'Goni', que lo obligó a renunciar y a salir apresuradamente hacia Estados Unidos; fue reemplazado por su vicepresidente Carlos Mesa. Una verdadera insurrección social que tuvo como centro de gravedad la ciudad de El Alto -vecina de La Paz-, que cuenta con cerca de un millón de habitantes, de los cuales alrededor del 85 por ciento son de la etnia aymará y que luego se expandió por todo el país y logró incluso el apoyo, posteriormente, de sectores de clase media e intelectuales que se declararon en huelga de hambre en iglesias, para presionar la salida de Sánchez de Lozada. Volver al pasado Esta confrontación social fue denominada la 'guerra del gas', por cuanto el detonante fue el contrato de venta de gas a un consorcio norteamericano, a precios considerados irrisorios y que adicionalmente se iba a transportar a través de un territorio que hoy día es chileno, pero que fue parte de Bolivia hasta cuando lo perdió como resultado de la llamada 'Guerra del Pacífico' en 1883. La historia de Bolivia es una de luchas sociales que se puede remontar hasta las rebeliones de Tupac Katari en 1781 contra el imperio colonial español y que concluyó con el descuartizamiento de este dirigente indígena, para escarmentar a los rebeldes. Pasando por la Revolución nacionalista de 1952 dirigida por el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) liderado en ese momento por Víctor Paz Estensoro, que nacionalizó el estaño, la principal riqueza minera boliviana en la primera mitad del siglo XX y que estaba monopolizada por Simón Patiño, llamado el 'rey del estaño' y quien era el dueño del negocio y virtual amo del país. Esta revolución igualmente hizo una reforma agraria importante, pero luego terminó agotando su capacidad reformadora. Pero también la historia boliviana es una de expoliación de los recursos mineros, que como casi siempre pasa con los recursos naturales no renovables, son explotados, trasladados hacia el exterior y no dejan en la sociedad sino miseria, muerte y dolor, lo que explica la lucha por tratar de darle un uso distinto al gas, del cual Bolivia tiene probablemente las mayores reservas en América. No por azar Bolivia es hoy día el segundo país más pobre de América Latina, después de Haití, y con ocho de cada diez habitantes considerados en situación de pobreza. Pero también Bolivia fue en 1966-67, el país en donde Ernesto 'Che' Guevara pretendió desarrollar su proyecto insurreccional, que convirtió Los Andes en la Sierra Maestra de América Latina y que lo condujo a la muerte, junto con la mayoría de sus compañeros. Bolivia ha vivido igual tragedia que Colombia con el cultivo de la coca y las equivocadas políticas de su erradicación forzosa, que pese a no haber producido los resultados esperados sí han generado una alta inestabilidad socioeconómica; sin embargo, el cultivo de coca en Bolivia tiene tradiciones ancestrales en la mayoritaria población indígena. Las elecciones de 2002 En el último debate presidencial se produce la emergencia de un resultado sorprendente: el líder de los cocaleros, Evo Morales, diputado del MAS (Movimiento al Socialismo), obtuvo la segunda votación -en contra de la intervención del embajador norteamericano, sin duda considerada inoportuna y molesta-, muy próxima a la del presidente, finalmente electo, Gonzalo Sánchez de Lozada, que consiguió el 22 por ciento de los votos, pero que fue elegido por el Congreso mediante una coalición de partidos de centro-derecha: el partido del propio Sánchez, el MNR (ahora derechizado), la NFR (Nueva Fuerza Republicana) y el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), que en algún momento su dirigencia reivindicaba como un partido de izquierda. Sin embargo, en el Congreso, si bien predominan los partidos de centro-derecha, con cerca de los dos tercios de sus miembros, hay una importante representación de las fuerzas políticas de izquierda, cerca de un tercio, en su mayoría 'indígenas'. Las luchas actuales La 'guerra del gas', que terminó con la salida del 'Goni' de la Presidencia y su reemplazo por el Vicepresidente, luego de una violenta represión que conllevó cerca de 80 muertos y centenares de heridos y que mostró la fortaleza de las organizaciones sociales de diverso tipo, lideradas por el movimiento indígena y la COB (Central Obrera Boliviana), que sin duda tiene un pasado de luchas nacionalistas muy importantes. Por eso al final de esta lucha social surge un liderazgo político y social expresado en Evo Morales, Felipe Quispe y Jaime Solares, expresivos de los sectores indígenas y obreros. El gobierno del vicepresidente Carlos Mesa Gisbert, que sucede al depuesto y forzado a renunciar Sánchez de Lozada, es un gobierno débil que en teoría debería ir hasta 2007, pero inicialmente el propio Mesa lo calificó de ser un "gobierno de transición" que previa la realización de un plebiscito vinculante a propósito del tema del gas y de la convocatoria a una Asamblea Constituyente que lleve a un nuevo proceso electoral. Y por supuesto es fundamental para su estabilidad la postura que asuma en relación con el proyecto Alca, considerado inconveniente y perverso por los sectores sociales populares. Es importante señalar cómo frente a esta confrontación social hubo un intento de manipulación mediática de los grandes medios de comunicación, que fue roto por las redes de comunicación alternativa, especialmente Internet y Radio Pachamama, que jugó un papel especial junto con las redes populares de radio. Hay que resaltar que los antecedentes inmediatos de la 'guerra del gas' fueron en su orden: la rebelión social a comienzos del presente año contra el intento de imponer un impuesto del 12 por ciento a los salarios, para seguir recomendaciones del FMI, supuestamente para reducir el déficit fiscal; esta confrontación igualmente fue ganada por los sectores sociales populares. En enero de 2002 se había dado una 'guerra de la coca' especialmente centrada en la región del Chapare, contra las políticas de erradicación forzosa de estos cultivos, la cual fue igualmente reprimida de manera violenta. Y en 2000 se había dado en Cochabamba la 'guerra del agua', contra la empresa californiana que manejaba el agua de esta ciudad y que luego de una verdadera insurrección social dio como resultado la 'desprivatización' del manejo del agua en la ciudad. Es decir, en las diversas luchas sociales bolivianas ha habido una clara confrontación contra el modelo económico fondomonetarista y neoliberal y sus efectos sociales, en términos de incremento de la pobreza y concentración de la riqueza en pocas manos. No por azar el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, al intervenir en la Cumbre Iberoamericana de Santa Cruz, les dijo a los gobernantes asistentes: "No necesito decirles que su estabilidad está amenazada, en varios países ustedes han visto que los trastornos sociales originados en la pobreza dan lugar a trastornos políticos. Muy a menudo, al parecer, el pueblo piensa que algunos de ustedes, los dirigentes que han elegido, son indiferentes a su difícil situación". El entorno suramericano Pero la salida de Gonzalo Sánchez es solamente el último episodio de una serie de confrontaciones sociales que han sacudido Suramérica en el último decenio y que plantean grandes interrogantes acerca de la fortaleza de la democracia en la región. El ciclo lo inicia Brasil con la salida forzada, por amplias movilizaciones sociales, contra el presidente Fernando Collor de Melo en 1992, acusado de corrupción; sigue en 1997 Abdalá Bucarán, en Ecuador, declarado mentalmente incompetente para ejercer la Presidencia y obligado a renunciar con una fuerte presión social en contra; en 2000, el turno es en Perú para Alberto Fujimori, que abandonó en medio de acusaciones de corrupción y abusos en la etapa de la 'guerra sucia' contra la subversión interna; también en 2000, el movimiento indígena ecuatoriano logra la salida de Jamil Mahuad de la Presidencia después de impresionantes movilizaciones sociales en todo el país, en contra de su política económica y social; en 2001, el turno fue para Fernando de la Rúa, en Argentina, que abandonó presionado por movilizaciones sociales que cuestionaron su incapacidad para dar respuestas a la crisis económica y el descuido de las propuestas socialdemócratas con las cuales fue elegido. Es decir, cada vez parece vencerse más la cultura del miedo en la región: miedo a la movilización social heredada de los gobiernos autoritarios y miedo a pensar alternativas en el campo del desarrollo diferentes a las que el pensamiento único del llamado Consenso de Washington buscó imponerle a la región como receta milagrosa. Lo anterior mostraría igualmente que no es suficiente con la credencial electoral para que se pueda hablar de un mandato democrático, sino que es importante que las políticas públicas de los gobiernos respondan a las demandas sociales de equidad e inclusión social. En cuanto a Colombia, podría considerarse una excepción en ese sentido. Es probable que la persistencia de la violencia con argumentaciones políticas en la historia colombiana haya dificultado la expresión de movimientos populares, históricamente reprimidos y criminalizados, lo que ha generado una cultura del miedo frente a la protesta social. Pero por otra parte hay que reconocer una importante estabilidad institucional. La región andina sigue teniendo democracias altamente inestables. Y esta realidad amerita una reflexión seria, más allá de miradas simplistas y cargadas de polarizaciones porque guste o no un gobernante determinado. En todas, como en los demás países de América Latina, existen regímenes presidencialistas donde el conjunto institucional del Estado gira alrededor de la figura presidencial, lo que tiende a minimizar la importancia del Congreso y en general de los organismos de representación plural. Hay otra dimensión para analizar estas explosiones sociales suramericanas: preguntarse si estamos frente a un ciclo de inestabilidad institucional en las democracias de la región, o un proceso inacabado de consolidación democrática. Algunos se preguntan si estas 'destituciones sociales' no han sido una especie de sustituto de los golpes militares que caracterizaron la región entre los años 60 y 70 y que coincidencialmente tuvieron también inicio en Brasil en 1964 con el golpe militar liderado por Humberto Castello Branco. Si bien estas movilizaciones de protesta muestran a sectores sociales dispuestos a hacerse presentes en la esfera pública, igualmente reflejan la debilidad de las instituciones democráticas. De un lado, la incapacidad del sistema de partidos para representar adecuadamente la diversidad social; de otro, la ineficacia de los mecanismos institucionales de control político para establecer reales formas de contrapeso a los presidencialismos que caracterizan la región. Ahora bien, el riesgo de los presidencialismos existentes en la región hace difícil mantener el necesario equilibrio entre las ramas del poder, con la tendencia en casi todos los mandatarios de aumentar su poder e intentar subordinar a las demás ramas del poder público, lo que hace inocuo el necesario control político que debe garantizar que no se presenten los desbordes incontrolables del poder presidencial. Probablemente, la solución pasa por ir hacia regímenes de tipo semiparlamentario que atenúen el poder presidencial; junto con sistemas de representación política plurales, creíbles y serios que logren que la diversidad social se exprese políticamente, acompañados con instituciones sólidas y respetadas. Probablemente, la fragilidad de los regímenes políticos radica en la disociación entre democracia y equidad. En los países andinos se presentan altos niveles de pobreza e indigencia, acompañados de procesos de concentración de la riqueza, lo que genera demandas permanentes de justicia social y equidad que muchos sectores sociales esperaban fueran suministrados por la democracia. Pero, la realidad es que la democracia en las sociedades andinas, al igual que en el conjunto de América Latina, se asoció a aspectos procedimentales del régimen político: elecciones periódicas y transparentes, pluripartidismo, libertades civiles. Pero los aspectos ligados a la inequidad, la posibilidad de acceso a servicios públicos básicos, educación y empleo no han podido ser resueltos por la democracia, lo que lleva a perder el interés en la formalidad democrática, incluidos sus gobernantes, sus políticas y sus instituciones. Con excepción de Colombia, en donde apenas sobreviven los partidos políticos fundados en el siglo XIX -casi con el nacimiento de la república-, en los demás países andinos ha predominado una alta inestabilidad partidista, con varias generaciones de partidos políticos que han surgido y desaparecido de manera secuencial. Parte de la inestabilidad política contemporánea en todos los países andinos se asocia a la volatilidad, fragmentación y crisis partidista, que hacen que el sistema de representación política tenga niveles precarios de legitimidad. El gran reto de estos países es consolidar sus democracias electorales y al mismo tiempo estimular políticas efectivas de redistribución de los beneficios del crecimiento, lo que no significa el retorno a modelos paternalistas de política social; igualmente, estar seguros de que la estabilidad política, resolver problemas internos como el de la violencia política colombiana o el de los cultivos ilícitos en varios países de la región y la capacidad de lograr estabilidad regional pasan por lograr sociedades más equilibradas e incluyentes y con mayores objetivos compartidos. Es de total pertinencia mencionar la frase del escritor mexicano Carlos Fuentes, que Kofi Annan les recordó a los mandatarios iberoamericanos: "Los estados democráticos en la América Latina están desafiados a hacer algo que hasta ahora sólo se esperaba de las revoluciones: Alcanzar el desarrollo económico junto con la democracia y la justicia social". Definitivamente, el barrio suramericano, en donde está situada nuestra residencia permanente, anda muy convulsionado, por lo que toca convivir con la propia cuota de problemas, con las dificultades y tensiones de los vecinos e intentar en conjunto salidas a estas. La búsqueda de alternativas, con el comportamiento individualista del hijo único como parece estarlo buscando el gobierno de Álvaro Uribe, es inapropiada e ilusa; las salidas pasan por procesos de integración reales y de construir alternativas colectivas. Paradójicamente en Suramérica, con gobiernos como el del presidente Lula en Brasil, empiezan a vislumbrarse alternativas en las políticas de desarrollo, que combinen democracia con equidad e inclusión real, lo cual abre un campo de esperanza, que complemente los comportamientos electorales en la región, que parecen todos ir en la dirección de lo social y lo popular, y dentro de los cuales no sería extraño la elección en los próximos comicios presidenciales de Evo Morales en Bolivia, así como la de Tabaré Vásquez, del Frente Amplio en el Uruguay.
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