13 noviembre 2012

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La imparable presión social para detener los desahucios en España

BBC

MUNDOYa ha habido 400.000 desalojos desde el 2008. Tras el suicidio de dos deudores, bancos y partidos políticos acordaron frenar los desahucios en casos de "extrema necesidad". Pero hay dudas sobre cómo se aplicará la medida.

La imparable presión social para detener los desahucios en España.

"Quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea". Es la primera definición que el Diccionario de la Real Academia Española da a la palabra "desahucio".

Junto con "crisis" es uno de los vocablos más pronunciados en este país para hablar del desalojo de sus casas de familias que no pudieron pagar sus hipotecas, su tercera acepción en el diccionario.

Pero el drama ya se parece a la primera: en las últimas semanas se llevó vidas, dos suicidios de deudores desesperados, y se volvió una avalancha imparable que hizo reaccionar al gobierno y al principal partido de la oposición para buscar soluciones inmediatas.

La Asociación Española de Banca, con más de 80 entidades asociadas, anunció en un comunicado que paralizarán los desalojos "durante los dos próximos años, en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad".

Los mismos términos de lo que, dicen los medios locales, buscan acordar los actores políticos.

Pero el comunicado no da detalles de criterios para decidir a qué familias beneficiará esta decisión.

Los portavoces de este organismo declinaron especificarlo a BBC Mundo "para no interferir, con nuevas declaraciones, en la negociación" política en marcha.

"La banca tiene un papel secundario en este momento. Lo que está en riesgo es el clima social", analiza con BBC Mundo Fabio Bouza, catedrático de Sociología y Opinión Pública de la Universidad Complutense de Madrid.

"La presión social les está haciendo daño en las acciones que hacemos cotidianamente. Su imagen pública está muy dañada y todo el país los responsabiliza por lo que está pasando", agrega Ada Colau, vocera y fundadora de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
El lunes, miembros del gobierno y de la oposición se reunieron para negociar un acuerdo que pueda cambiar la legislación sobre las hipotecas y los desahucios.

Miedo

Fue una seguidilla de eventos que en las últimas dos semanas volvieron inocultable la tragedia y pusieron otra vez rostro a esas cifras tan dichas: 532 desahucios al día en España, registra Colau.

Van cerca de 400.000 casos desde 2008, cuando estalló también la burbuja inmobiliaria y los deudores comenzaron a perder capacidad de pago, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Desde 2010, las gestiones de PAH han logrado detener unos quinientos de los 8.000 casos de desalojos que han tramitado dentro de la campaña Stop Desahucios y han recogido más de medio millón de firmas solicitando una reforma de ley hipotecaria, aunque sin respuesta aún por parte de las principales fuerzas políticas, según su vocera.

El quiebre mediático comenzó el 24 de octubre –un día después de que unas 20 personas comenzaran a acampar a las puertas de la sede del banco de préstamos hipotecarios Bankia en Madrid para pedir que les revocaran sus desalojos

Un informe de siete jueces cuestionaba la vigencia de la ley hipotecaria de 1909 y afirma que los bancos incurrieron "en mala praxis" y "ligereza" al otorgar créditos sin analizar la posterior capacidad de devolverlos.

El reporte propone la entrega en pago de la vivienda para finiquitar la deuda y que el dinero que el Estado da a la banca como auxilio se extienda a los deudores en más aprietos.

Al día siguiente se conoció de un suicidio: un hombre se lanzó desde su balcón en Granada, justo cuando subía la comisión que iba a desalojarlo. Luego otra persona lo intentó en Valencia y quedó malherida en un hospital.

Y el viernes ocurrió otro suicidio, pero de alguien con perfil político. Una ex concejala del Partido Socialista, cercana al Lehendakari (presidente del País Vasco), hizo lo mismo que aquel hombre de Granada.

La avalancha de protestas subió la velocidad: manifestaciones y caceroladas de representantes de la Plataforma en todas las sedes del PP; pequeños ayuntamientos intervinieron para detener desalojos; pronunciamientos del sindicato que agrupa a los policías para respaldarlos si se niegan a ejecutar desahucios; dos bancos pequeños, Kutxabank y Caja Laboral, detuvieron por su cuenta las medidas que cursaban.

"Lo que empezó siendo una denuncia de la sociedad civil se convirtió en un clamor popular. El Partido Popular y el Partido Socialista están haciendo el ridículo llegando tan tarde. Desde un principio les hemos explicado que había vidas en juego. Han reaccionado porque no les quedaba más remedio", dice Colau.

Para Bouza, más tuvo que ver el miedo a un estallido colectivo.

"El miedo tremendo que tenemos a que todo esto desemboque en un conflicto social grave. Hay que darle una solución racional, intentar suspender los desahucios y buscar rápidamente un sistema que evite males mayores de impagos. Esto es algo que con toda seguridad van a parar", sostiene.

Desconfianza

Pero Joan Peinado, de 59 años, no está tan seguro como el analista. Aunque el desahucio que le habría tocado dentro de de dos días está suspendido por un mes, dice no saber qué va a pasar.

No ha podido pagar su hipoteca desde 2009 y su deuda ya se acerca a los US$300.000. Es una de esas familias que podría encajar en esos criterios "de extrema necesidad". De esos miles de hogares que viven de pensiones: la suya, por incapacidad, y la de su madre, jubilada de 85 años, para mantener a cuatro personas. Por eso, como tantos otros, escogen comer a pagar la hipoteca.

"Hasta que no lo vea claro, no confío. Lo más justo es que te condonaran la deuda y que te dejaran con un alquiler social, con tantas casas vacías", le cuenta Peinado a BBC Mundo con voz apagada.

Viviendas vacías hay muchas: un 20% de todas las disponibles, cerca de seis millones, según el Instituto Nacional de Estadísticas.

El dato, junto con el número de desahucios, es el más escandaloso de Europa, interviene Ada Colau.

La PAH pide la dación en pago, la moratoria sin distinción de todas las viviendas habituales y de deudores que dejan de pagar por causas asociadas a la crisis, y el alquiler social de esas viviendas vacías.

Y exige que estas soluciones lleguen a todos los afectados y no a una pequeña parte.

"Que se condone las deudas no es un problema solo de derechos humanos, sino económico. Si tienes a cientos de miles de personas en la exclusión social y en la economía sumergida no puedes salir de la crisis. Hasta que no se condonen esas deudas, la lucha social va a seguir", concluye Colau.
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