La justicia cojea...

Los fantasmas del pasado recorren el cono sur en busca de justicia para las víctimas de los crímenes de Estado perpetrados en la Guerra Fría, cuando el gobierno de Estados Unidos entrenaba a los militares para acabar, por cualquier medio, con la amenaza del ‘comunismo internacional’. La semana pasada la coincidencia de varios hechos pareció confirmar que los responsables se han quedado sin su poderoso aliado de otras épocas. En esos ocho días, la Corte chilena desaforó a Augusto Pinochet y en Italia fue detenido el argentino Jorge Olivera por un caso de desaparición, mientras en Buenos Aires un general se sumó a los ya detenidos por el robo de bebés durante la dictadura (1976-1982).

El hecho más novedoso fue el caso de Italia, por sus implicaciones. El mayor retirado Jorge Olivera había viajado a Europa tras una causa justa: demandar a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por el hundimiento del crucero argentino Belgrano —fuera de la zona de exclusión declarada por Londres— en la guerra de las Malvinas en 1982. Pero fue detenido en Roma a pedido de las autoridades francesas, que investigan la desaparición de la joven de esa nacionalidad Marie Anne Erize en 1976 (ver recuadro).

El entonces teniente Olivera, que servía en el Regimiento Militar de Infantería de Montaña 22 con sede en la provincia de San Juan, participó en el secuestro y desaparición de Marie Anne y de otras personas en 1976. Uno de los soldados del regimiento de apellido Bonil —que también desapareció—, contó a militantes montoneros compañeros de Erize, que Olivera y otro teniente de apellido Cardozo, se jactaban de haber violado a “la francesa”, como le decían, antes de asesinarla. Las acusaciones podrían significarle cadena perpetua en Francia, a las cuales podría sumarse un pedido de extradición del juez español Baltasar Garzón, pues la madre y la hermana de Marie Anne viven en ese país.

En un exceso de confianza, Olivera olvidó que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y el indulto otorgados en el proceso argentino de ‘perdón y olvido’, no rigen fuera de las fronteras. Marcelo Parrilli, uno de los abogados más importantes en derechos humanos, dijo a SEMANA en Buenos Aires que “lo importante es que queda claro que las leyes argentinas que impidieron el juzgamiento de estos militares no son reconocidas en ningún país del mundo, porque no son compatibles con las más elementales normas de derechos humanos”.

Las fuerzas armadas temen que haya otras detenciones en el exterior, y que sean citados por la misma causa dos oficiales en actividad, los coroneles Eduardo Vic y Eduardo Cardoso.

A la detención de Olivera se sumó en Buenos Aires la del general Santiago Omar Riveros, por los partos clandestinos en el Hospital Militar Campo de Mayo, que estuvo bajo su jurisdicción. Riveros se sumó así a otros que se encuentran en prisión domiciliaria como Jorge Ra-fael Videla, Eduardo Massera y Guillermo Suárez Masson. Se trata de la investigación sobre el robo de bebés durante la dictadura, que adelanta el juez Adolfo Bagnasco. La causa fue iniciada en 1996 por las Abuelas de Plaza de Mayo, que denunciaron un plan sistemático para apropiarse de 194 bebés, nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres. Este delito no está contemplado en las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y tampoco prescribe, porque se continúa cometiendo hasta que el menor no recupere su identidad.

“La investigación sobre los bebés siempre se toleró, porque es el único caso en el que puede haber una solución. Distinto es el tema de los desaparecidos que están muertos y entonces los responsables tienen que ir a prisión perpetua, dice Parrilli. La paradoja es que no se puede investigar el caso de un bebé asesinado durante la dictadura, pero sí el de un bebé robado, que es un delito menor”.

Esos hechos se sumaron a la decisión de la Corte Suprema de Chile que confirmó lo que ya todo el mundo sabía en el país austral: que el ex dictador Augusto Pinochet ya no podría ampararse en el fuero parlamentario para evitar ser juzgado por los crímenes cometidos por el ejército durante su permanencia en el poder entre 1973 y 1989. Pero cuando se esperaba que los abogados lo sometieran a un examen que demostrara su incapacidad por demencia, el general y su familia decidieron evitar esa humillación. Sorprendentemente, el general apareció en público para atender la visita de unos parlamentarios amigos y hacer declaraciones de rechazo a la decisión judicial. Es una nueva estrategia que podría llevar al general a enfrentar su proceso y, tal vez, a ser interrogado judicialmente. Para muchos chilenos, eso sería suficiente.