La guerra privatizada?

Hay industrias que a

pesar de la crisis económica no se cansan de crecer. Aunque el desempleo es alarmante en Estados Unidos, en internet no es difícil toparse con un anuncio como este: "Se busca estadounidense para hacer tareas en Afganistán como guardia armado y proporcionar seguridad en lugares específicos". El portal de Triple Canopy no especifica cuánto ofrece, pero sí asegura que "todo el tiempo hay nuevas oportunidades". La empresa hace parte de una cantidad de contratistas privados que venden lo que antes era monopolio de los estados: inteligencia, logística, mantenimiento de armamento, entrenamiento de tropas extranjeras, gestión de cárceles y hasta combates.

Ese mundo opaco y poco regulado recibió la semana pasada una inesperada exposición cuando WikiLeaks publicó 5 millones de correos electrónicos de Stratfor, una agencia privada de inteligencia con sede en Austin, Texas, que envía boletines semanales a miles de subscriptores. Aunque muchas empresas de análisis geopolítico hacen lo mismo, Julian Assange, el polémico fundador de WikiLeaks, sostiene que la correspondencia revela "las vidas privadas y las mentiras privadas de espías privados", pues no solo quedan en evidencia las fuertes conexiones que Stratfor tiene con la CIA y sus contratos con el gobierno de Estados Unidos, sino que es claro que sus investigadores están dispuestos a ir mucho más allá que un tradicional think-tank.

Los mensajes electrónicos, robados por hackers en diciembre, ya revelaron que Stratfor espía ambientalistas, paga por información, busca secretos sucios sobre empresarios e incluso se compara con la CIA diciendo que la agencia es "ahora historia, su modelo de análisis fue invalidado. Esa máquina pesada que solo podía manejar cosas pequeñas tiene que ser reemplazada por un sistema visionario, valiente y robusto. Stratfor tiene la oportunidad de mostrar el camino".

Esas revelaciones tal vez no sean tan espectaculares como las que hizo WikiLeaks al publicar cables diplomáticos en 2010, pero sí permiten dar una mirada al universo de las empresas paraestatales de inteligencia, que trabajan en centros financieros, zonas de guerra o regiones mineras husmeando información. Negocios que cada año, según Tim Shorrock, autor de Se contratan espías, mueven 45.000 millones de dólares provenientes, sobre todo, de presupuestos oficiales.

Estas firmas, que apoyan al FBI, a la CIA o a las demás entidades de inteligencia de Estados Unidos, forman parte de la nueva tendencia de subcontratar lo que antes hacían directamente los soldados o los agentes secretos. Como le dijo a SEMANA John Louth, experto del Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (Rusi) de Londres, "proveen servicios que van desde seguridad hasta análisis. Aunque no es del todo cierto decir que Stratfor es una CIA privada, sí suministran recursos flexibles para las agencias gubernamentales. Esto obviamente genera profundos interrogantes sobre la vigilancia y la rendición de cuentas en una democracia".

La bonanza empezó con la llegada de George W. Bush al poder en 2000. Desde entonces, los ejércitos asumen cada vez menos tareas que no sean estrictamente de combate. La comida para los soldados, la construcción de edificios militares, las traducciones o la mensajería son asumidas por contratistas. Y están las más polémicas como Blackwater, Triple Canopy o DynCorp, que cumplen con tareas de patrullaje, escolta y vigilancia en Afganistán, Arabia Saudita, Somalia e incluso Colombia. Reclutan exmilitares de la SAS inglesa, de los Seals gringos o rudos oficiales surafricanos que ganan hasta 1.000 dólares diarios, y soldados africanos, afganos o latinoamericanos (algunos colombianos), que se juegan la vida por 250 dólares mensuales.

Sus hombres van de civil, con pistola, cuchillos, fusil, pesados chalecos antibalas, granadas y gafas de sol. En teoría, solo disparan para defenderse. En la práctica hay decenas de incidentes en los que agentes de seguridad terminaron en combates en Bagdad, participaron en torturas en la cárcel de Abu Ghraib, asesinaron civiles, hicieron ataques con helicópteros artillados o trasladaron ilegalmente sospechosos hacia las prisiones secretas de la CIA.

Pero esto no ha sido obstáculo para que la industria siga creciendo. A pesar de sus promesas electorales, el presidente Barack Obama invierte millones de dólares en empresas para servicios de seguridad y de inteligencia. En Afganistán hay ahora 113.491 contratistas frente a 90.000 militares estadounidenses. El diario The New York Times informó hace dos semanas que en el último año habían muerto en ese país más agentes privados que soldados regulares. En las ramas de inteligencia, según el periódico The Washington Post, cerca del 30 por ciento de la fuerza de trabajo es contratista privado. Hacia allá va la guerra.

También hay reportes de milicias empresariales en Pakistán y en América Latina. Como le explicó a SEMANA Vanda Felbab-Brown, autora de Disparando, la contrainsurgencia y la guerra contra las drogas y experta del Instituto Brookings de Washington, "desde que se acabó la guerra en Irak hay empresas de seguridad gravitando en México. Aunque allí los extranjeros no pueden portar armas, es posible que estén trabajando con agentes locales".

La tercerización de las operaciones militares le trae grandes beneficios a los gobiernos. Por un lado, como explica John Louth, "el gobierno reduce gastos en nómina, pensiones, burocracia, entrenamiento, licitaciones y los eventuales costos de las heridas o de los traumas posconflicto". Las empresas también son mucho más flexibles y se adaptan rápido a la demanda. Pero sobre todo, los dirigentes se ahorran problemas. Cuando se muere un militar, el impacto psicológico y político desgasta a cualquier gobierno. Si fallece un contratista no entra en las estadísticas oficiales. Ni siquiera es noticia.

Esa alternativa es barata y práctica, pero cínica y preocupante, pues queda en un limbo jurídico frente al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Los contratistas son civiles, sus empresas no son actores del conflicto, aunque a veces combaten, matan y violan los derechos humanos. En el Ejército, en la CIA o en la DEA los oficiales son responsables de las acciones de sus hombres. Pero para Blackwater (hoy conocida como Academi) y para las empresas de inteligencia como Stratfor solo hay intereses comerciales y una responsabilidad difusa, pues no hay un marco claro hasta donde pueden llegar.

Otro problema es que los contratos de seguridad no reciben seguimiento, ni evaluación, ni supervisión. Una comisión bipartidista del Congreso de Estados Unidos estimó en 2011 que más de 31.000 millones de dólares se evaporaron en malversaciones, sobrecostos y corrupción. Como lo resalta el informe, "con más de 260.000 contratistas en Irak y Afganistán, y costos por encima de los 206.000 millones de dólares, el gobierno confía demasiado en estas empresas. Las instituciones federales de control no son suficientes para vigilarlas. Esto tiene que cambiar".

Lo preocupante, como resaltó la Comisión, es que el Ejército de Estados Unidos hoy no podría operar sin esta nube opaca de contratistas privados, lo que tiene a los más apocalípticos prediciendo guerras entre empresas privadas en un futuro próximo. Todo lo anterior recuerda las palabras de Nicolás Maquiavelo cuando se refería a los condottieri, los contratistas del Renacimiento: "Ninguno de los principales Estados tenían sus propias fuerzas. Las armas estaban en manos de pequeños príncipes que solo perseguían la propiedad, o de gente que guerreaba solo por un sueldo. La práctica de la guerra se volvió tan ridícula que cualquier hombre con un poco de valor habría cubierto de desgracia a estos hombres, que, con tan poca prudencia, Italia honró".n?