LA GUERRA ENTRO EN UNA NUEVA FASE

Las tropas de élite del gobierno salvadoreño, entrenadas en Estados Unidos y que son el orgullo de los militares de ese país centroamericano, han sido obligadas a retroceder tras duros combates en el departamento de Morazán, ante el envión comenzado en enero por el opositor frente guerrillero Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).
"No tuvimos fuerzas suficientes y debimos retroceder" admitió el 25 de enero un oficial del batallón especializado en contrainsurgencia, "Atonal" al referirse a la pérdida de Meanguera, un poblado considerado vital para la defensa de la capital de ese departamento, San Francisco Gotera.
Luego del repliegue, el ejército y los guerrilleros trazaron, por primera vez en la historia de esta guerra de tres años, una línea de combate, según la cual el FMLN establece su dominio sobre la margen norte del río Torola y las principales alturas, a 184 kilómetros de esa capital.
En total, los rebeldes, tras refriegas en las que comenzaron a usar el cañón de 120 milímetros conquistado al ejército en noviembre pasado, y ametralladoras punto 50 -en una de las mayores demostraciones de poder de fuego de la guerrilla en lo que va de la guerra- lograron capturar 20 poblados de Morazán, así como 15 poblados de Chalatenango y al menos la importante localidad de San Francisco Javier, del departamento de Usulután.
La guerra, a pesar de los esfuerzos del gobierno -que movilizó para los últimos encuentros a más de 3.000 soldados, incluidos los batallones "Atlacatl", "Atonal" y "Ramón Belloso"- estaría entrando así en una nueva etapa, en la que los guerrilleros conservan la iniciativa militar y comienzan a disputar posiciones estratégicas.
Ante esto, los cinco comandantes de la fuerza armada salvadoreña, reunidos en la capital de Morazán, analizaban la situación y estudiaban la manera de reemprender las acciones para desalojar a los rebeldes de los poblados ocupados, para lo cual estarían dispuestos a lanzar al combate a 7 mil soldados y a pedir ayuda al ejército hondureño. Debe recordarse que el año pasado, tropas hondureñas ingresaron a El Salvador en dos ocasiones para reforzar al ejército salvadoreño y que en esa oportunidad el FMLN ordenó a sus unidades entrar en combate con las tropas hondureñas causándoles varias bajas.
Por otra parte, no sería de extrañar que en los próximos días estallaran combates de mayores dimensiones, al trenzarse en lucha más de 11 mil personas, entre soldados gubernamentales y miembros del FMLN.
Mientras este momento llega, los rebeldes seguían afianzando sus posiciones. "Radio Venceremos", vocero oficial del FMLN, informó que los zapadores rebeldes dañaron seriamente en Usulután un puente ferrocarrilero, paralelo al destruido "puente de Oro" que unía el oriente con el resto del país en esa zona.
"La ofensiva emprendida en enero constituye un rotundo éxito" dijeron los comandantes guerrilleros a través de dicha emisora clandestina mientras que periodistas extranjeros llegados a Osicala, confirmaban la ocupación por el FMLN del poblado La Palma en Chalatenango. Tras la toma de ese pueblo, el ejército perdió el rastro del teniente Adolfo López Sibrian, comandante de esa guarnición, y quien está oficialmente vinculado con el asesinato de dos asesores norteamericanos en reforma agraria, por lo que estuvo detenido hace tres meses.
"Por primera vez en la historia de esta guerra hemos hecho retroceder a tres batallones especializados en lucha antiguerrillera" declaró "Miguel", el responsable político del FMLN en Corinto, a los periodistas, a quienes explicó que el objetivo de la actual campaña es "dejar en posición desvantajosa al enemigo, de tal modo que le sea difícil lanzar operativos contra nuestras posiciones". Arengando a los pobladores reunidos en el mercado de ese pueblo, "Miguel señaló: "Si ustedes se incorporan, esta guerra podría durar seis meses más, de lo contrario, puede durar hasta 10 años. Nosotros seguimos proponiendo dialogar, pero si el gobierno se niega, estamos dispuestos a continuar todo el tiempo necesario".
Por su parte, al ejército no le queda otra salida que montar un nuevo ataque, pero ahora cuenta con la desventaja de haber perdido en Morazán posiciones estratégicas. Ha convertido a San Francisco Gotera, en un gigantesco campamento militar de los gubernamentales, y ha comenzado a trasladar a La Virtud, un poblado cercano a la frontera con Honduras, a miembros y familiares de los grupos paramilitares, para evitar que sean capturados por los guerrilleros.
Por lo demás, se teme que tropas hondureñas efectivamente entren en acción para apoyar al ejército salvadoreño. "No descartamos la presencia de tropas hondureñas y de su fuerza aérea en estos días en Morazán y Chalatenango, pues el ejército salvadoreño por si solo no tiene ni la fuerza ni la moral, ni la tenacidad para enfrentarnos" indicó "Radio Venceremos".

CONTINUARA LA AYUDA MILITAR NORTEAMERICANA
El presidente Ronald Reagan certificó, el 21 de enero, ante el Congreso norteamericano que la situación de los derechos humanos en El Salvador había mejorado lo suficiente como para justificar el mantenimiento de la ayuda militar de su gobierno al de ese país. Anunciada la decisión por el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos Thomas Enders, generó inmediatamente reacciones entre las organizaciones norteamericanas de defensa de los derechos humanos, quienes han elaborado en las últimas semanas numerosos informes sobre la situación de El Salvador, tras visitar ese país.
"Lamentamos los nuevos intentos por jugar un juego de números y por basar la certificación sobre el hecho de que los documentados asesinatos cometidos por los escuadrones de la muerte gubernamentales no exceden los 200 por mes", declaró a una fuente de SEMANA un vocero de The America's Watch y de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU), dos importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos.
"El hecho fundamental es que los escuadrones de la muerte controlados por el gobierno siguen torturando y asesinando a civiles desarmados", agregó.
Por otra parte, la Asociación Estadounidense de Salud Pública entidad que envió a mediados de enero una delegación a dicho país centroamericano, manifestó "terrible angustia" ante la decisión de Reagan. Este grupo dijo que la situación de "tortura, represión y asesinato" permanece "sin cambio" en comparación con la que existía dos años atrás.
Otra organización, la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA) con respaldo eclesiástico, y El Consejo para Asuntos Hemisféricos, con apoyo sindical, formularon severas críticas a la certificación.
Por su parte, numerosos miembros de la Cámara de Representantes han indicado su voluntad de hacer más estricta la ley sobre certificaciones y de combatir los intentos del poder ejecutivo de seguir proporcionando asistencia militar a El Salvador.
Estados Unidos proporcionó el año pasado más de 100 millones de dólares en asistencia militar a ese convulsionado país, ya que -según Enders- sin tal ayuda El Salvador sería "consumido por la violencia intensificada y el caos". Para dicho funcionario el "progreso identificable" que se ha registrado en El Salvador en los últimos meses consiste en que ahora no son 800 los civiles muertos por los paramilitares en un mes, sino 200. Sin embargo tuvo que admitir que el índice de desapariciones se ha multiplicado en el mismo período, y que la detención y encarcelamiento de quince dirigentes del opositor Frente Democrático Revolucionario representa un "revés" para las esperanzas de Washington de "incorporar elementos de la oposición al proceso electoral como parte de una solución política a la guerra civil".
Enders también tuvo que lamentar la omisión del régimen de Magaña en cuanto a juzgar a dos influyentes oficiales del ejército por su presunto papel en el asesinato de dos trabajadores norteamericanos de la reforma agraria, en enero de 1981 pero señaló que se había dado un "progreso significativo" en el juicio a los presuntos asesinos de cuatro religiosas muertas en diciembre de 1981.
Entretanto, observadores políticos en Washington coincidieron en estimar que la certificación y la política del presidente Reagan en El Salvador será blanco de intensos ataques cuando el Congreso reabra sus sesiones la semana próxima.