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| 2/23/2017 11:54:00 PM

La magnitud de las nuevas medidas de deportación de personas indocumentadas de Donald Trump

Las nuevas instrucciones de Trump para deportar indocumentados se traducen en números. ¿A cuántos afecta? ¿Cuántos niños están en riesgo de perder familiares? ¿Cuántos agentes de seguridad más serán contratados? ¿En qué quedan los "dreamers"? 3 horas.

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BBC

Para sus detractores, el presidente Donald Trump puede afectar la vida de millones de familias y menores. Aquellos que lo apoyan sostienen que simplemente está defendiendo la soberanía y seguridad de Estados Unidos.

Sin embargo, hay algo en lo que ambos grupos coinciden.

El mandatario estadounidense va en serio en lo que se refiere al endurecimiento de su política migratoria.

La prueba más fehaciente de ello son las nuevas directrices referidas a seguridad fronteriza y control de inmigrantes conocidas el pasado martes 21 de febrero.

El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, aseguró este jueves que no se realizarán "deportaciones masivas" y que no se utilizará al ejército para perseguir indocumentados, pero reiteró que las nuevas instrucciones migratorias serán implementadas.

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La administración Trump no sólo amplió el número de indocumentados que pueden ser deportados en cualquier momento, también aumentó el periodo de tiempo en el que un inmigrante sin papeles puede ser expulsado de Estados Unidos sin la mediación de un juez.

Además de autorizar la contratación de miles de agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza.
Y dispuso la creación de la Oficina para la Atención a las Víctimas de Crímenes de Inmigrantes.

A continuación te mostramos cinco cifras que muestran los alcances de las nuevas directrices de Trump en uno de los temas más polémicos de su presidencia: la política hacia los indocumentados.

11 millones

La cantidad de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos ronda los 11 millones, de acuerdo al Centro de Estudios Pew, con sede en Washington D.C.

Durante el gobierno del expresidente Barack Obama, entre 2009 y 2015 Obama deportó más que ningún otro presidente, cerca de 2,5 millones de personas. Lo que le valió el poco cariñoso apelativo de "deportador en jefe".

El Departamento de Seguridad Nacional sólo apuntaba a deportar a aquellos ilegales con antecedentes o condenados por delitos graves y quienes eran considerados una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

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Sin embargo, desde la puesta en vigencia de las nuevas instructivas de Trump, prácticamente los 11 millones en situación irregular pasan a estar en riesgo de ser deportados.

Y aunque no significan que todos los indocumentados serán expulsados durante el mandato de Trump, sí que cualquiera de esas personas puede ser perseguida y deportada por un infracción menor como un incidente de tráfico o incluso por ser sospechosa de cometer alguna ilegalidad.

"Ahora cualquier indocumentado puede ser considerado como prioridad para ley de inmigración. El gobierno de Trump ha creado un plan para la deportación masiva como nunca lo hemos visto", concluyó, por su parte, la directora del NILC Marielena Hincapié.

Por su parte, Kamal Essaheb, director de Políticas y Abogacía del Centro Nacional de Leyes e Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés), señala que de los que ahora pasan a estar en riesgo "muchos llevan décadas viviendo en Estados Unidos".

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66% de los indocumentados lleva más de 10 años viviendo en Estados Unidos, de acuerdo al Centro Pew.

Por otro lado, organizaciones como la Federación para la Reforma de la Inmigración en Estados Unidos, defienden las medidas de Trump y señalan que ellas fueron "aceptadas por los votantes estadounidenses".

5 millones

Es común que el estatus migratorio de los diferentes miembros de una familia no sea el mismo y eso también puede acarrear dificultades.
Essaheb, del NILC, estimó que son 5 millones de menores los que corren el riesgo de perder a sus padres o supervisores debido a las nuevas normativas de Trump.

De acuerdo al experto, este puede ser uno de los "mayores impactos" de la política migratoria vigente.

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"Para los menores que corren el riesgo de quedarse sin padres o familias esto puede traer efectos psicológicos, educativos y también económicos", afirmó Essaheb.

La nueva directiva también establece que aquellos padres que faciliten o promuevan el ingreso de sus hijos a territorio estadounidense de manera ilegal podrán ser procesados y deportados, sin importar que tengan otros menores a su cargo en EE.UU.

750.000

Hasta la fecha, 750.000 jóvenes indocumentados se beneficiaron de la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), promovida por Obama para beneficiar a inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños.

Se trata de los denominados dreamers, quienes tienen la posibilidad de acceder a estudios bajo las mismas condiciones que un estadounidense, optar por permisos temporales de trabajo y tener licencia de conducir.

El mismo Donald Trump reconoció la anterior semana que los dreamers son un asunto "muy difícil de manejar para él" y se comprometió a atenderlo "con el corazón".

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Las nuevas instructivas gubernamentales no afectaron al DACA, sin embargo expertos en política migratoria de Estados Unidos señalan que este grupo permanece en la incertidumbre, mucho más considerando que los dreamersdeben renovar sus permisos de trabajo cada dos años y su residencia en Estados Unidos permanece prácticamente en suspenso.

Pese al respaldo que tuvo la iniciativa de Obama, la política de Acción Diferida también tiene detractores en Estados Unidos.

En criterio del presidente de la Federación para la Reforma de la Inmigración en Estados Unidos, Dan Stein, "DACA fue un ejercicio demasiado amplio e inconstitucional del poder ejecutivo del presidente Obama que probablemente habría sido derrotado por los tribunales si hubiera sido cuestionado".

"Además de ser inconstitucional, DACA también provocó un aumento de la inmigración ilegal de menores no acompañados y familias con niños. El mensaje que envió fue que el hecho de venir ilegalmente a Estados Unidos, o de traer a niños aquí ilegalmente, sería recompensado", señaló Stein en la página web de la institución que dirige.

15.500

10.000 nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, 5.500 plazas más para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

De ellos 500 serán agentes especiales que operarán en mar y aire.

Las nuevas contrataciones serán, según la instructiva divulgada por el Departamento de Seguridad Nacional el martes pasado, "para hacer efectivas las leyes de inmigración en Estados Unidos, de acuerdo con las directrices del presidente".

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"Son necesarios agentes adicionales", indica la instructiva gubernamental.

Además, la administración Trump anunció la creación de una nueva entidad: la Oficina para la Atención a las Víctimas de Crímenes de Inmigrantes.
Esta institución se encargará de registrar, recabar información y dar seguimiento a todas las denuncias que se presenten contra inmigrantes para establecer la situación legal del acusado en Estados Unidos.

24

Por último, las expulsiones inmediatas se pueden incrementar gracias a las últimas directrices de Trump.

Con Obama, las denominadas deportaciones expeditas se aplicaban dentro de un límite de 160 kilómetros de distancia de la frontera para aquellos que llevaban menos de 14 días en suelo estadounidense.

Ahora, sin necesidad de la mediación de un juez, el Departamento de Seguridad Nacional puede disponer la expulsión inmediata de cualquier indocumentado que lleve menos de dos años en Estados Unidos en cualquier lugar del país.

Organizaciones de la sociedad civil estadounidense consideraron esta última disposición como un intento de la administración Trump de pasar por alto a la justicia y una violación de los derechos de los indocumentados.

"El Presidente Trump no tiene la última palabra aquí: los tribunales y la población no permitirán que este sueño no americano se convierta en realidad", afirmó Omar Jadwat, director de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de las Libertades Civiles, con sede en Nueva York.

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