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| 7/9/1990 12:00:00 AM

LA HORA CERO

Los hallazgos de cadáveres de oposicionistas desaparecidos en Chile, hacen pensar que se cierra el cerco alrededor de Pinochet.

Primero fueron 7, luego 8, más tarde se habló de 25 y ahora se dice que podrían ser 200 los cuerpos descubiertos en una fosa común en la localidad de Pisagua, en predios de una fábrica de la Fuerza Aerea Chilena. El hallazgo se presentó sólo una semana despues de que fueran encontradas en inmediaciones de Santiago, unas osamentas en un antiguo recinto del ejercito que, luego de los exámenes de rigor, resultaron ser los restos del ex dipulado comunista Vicente Alencio y del dirigente del mismo partido Eduardo Cantero, aprehendidos en 1976.

Hasta ahora han sido recuperados 25 cadáveres con varios denominadores comunes su vista está vendada, presentan impactos de fusil de guerra y constituyen en conjunto la prueba que podría llevar a que se desenmascararan las atrocidades del regimen militar de Augusto Pinochet.

Según algunos observadores, el hallazgo se presentó en un momento inoportuno, pues encendió las pasiones de los chilenos sólo unos días despues de que el gobierno del presidente Patricio Aylwin instalara la Comisión de Verdad y Reconciliación, que para muchos es un organismo destinado a buscar una solución intermedia al problema de la participación de los militares en esos crímenes. Pero los macabros hallazgos podrían conducir, por primera vez., a demostrar que el propio Pinochet tendría alguna responsabilidad en ellos.

La Comisión, dirigida por el abogado social cristiano Raúl Rettig, de XI años, está destinada, en las palabras del propio Aylwin, a "convertirse en la conciencia moral de la nación". Pero según algunos observadores, existe el acuerdo tácito en el interior del gobierno de que sus conclusiones no deberían convertirse en cabeza de procesos penales contra quienes pudieran resullar implicados.
En esas condiciones, se afirma que la única consecuencia de esas investigaciones podría ser la recomendación de indemnizaciones para las familias de las víctimas.

El ministro del Interior, Enrique Krauss, anunció la designación de un magistrado especial, proveniente de la corte de apelaciones de Iquique, con amplias facultades para investigar los crímenes. Entre tanto, no fueron pocos los políticos que respaldan al gobierno democrático que emplazaron a Pinochet y a otros oficiales del ejército para que entregaran "todos los antecedentes que posean" sobre los hallazgos.

Las palabras de Andrés Palma, vicepresidenle del partido demócrata cristiano, parecieron resumir la actitud de sus colegas, cuando reclamó que "Pinochet diga dónde están enterrados los cuerpos de todos los detenidos, desaparecidos o ultimados" bajo el régimen militar. Palma subrayó que "Pinochet es responsable de todo lo ocurrido", en una clara referencia a su condición de presidente de facto del país y de comandante en jefe del ejército.

Por su parte, algunas organizacionce humanitarias anunciaron su intención de iniciar querellas criminales contra el general retirado Carlos Forestier, quien se desempeñó como jefe de la Cuarta División del ejercito, acantonada en Iquique, luego del golpe de 1973, y bajo cuya jurisdicción estuvieron los campos de prisioneros que, según todos los indicios, funcionaron en esos predios militares. Forestier es en la actualidad asesor de la empresa militar Cardoen, en cuyos predios comenzaron precisamente las excavaciones de la semana pasada.

En medio del escándalo, comenzaron a llover críticas contra la Comisión de Verdad y Reconciliación, que se dirigían sobre todo a la generalidad de su objetivo. Andrés Domingues, coordinador de la Comisión Chilena de derechos Humanos, dijo que "la tarea de la CVR es entregar al país un informe global sobre las muertes ocurridas durante la dictadura y, por lo tanto, no trata toda la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos". Otras críticas se dirigieron contra la composición del organismo, integrado por 9 personalidades del país, entre las que se encuentra un antiguo colaborador del regimen, el abogado Ricardo Martín, pero entre las que no hay ningún representante de las familias de las víctimas.

Entre tanto, todas las miradas del país se centraban en el general Pinochet, pues la intervención de las autoridades judiciales, al margen del poder ejecutivo y de la CVR, podría llevar a la presentación formal de acusaciones contra él. Para muchos, la Fuerza Aerea, la Armada y la Policía uniformada están al margen de los asesinatos, y así parece confirmarlo la actitud positiva y serena que han asumido sus comandantes frente a las investigaciones. Pero el pánico evidente de Pinochet y otros oficiales del ejército llevan a muchos a convencerse de que esa fuerza salía el mando político responsable de las atrocidades aún no cuantificadas del "defensor de la civilización occidental" en Chile. La imprevisible reacción del ex dictador se convirtió en una amenaza tangible para la renaciente democracia del país austral.-
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