Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2006/07/01 00:00

La pesadilla de Bush

La decisión de la Corte Suprema sobre la ilegalidad de los juicios para los detenidos de Guantánamo es un golpe más a la imagen internacional del gobierno de Washington.

Los detenidos en Guantánamo tienen una nueva esperanza de justicia

El gobierno de George W. Bush se enfrenta a una gran amenaza en Cuba. Pero esta vez el problema no corre por cuenta de Fidel Castro, sino por la insistencia del Presidente por mantener en la base de Guantánamo un cuestionado centro de detención en su guerra contra el terrorismo. A la extrema tensión que genera el tema, se le sumó la semana pasada la sentencia de la Corte Suprema estadounidense que declaró ilegales las 'comisiones militares' especiales en las que se pretendía juzgar a los detenidos, porque fueron creadas sin la autorización del Congreso, y porque, al no brindar garantías a los reos, van en contra no sólo de la Convención de Ginebra, sino de la Constitución de ese país.

Detrás del fallo está la historia de un hombre, Salim Ahmed Hamdan, quien en 2002 fue uno de los primeros en ser conducidos a esa bahía que Estados Unidos tiene en arrendamiento desde hace un siglo en Cuba. Hamdan era el chofer y guardaespaldas de Osama Ben Laden y está acusado de conspirar para cometer crímenes de guerra. Fue el primero al que se le inició un juicio ante una 'comisión militar', y sus abogados demandaron la ilegalidad de esa instancia.

La Corte tumbó el estatus de 'combatientes ilegales' que se aplica a los detenidos en Guantánamo sin que exista en ninguna norma internacional. Según los juristas de la Casa Blanca, incluido el actual procurador general, Alberto Gonzales, esos 'combatientes ilegales', por estar fuera de Estados Unidos no tenían derecho a las garantías del sistema judicial norteamericano, ni se podían acoger a la Convención de Ginebra, que regula el trato a los prisioneros de guerra. La teoría se basa en los poderes recibidos por Bush luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La explicación oficial, según dijo a SEMANA Luz Nagle, profesora de derecho internacional de la Universidad de Stetson, es que Washington quería "mantener la reserva de los expedientes de los hombres que podrían contener datos de seguridad nacional, información que sería pública si fueran juzgados por las cortes federales en Estados Unidos".

Aunque se abre un espacio importante, la verdad es que este no es el golpe que los activistas de derechos humanos y la comunidad internacional estaban esperando para el cierre de la cuestionada cárcel. Para la profesora Nagle, "esta no va a ser la estocada final para Guantánamo, pero sí un golpe durísimo para la administración, porque le dijeron a Bush: usted no es el rey, aquí hay otros poderes con los que debe contar".

Todo parece indicar que Guantánamo seguirá en pie. El viernes en la mañana los noticieros mostraron imágenes de la cárcel en las que se estaban reforzando las medidas de seguridad y logística. Como señaló Nagle, "la prisión representa la tiranía de Estados Unidos con los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario" por su guerra contra el terrorismo. También es el símbolo de los otros centros de reclusión que ha creado el país del norte en el mundo y de los que se sabe muy poco.

En enero de 2002, la base se convirtió en una cárcel de máxima seguridad. Desde entonces, han estado detenidas más de 750 personas supuestamente involucradas con Al Qaeda, de las que sólo 12 han sido sindicadas ante los tribunales. Según cálculos de las organizaciones de derechos humanos, sólo habría evidencias contra 80 de los 450 presos que aún se encuentran detenidos.

Eso querría decir que más de 400 personas han estado presas en condiciones infrahumanas y sin la menor posibilidad de defender su inocencia. Por eso, la semana pasada se oyeron voces, a ambos lados del Atlántico, que celebraron la decisión de la Corte que, según muchos, podría devolver a Estados Unidos su carácter de país regido por la justicia y la ley.

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