La guerra verde

"¿Qué es más importante: el agua o el oro: el oro no se toma, el oro no se come. Nosotros tomamos agua, nuestras criaturas toman agua, nuestro ganado toma agua. ¡El agua para los peruanos!", vociferó hace unos meses Ollanta Humala en plena campaña presidencial. Ya instalado en el Palacio de Gobierno de Lima, su populismo electoral parece haberse esfumado. La semana pasada, en medio de un fuerte conflicto social contra un proyecto minero, Humala reviró y afirmó que "sí se puede tener el oro y el agua a la vez".

Un malabarismo retórico con el que el mandatario busca el difícil, si no imposible, equilibrio entre explotación de los recursos naturales, ecología, derechos comunitarios, presión de los mercados y la necesidad de recursos. Desafío que se repite en toda América Latina y que será uno de los grandes retos de la región en la próxima década.

En Perú la situación es tensa. La crisis en Cajamarca, una provincia en el norte del país, estalló cuando la empresa Yanacocha, primer productor de oro del continente, estructuró el proyecto Conga para extraer metales preciosos a más de 4.000 metros de altura. Con una inversión de 4.800 millones de dólares, prometió extraer 11,8 millones de onzas de oro y 3.200 millones libras de cobre. Una verdadera fortuna que le puede dejar millones de dólares a Perú y que se suponía iba a ser bienvenida por los campesinos pobres.

Pero el oro de la Conga está debajo de cuatro lagunas que tienen que ser desecadas para acomodar una inmensa mina a cielo abierto, colosal cicatriz que también devoraría humedales, manantiales y cinco cuencas. Yanacocha, un consorcio peruano-estadounidense, prometió reemplazar los pozos con reservas de agua artificiales, evitar la contaminación, crear empleos, llevar obras y salud.

En la región pocos les creyeron. Sus habitantes sobreviven gracias a sus rebaños de llamas y a sus cultivos. Saben que sin agua y con veranos largos su subsistencia es imposible. También se acuerdan de que en la región cientos de personas se intoxicaron con mercurio cerca de una mina de la Yanacocha. Mes a mes, la movilización se fue inflando. Primero salieron a las calles, después llamaron a un paro indefinido y desde finales de noviembre paralizaron toda la provincia. Además, alrededor de las lagunas, miles de campesinos acamparon en medio del frío y la lluvia. Ahí proclamaron que "el agua es nuestra mina y no se contamina" y amenazaron con defender los pozos "con sangre".

Con cuatro meses en el poder, es la primera crisis de Humala. Como sus predecesores, y a pesar de sus promesas, envió policías al páramo, a desbloquear las vías y a proteger las instalaciones de la Yanacocha. El conflicto contagió a su gobierno, que está dividido. La semana pasada renunció José de Echave, viceministro de Gestión Ambiental, tras un enfrentamiento con el ministro de Minas. El portal IDL-Reporteros acababa de filtrar un documento del Ministerio de Medio Ambiente que afirma que en la Conga "los procesos, interacciones y servicios ambientales serán afectados de manera irreversible".

Humala terminó por decretar el estado de emergencia. Las calles están más tranquilas, pero el presidente aún no puede cantar victoria, pues en Perú hay cien conflictos ambientales latentes y la Conga es el cuarto proyecto minero frenado este año por manifestaciones. Pero el país no es una excepción. En toda América Latina, represas, carreteras, minas o proyectos turísticos han sido obstaculizados por protestas sociales, pues en el continente hay una combinación social, ecológica y política explosiva. Solucionar este rompecabezas va a ser uno de los grandes desafíos de la región.

Se calcula que en los últimos diez años los precios de las materias primas han aumentado 97 por ciento y los recursos minerales, 285 por ciento. Por eso es cada vez más rentable hacer inversiones en sitios poco accesibles como selvas o montañas, que hasta ahora estaban preservadas y olvidadas por los gobiernos.

También es claro que con sociedades extremadamente desiguales, Estados carcomidos por la corrupción, muchas veces autoritarios y con pocos espacios para la mediación, es casi previsible que las tensiones se envenenen y que los conflictos terminen desbordándose.

Pero tal vez lo que explique que las batallas contra los megaproyectos sean cada vez más efectivas es que hay nuevas formas de movilización. Como le explicó a SEMANA Brigitte Baptiste, directora del Instituto Alexander von Humboldt: "Por un lado, hay instituciones internacionales y grandes ONG que tienen un trabajo poco visible, pero con efectos a alto nivel. Pero por otro, los movimientos populares, estudiantiles, indígenas, con propuestas novedosas de trabajo colectivo, que se interconectan entre ellos y comparten estrategias, logran ser masivos y exitosos".

Con riquezas que son una verdadera oportunidad para terminar con las desigualdades y desarrollar sus países, los políticos latinoamericanos tienen un reto enorme, pues ya no pueden gobernar a espaldas de sus pueblos. Por eso, como dice Baptiste: "Está en peligro la supervivencia del continente, América Latina se juega la última oportunidad para construir una sociedad con autonomía, identidad, sostenibilidad e igualdad. Encontrar un equilibrio, más que posible, es indispensable".
 
El continente protesta
 
Brasil
Belo Monte
El tercer proyecto hidroeléctrico más grande del mundo amenaza a la selva.

El proyecto Belo Monte, una central hidroeléctrica sobre el río Xingú, en la selva amazónica, en pleno territorio indígena. Los gobiernos de Luis Inácio Da Silva y de Dilma Rousseff apoyaron el proyecto, que sería la tercera represa más grande del mundo. El 9 de noviembre, después de innumerables demandas, un juez sentenció que por ley los indígenas no tenían que ser consultados. La decisión fue apelada ante la Corte Suprema Federal.

Inversión: 11.000 millones de dólares

Empleos: 20.000

Área inundada: 50.000 hectáreas

Pobladores afectados: 14.000 indígenas de nueve tribus

Impacto ambiental: Perdida de biodiversidad, impacto sobre migración de la fauna, consecuencias sobre la calidad del agua.

Chile
HidroAysén
Cinco megarrepresas afectarían a la Patagonia.
 
Megaproyecto de cinco centrales hidroeléctricas, dos en el río Baker y tres en el río Pascua, en la Patagonia chilena, que producirían 20 por ciento de la electricidad. Fue aprobado en mayo por el gobierno de Sebastián Piñera. Más de 70 por ciento de la población rechaza los planes, que a pesar de movilizaciones masivas, sigue adelante.

Inversión: 3.200 millones de dólares

Empleos: 5.000

Área inundada: 5.900 hectáreas de reservas naturales.

Pobladores afectados: Seis comunidades mapuche.

Impacto ambiental: El proyecto afectaría seis parques nacionales, 11 reservas nacionales, 26 sitios prioritarios de conservación, 16 humedales y 32 áreas protegidas privadas. Hay fallas en los estudios sobre los riesgos sísmicos.

Bolivia
Carretera Amazónica
Una reserva indígena y natural sería atravesada.
 
Vía que tenía que conectar los Andes y el Amazonas, pero que atravesaba el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (Tipnis). El proyecto disparó una fuerte movilización, que fue duramente reprimida por el presidente Evo Morales. Provocó una marcha de más de dos meses que llegó a La Paz en octubre pasado. El proyecto fue retirado, pero Evo perdió apoyo en su base indígena y hoy su popularidad es de menos de 35 por ciento. 

Inversión: 415 millones de dólares

Área afectada: 306 kilómetros de carretera que atraviesan una reserva indígena de 1,2 millones de hectáreas.

Pobladores afectados: 6.000 indígenas de las etnias yuracaré, moxeño y trinitario.

Impacto ambiental: Deforestación, pérdida de biodiversidad, que acoge más de 2.000 especies de animales y árboles, impacto sobre ríos, llanuras y bosques subandinos.