LA HABANA CONTESTA

"Lo menos duro que puede decirse es que es algo nauseabundo. Es una farsa indignante y ridícula de pies a cabeza". Esta encendida frase es parte de un largo editorial de la publicación oficial cubana "Granma", del 21 de noviembre, mediante el cual el gobierno de La Habana rechazó la acusación que lanzara un juez federal de Miami el pasado 5 de noviembre, según la cual "cuatro altos funcionarios del gobierno cubano" estarían involucrados en un caso de tráfico de estupefacientes entre Colombia y Estados Unidos.
Después de calificar esa imputación como una "insólita y disparatada invención", dicho editorial afirmó que "el gobierno de Reagan y la CIA están abiertamente detrás de esa campaña". Declaró además que "el gobierno y el pueblo de Cuba emplazan al fiscal federal Stanley Marcus, a Thomas Enders (Secretario Adjunto de Estado para Asuntos Latinoamericanos) y a George Bush (vicepresidente de Estados Unidos y exjefe de la CIA ) a que presenten una sola prueba de las acusaciones formuladas contra los funcionarios y autoridades cubanas".
El origen de la acusación judicial fue una denuncia de la Drug Enforcement Agency (DEA) --un grupo antinarcóticos del gobierno norteamericano-- según la cual puertos cubanos fueron usados como estaciones de embarque y de suministros para que contrabandistas llevaran estupefacientes de Colombia a Estados Unidos. A cambio, según la DEA, los contrabandistas entregaron toneladas de armas norteamericanas en poder de los cubanos, a guerrilleros en Colombia. (Ver SEMANA del 16 al 22 de noviembre).
Sin embargo, tal acusación formulada por la DEA contra el gobierno cubano y difundida mundialmente por la Voz de los Estados Unidos de Norteamérica el 5 de noviembre, resultó ser sólo una versión adaptada de una serie de artículos publicados en junio por el "New York Post", un diario sensacionalista. Los autores de los artículos, Arnaud de Borchgrave y Robert Moss, según un editorial del 19 de noviembre de "The Militant", un semanario radical de Nueva York que ha investigado el caso, son "un par de artistas de la difamación periodística al servicio de la CIA".
Para Borchgrave, Moss y la DEA, cantidades de narcóticos fueron llevados a Estados Unidos, con ayuda cubana, por Jaime Guillot Lara, un colombiano traficante en drogas y armas. Este empezó a trabajar para los cubanos --según testimonios de los citados periodistas del "New York Post", después de haber recibido personalmente de Raúl Castro, la segunda figura política cubana después de Fidel Castro, "la promesa de hacerlo a él presidente de Colombia".
Escondido en Europa
Los testigos en que se apoya la DEA en este caso son Guillot, y nueve cubanos residenciados en Estados Unidos. Cinco de ellos están ya pagando una condena en prisiones norteamericanas, por tráfico de estupefacientes y Guillot, que es una pieza clave de esa historia, está desaparecido.
Habiendo sido arrestado en México por poseer falsos papeles de identidad, Guillot fue puesto en libertad por las autoridades mexicanas en septiembre y al parecer se halla desde entonces oculto en algún lugar de Europa.
Pero el testigo realmente clave, según la DEA, es otro colombiano, Juan Lázaro Crump Pérez, también conocido como Johnny Crump. Este último fue quien, según Borchgrave y Moss, presentó a Guillot ante altos mandos cubanos. No obstante, su testimonio central ha desatado polémicas. Según el "Miami Herald" del 6 de noviembre, Crump, quien encaraba una condena de 38 años de cárcel de un juez federal norteamericano, "llegó a un acuerdo" con sus captores consistente en "testificar acerca de sus tratos con los cubanos a cambio de la clemencia de un juez federal" .
Para los editorialistas de "Granma", que entre otras cosas no mencionan la espectacular trama que involucra a Guillot y Crump, el caso en su conjunto es un ejemplo más del "típico metodo a que nos tiene acostumbrados la CIA, de lanzar infundios en diversos países, para luego darles resonancia y acogida en los propios medios oficiales de Estados Unidos". Dicho editorial sí explica que Cuba durante años mantuvo una colaboración entre sus tropas guardafronteras y el servicio de guardacostas norteamericano para perseguir y desalentar el tráfico de drogas.
En esa actividad desde 1970 hasta la fecha, según el editorial, Cuba ha "detenido a 57 violadores de nuestras aguas jurisdiccionales o nuestro espacio aéreo, capturándose 36 embarcaciones y 21 aviones, y siendo detenidos 230 traficantes de drogas, 77 de ellos norteamericanos, 109 colombianos, 23 de origen cubano con residencia en Estados Unidos y 21 de otras nacionalidades".
Tal colaboración anti-tráfico de drogas, que beneficiaba a Estados Unidos por ser a ese país a donde se dirigen los narcotraficantes para la realización de sus productos, fue suspendido por el gobierno cubano a raíz de las acusaciones de Washington.
En realidad, desde el 28 de enero de este año el ministerio de Relaciones Exteriores cubano había rechazado una declaración del Departamento de Estado norteamericano que acusaba a Cuba en el mismo sentido en que lo hace la DEA. El documento de la cancillería cubana desmentía la afirmación del Departamento de Estado según la cual Jaime Guillot Lara "viajó dos veces a Cuba desde octubre de 1981 y en la segunda visita recibió 700 mil dólares del gobierno cubano para comprar armas para las guerrillas colombianas del M-19".
"Esa persona no ha estado en Cuba. No ha recibido ni un solo dólar de Cuba para ningún propósito" afirmó el gobierno cubano.--