La ‘refundación’ en marcha

Ecuador acaba de iniciar el viaje hacia su propia versión del 'Socialismo del siglo XXI'. El jueves se instaló en Montecristi la Asamblea Constituyente de "plenos poderes" y mayoría oficialista que tendrá seis meses -prorrogables otros dos- para redactar una nueva carta política, no sin antes disolver el Congreso controlado por la oposición.

La Asamblea ha sido el principal objetivo del presidente Rafael Correa, quien desde cuando asumió el poder prometió "refundar la República". Por ese camino se ha enfrentado al Congreso -en el que no tenía representación-, así como a importantes medios de comunicación y a los banqueros. Dentro de la Constituyente, el oficialismo prepara varias reformas para regular la economía, incorporar la reelección presidencial por un solo período, ampliar los mandatos de cuatro a seis años y conjurar una crisis política que impidió a los tres antecesores de Correa terminar su mandato. "Es ahora o nunca, si esta vez no logramos que el país cambie radicalmente en forma pacífica, la próxima vez la gente va a querer cambiar en forma violenta porque no va a aguantar más", ha dicho el Presidente.

La ciudadanía en su mayoría está de acuerdo en que se deben 'despartidizar' las instituciones para hacerlas más efectivas y combatir la corrupción generalizada, pero hay serias diferencias en puntos como la cuestión económica y el alcance de los poderes de la Asamblea.

Mientras algunos sectores están de acuerdo con la liberación de la economía, Correa y sus aliados de la izquierda insisten en que la Constitución debe sentar las bases del denominado "socialismo del siglo XXI", teoría del politólogo Heinz Dieterich -asiduo visitante del Ecuador- tomada prestada por el presidente venezolano Hugo Chávez, hombre cercano a Correa.

Por otra parte, hay quienes están contra los "plenos poderes". Los congresistas se niegan a aceptar la decisión de la Constituyente, tomada en su primer dia de labores, de declararlo en receso. Al respecto Alberto Acosta, presidente de la Asamblea, y del oficialista Alianza País, dijo a SEMANA que "ningún poder puede ponerle límites o condiciones al constituyente. Hagan lo que hagan los diputados, su tiempo ha terminado".

Pero para el presidente del Congreso, Jorge Cevallos, "si se consuma ese hecho, sería un mal precedente para la democracia". El diputado advirtió que sólo dejará de sesionar por la fuerza y pidió a la Fiscalía que aprese a los promotores de su disolución por atentar contra la seguridad del Estado. Incluso llamó a las Fuerzas Armadas a evitar una "ruptura democrática", lo que no tuvo eco en los cuarteles. El miércoles, y como para precaver el enfrentamiento, el Legislativo se había también declarado en receso hasta el 3 de enero.

Según los planes del oficialismo, en lugar del Congreso legislará una comisión de asambleístas hasta cuando se convoquen nuevas elecciones. Mientras Correa justifica la decisión como la "corrupción e incompetencia" de los legisladores, estos lo llaman "dictador" y lo acusan de querer concentrar todo el poder en sus manos.

En medio de esta pugna de poderes, el presidente Correa puso su cargo a disposición de la Asamblea, que lo ratificó, según Acosta, "porque él fue el primer ciudadano en reconocer el poder Constituyente de la Asamblea".

Correa, a diferencia de Chávez, se ha mostrado en contra de la reelección presidencial indefinida. En cuanto a otras reformas, "se desmontará la estructura neoliberal, se regulará la economía y se impedirán las prácticas monopólicas", aseguró Acosta a SEMANA. Para el asambleísta más votado por los ecuatorianos, "aún hay muchas gentes que no han entendido lo que es la verdadera democracia y que ahora el viejo poder ha sido derrotado por los grupos de izquierda".