LA HORA CERO

Durante una sesión que se desarrolló en la madrugada del jueves 24 en Washington, tras más de diez horas de infructuosas negociaciones, el grupo mediador de la OEA para Panamá admitió su incapacidad de lograr un acuerdo en el lapso previsto y sostuvo que es necesario más tiempo para superar las diferencias subsistentes. El callejón sin salida en que parece haber ingresado lo que el embajador de Panamá en México denominó "benévola injerencia" de la Organización de Estados Americanos en los asuntos internos panameños, prolonga el conflicto bajo sus términos actuales, tal vez agudizados o dramatizados al acercarse el primero de septiembre, fecha en que caduca el mandato del actual gobierno sin que se haya elegido ni designado al que lo sucederá.

Después de la desastrosa resolución del 17 de mayo, en que pareció retrotraerse a sus peores épocas de sumisión (al condenar explícitamente al general Noriega y al gobierno de Panamá, designando la misión especial con el encargo de buscar un acuerdO que asegurara "la transferencia del poder" en ese país), la OEA parece haber recuperado los márgenes de independencia que le permitieron sustraerse, en vísperas de la caída de Somoza, a los intentos de manipulación estadounidenses.

El informe de la misión especial estima indispensable "evitar la posibilidad de un incidente que, en las actuales circunstancias, podría frustrar todos los esfuerzos de solución pacífica". El documento satisfizo moderadamente al régimen panameño e irritó a la delegación norteamericana, que consideró como un fracaso total las gestiones del grupo "para remover a Noriega y propiciar una transferencia del poder" y negó que haya bases para prolongar sus gestiones.

Mientras tanto, en un artículo publicado por The Washington Post, el conocido ex subsecretario para asuntos interamericanos y experto en el tema, Sol Linowitz, predicaba aparentemente en minoría al pronunciarse por que la Casa Blanca ponga su eje en las gestiones de la OEA, asegure su "imparcialidad" respecto de las disputas internas panameñas, anuncie su disposición a suprimir las sanciones económicas en favor de una negociación, prometa ayuda para reconstruir la economía si asume un nuevo gobierno "elegido democráticamente" (o sea, grato a Washington), reafirme consistentemente "el compromiso de cumplir tanto el espíritu como el texto de los tratados de devolución del Canal de Panamá" y demuestre "paciencia y resolución al apoyar un enfoque regional el tiempo suficiente para permitirle una verdadera posibilidad de éxito".

El sentido común de Linowitz expresa un estado de ánimo del establisimento norteamericano. Noriega se ha mostrado como un hueso duro de roer y ahora parece que se cae en cuenta que, en alguna forma, resulta fatal dar marcha atrás, efectuar algún rodeo para recuperar una posición favorable en un conflicto donde la política de la Casa Blanca se ha estancado, se ha trabado en una especie de clinch, del que anhela salir lo antes posible.

De ahí que el dirigente opositor panameño Ricardo Arias Calderón, computando ese clima en Washington, haya declarado que una invasión militar norteamericana a su país como consecuencia del fracaso de la iniciativa de la OEA, "no es inminente ni probable" (tampoco dijo que fuera condenable), y añadio que "habría que aislar aún más a Noriega en todos los aspectos" y que "no es conveniente formar un gobierno en el exilio".

Por su parte, el comandante de las Fuerzas de Defensa de Panamá y hombre fuerte del régimen, general Manuel Antonio Noriega, optó por una propuesta propagandística con un espectacular efecto esclarecedor de las verdaderas causas y de los auténticos intereses puestos en juego por el conflicto norteamericano-panameño: ofreció su renuncia a cambio de que Estados Unidos entregue el canal en 1990, o sea diez años antes de lo pactado en los tratados Torrijos - Carter saliendo al paso de una propuesta hecha en tal sentido por el presidente peruano, Alan García, en una declaración que formulara en Lima y en un artículo aparecido el domingo 20 de agosto en The New York Times.

Según García, "si Estados Unidos desea la democracia en Panamá, debe anunciar al mundo que adelantará la entrega del canal interoceánico al gobierno legítimamente elegido en las anuladas elecciones del 7 de mayo, dejando así sin piso al general Noriega, pues no tendría base en sus Fuerzas de Defensa ni en la gente de buena fe en Panamá y de América Latina, que cree que defendiendo al general defiende el canal para ese país". Todo indica que a Alan García esta vez le salió el tiro por la culata.
La Casa Blanca no tardó ni 48 horas en aclarar tajantemente que "respetará los tratados", que establecen la entrega del canal de Panamá en el año 2000. La prensa panameña, por su parte, acusó al mandatario peruano de ser "un traidor que quiere utilizar el tema panameño para recibir algunos dólares de Estados Unidos".

El representante de la Casa Blanca en la OEA, Lawrence Eagleburger, no voló muy alto: comparó a Noriega con Hitler, usó el cada vez más desgastado argumento del narcotráfico y el lavado de dólares, prometió tratar al régimen panameño" como un paria en el mundo" y exhortó a las Fuerzas de Defensa a dar un golpe militar.

En cuanto al futuro inmediato todo indica que al expirar el mandato del actual gobierno, el próximo viernes primero de septiembre, así como en los días que le sigan, culminará la tensión que instrumenta la Casa Blanca con su diplomacia al borde de la invasión militar directa. El Departamento del Estado y el Pentágono emitieron sendas declaraciones para rechazar las críticas de la misión especial de la OEA sobre la "inoportunidad" de las maniobras militares norteamericanas en la zona del canal de Panamá y también las fuerzas opositoras panameñas expresaron su disconformidad con las gestiones de la entidad regional por omitir toda mención al general Noriega.

De ahí que el líder opositor Guillermo Endara se manifestara dispuesto a aceptar que se nombre primer mandatario de Panamá a un miembro del oficialismo hoy gobernante a cambio de que se vaya Noriega. Algo en que el actual elenco dirigente no está dispuesto a transigir. El ex candidato presidencial por el oficialismo en las anuladas elecciones del 7 de mayo Carlos Duque, afirmó que a partir de septiembre "Panamá va a entrar a un proceso diferente, similar al de una nueva república y un nuevo tipo de gobierno", e indicó que "existen varias propuestas de sustituir al Parlamento y al Poder Ejecutivo con otras figuras jurídicas, entre ellas una posible junta de gobierno, una eventual junta militar o un ministro encargado de la Presidencia".