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| 7/23/2011 12:00:00 AM

La gran mordaza

La desmesurada sentencia a los dueños y un exeditor de 'El Universo' de Guayaquil por injuriar a Rafael Correa demuestra que en Ecuador la libertad de prensa está en entredicho.

El jueves pasado, en la primera página del diario El Universo de Guayaquil no salieron noticias, fotos ni publicidad. La portada era blanca, vacía, salpicada únicamente por un "Condenados". Fue la respuesta del periódico a la sentencia de un juez que castigó a los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez, dueños del medio, y al exeditor de opinión Emilio Palacio, con tres años de prisión y una multa de 40 millones de dólares.

El delito está en las 594 palabras de la columna "No a las mentiras" de Palacio, publicada el 6 de febrero. Con un tono provocador y belicoso, el periodista se refiere a Correa como "el Dictador" y, lo acusa de haber supuestamente ordenado "fuego a discreción contra un hospital lleno de civiles y gente inocente" en la asonada policial que hizo tambalear su poder el 30 de septiembre de 2010.

Unos días después Correa puso una demanda por "injuria grave a la autoridad", pues según el presidente, Palacio lo acusó de delitos graves, sin pruebas y "pretendió encubrir la verdad". El mandatario también denunció a la familia Pérez, dueña del periódico, y a la compañía anónima El Universo, pues los consideró coautores del delito.

La columna es, sin duda, extrema, criticable y muy subjetiva. A pesar de que los hechos violentos fueron confusos, y su calificación de golpe de Estado muy discutible, Correa consideró inaceptable que lo llamaran dictador cuando había pasado el momento más difícil de sus años en la Presidencia. De ahí que, en su estilo acalorado, decidiera cobrárselas todas a los responsables de semejante insulto.

El problema es que la opinión es justamente un análisis personal, y debe ser respetada como tal. Varios columnistas de oposición han manifestado su temor por una sentencia que ven como una manera grosera de intimidarlos y de estimular la autocensura. Por eso, el fallo fue calificado por Gonzalo Marroquín, director de la Sociedad Interamericana de Prensa, como un "grave zarpazo a los más esenciales principios de la libertad de información".

Por otra parte, muchos piensan que el presidente decidió aprovechar la oportunidad para ganar la guerra que tiene casada con los medios. Desde que llegó al poder, el presidente ha dicho en repetidas ocasiones que son "su peor enemigo". En 2007, menos de un año después de haber asumido, demandó al periódico La Hora por un editorial. En 2008 ordenó incautar varias cadenas de televisión, de radio y una editorial del grupo Isaías, para poder pagar las deudas de Filanbanco, el banco de este conglomerado.

Este año, el mandatario denunció a dos periodistas, autores del libro El gran hermano, en el que revelan supuestos contratos fraudulentos entre Fabricio Correa, el hermano mayor del presidente, y el Estado. Y lo que terminó por caldear los ánimos de los periodistas fue la aprobación hace dos meses, mediante referendo, de un polémico proyecto de ley para controlar el contenido y los ingresos económicos de los medios.

Además, hay serias dudas sobre la independencia del poder judicial en este caso. Como dijo a SEMANA Nicolás Pérez, "el juez asumió el caso 33 horas antes de haber emitido el fallo. Se puso al tanto de un proceso de 5.000 páginas, deliberó y tuvo tiempo para escribir una sentencia de 156 páginas. Creemos que la sentencia le llegó redactada". Pérez anunció también que apelarán, con base en que "la injuria está tipificada en el Código Penal ecuatoriano, pero la Constitución, impulsada por Correa, dice que nos apegaremos a los convenios internacionales, por encima del derecho nacional, en los que queda claro que los delitos de opinión son una coerción a la libertad de pensamiento".

Correa dijo que se "derrumbó el mito de la prensa omnipotente, con patente de corso para hacer lo que le da la gana" y que "lo peor que le podía pasar a una persona era ser blanco de los sicarios de tinta". Los dueños de El Universo se jugarán la vida en la siguiente instancia. Pues no solo están en vilo tres años de su vida en la cárcel, sino el empleo de más de 900 personas, la supervivencia de un periódico de 90 años de historia y la libertad de prensa en su país.
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