La justicia cojea...

La tranquilidad se acabó. Los ex militares responsables de crímenes de lesa humanidad en Argentina ahora duermen aún menos. Hasta hace poco confiaban en que mientras permanecieran en su país podrían evitar ser sometidos a juicio. Pero esa seguridad resultó ser tan endeble como muchos temían y se enfrentan a la posibilidad de, finalmente, pagar por sus actos. El panorama se les complicó con la llegada al poder de Néstor Kirchner, quien nunca ocultó su intención de quitar las talanqueras legales que evitaban que los responsables de la guerra sucia respondieran por la represión desatada sobre los izquierdistas en la dictadura (1976-1983). El presidente ya anunció que derogará el decreto por el cual se prohibieron las extradiciones de militares durante los gobiernos anteriores. El paso siguiente sería que la Corte Suprema de Justicia declare la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y de punto final, las "leyes de impunidad", con lo cual se reabrirían las causas contra militares por los 30.000 desaparecidos. Y la semana pasada el juez español Baltasar Garzón revolvió aún más el avispero al pedir la extradición de 46 militares argentinos responsables de crímenes de lesa humanidad. Lo perentorio de la solicitud puso en aprietos políticos al gobierno de Kirchner y a los militares en alerta roja. Inquietud en los cuarteles Los oficiales están inquietos. El primer acto de Kirchner fue enviar a retiro a los oficiales de más alto rango y se espera que en los próximos días cumpla su anuncio acerca de la extradición de los ex oficiales acusados. La semana anterior aparecieron en los periódicos locales cartas y remitidos pagos firmados por ex miembros de las Fuerzas Armadas. El capitán (r) Federico Cornejo fue sancionado con 15 días de arresto y luego lo fueron 12 marinos por firmar una solicitud de la asociación Aunar, una entidad cívico-militar nacionalista, en la que se advierte que "por ideología, revanchismo y la presión de algunos argentinos residentes en el exterior, el gobierno nacional podría llegar a posibilitar que un gobierno extranjero avasallara la soberanía del Estado, la Constitución, las leyes y los derechos de los argentinos que juró defender". El ex general Ricardo Brinzone, removido por Kirchner de su cargo, se sumó a la polémica al oponerse a la extradición de militares -él mismo ha sido acusado de participar en la masacre de Margarita Belén, cuando 22 prisioneros políticos fueron sacados de la cárcel y fusilados en 1976-. Brinzone advirtió sobre la "regresión al pasado" y cuestionó que el presidente "plantee ante la opinión pública y la sociedad situaciones vividas hace 25 años". El juzgamiento de militares por delitos de genocidio y conexos ha sido uno de los dolores de cabeza de la democracia argentina desde la caída del régimen militar en 1983. Durante el primer gobierno democrático se realizó el juicio a las juntas militares, que culminó en 1985 con la histórica condena a los generales responsables de la represión ilegal. Pero la perspectiva de que los juicios continuaran contra centenares de militares llevó al presidente Raúl Alfonsín a dictar la ley de punto final, que puso un breve plazo para la prescripción de las causas. Y luego, en 1987, la violenta sublevación de los 'Carapintadas' amedrentó a tal punto la renaciente democracia que se adoptó la ley de obediencia debida, según la cual los subalternos no podían ser acusados porque obedecieron órdenes. Ese panorama de impunidad absoluta se completó cuando el presidente Carlos Menem indultó a los miembros de las juntas que fueron condenados. Pero la verdad es sagaz y busca sus recovecos para colarse. La presión de los familiares de los desaparecidos logró que los militares empezaran a ser juzgados por dos delitos no contemplados en las leyes de impunidad: el robo de bebés y el enriquecimiento ilícito mediante el robo de las fortunas de sus víctimas. Como consecuencia los generales Jorge Rafael Videla y Emilio Massera fueron nuevamente detenidos. La justicia de varios países europeos, no conformes con las leyes que les impedían perseguir crímenes contra sus ciudadanos, empezaron a librar órdenes de captura contra los militares argentinos, lo que, de hecho, les colgó la condena de jamás poder salir de su país. Una barrera sicológica que se derrumbó indirectamente el mes pasado cuando México extraditó a España al ex marino Ricardo Miguel Cavallo. A pedido del juez Garzón terminaron sus varios años de tranquila permanencia en México, donde era un alto ejecutivo. Ni olvido ni perdon Víctor Abramovich, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), uno de los organismos más activos de defensa de los derechos humanos, explicó a SEMANA que la derogación del decreto que prohíbe las extradiciones no significa que éstas se vayan a aceptar de manera automática. Cuando el decreto deje de existir el pedido de extradición pasará a la justicia, luego de lo cual el Ejecutivo tendrá la última palabra. Por eso, "la mejor opción es la reapertura del juzgamiento en el país", opina Abramovich, es decir, que la Corte Suprema declare inconstitucionales las leyes de impunidad. Pero es que esa medida era impensable mientras permaneciera una Corte hecha a medida del gobierno de Menem, viejo aliado de los militares. Pero con el terremoto político de Kirchner los menemistas salieron del tribunal. Su ex socio Julio Nazareno renunció y otros esperan un juicio político. El propuesto nombramiento de Eugenio Zaffaroni, uno de los más reconocidos penalistas del país, conocido por su apego a los derechos humanos, hace posible que la Corte entierre las dos leyes y dé vía libre para juzgar a los militares. En ese caso no serían extraditados, pero si la justicia convalida las leyes de impunidad, "la obligación de extraditar renacería", según Abramovich. El director del Cels es optimista: "Kirchner ha dicho que su política será memoria y justicia y no impunidad. Algunos sostienen que hacer justicia debilita el sistema democrático, yo digo que hacer justicia es la única forma de fortalecerlo. Algunos dicen que se van a reabrir heridas, pero son heridas que no se han cerrado. La táctica de garantizar impunidad a cambio de estabilidad fracasó porque la demanda se mantuvo viva y el problema no se resolvió", concluye. Cualquiera sea la salida, lo cierto es que las leyes de la vida terminan imponiéndose y la justicia, aunque cojea, tarde o temprano llega. En una Argentina que se rehace tras la peor crisis de su historia el manto de impunidad con que se cubrieron los ex militares durante todos estos años parece haber sido retirado para siempre.