Martes, 24 de enero de 2017

| 2001/09/24 00:00

La revolución chavista

El paquete legislativo dictado por el presidente tiene a Venezuela de cabeza. ¿Qué tan explosivas son esas normas?

La revolución chavista

Aunque el presidente Hugo Chavez se negó a reconocerlo lo cierto es que más del 90 por ciento de los 23 millones de habitantes respaldó el paro cívico del 10 de diciembre convocado por la patronal de Fedecámaras. Lejos de aceptar la fuerza del hecho político y el diálogo el mandatario resolvió endurecer su posición y

polarizar aún más una sociedad profundamente conmocionada. Chávez reiteró que no va a modificar las leyes porque, en su opinión, “los que deben rectificar son los oligarcas de Fedecámaras”, lo cual aleja las posibilidades de entendimiento.

El gobierno intentó contrarrestar el movimiento por dos medios. Llevó a Caracas a varios millares de campesinos a 100 dólares por cabeza para llenar las calles desiertas. Y aprovechó la celebración del día de la Fuerza Aérea para hacer demostraciones con el sobrevuelo de aviones. Pero a pesar de que el paro fue un éxito inocultable el gobierno calificó la paralización del país como “rotundo fracaso” en la voz de los diputados oficialistas

La causa de ese estado de shock en que se encuentran los venezolanos está en un paquete de 49 leyes-decreto que Chávez firmó de un plumazo al filo de la medianoche del 13 de noviembre pasado, a tiempo que concluía un año de su habilitación legislativa de poderes especiales que le permitía legislar por decreto, es decir, por sí y ante sí. Por lo que parece el presidente decidió usar los últimos momentos de vigencia de sus poderes para sorprender a los sectores productivos y sociales del país. Tal vez preveía, correctamente, que la reacción de éstos no se haría esperar.

El paro demostró que Chávez no las tiene todas consigo. Los empresarios, animados por su éxito, han dicho que continuarán con sus acciones para intentar por la vía institucional suspender y reformar las leyes. Entre tanto la poderosa Confederación de Trabajadores de Venezuela, presidida por el opositor Carlos Ortega, también anunció que reforzará la lucha al proponer una huelga general, esta vez indefinida, si el gobierno no modifica el paquete legislativo.

Entre las acciones planteadas se cuenta un referéndum, la intervención de la Asamblea Nacional y la impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia. Según dijo a SEMANA Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras, las tres acciones llevarán más de seis meses, durante los cuales las leyes van a aplicarse.

Las normas

Para los asesores de Fedecámaras, como Juan Manuel Rafalli, las leyes decretadas han generado una peligrosa conflictividad, anarquía e ingobernabilidad. “Las leyes van por un lado, el gobierno por otro, la población por otro y las instituciones por su lado”, dijo. El paquete plantea, ni más ni menos, un cambio de modelo en el cual Venezuela pasa de una incipiente economía de mercado a un sistema de “mayor control, intervención, planificación, centralismo y dirigismo por parte del Estado, dijo Carmona. Nos retrotrae a un pasado que ha fracasado”, añadió al referirse al modelo de la Cepal que tanta aceptación tuvo en los años 60 en América Latina.

Para el economista Emeterio Gómez, ex activista de izquierda, la orientación de las leyes chavistas es “puro comunismo” que ha fracasado en Rusia, China y Cuba, donde están abrazando modelos neoliberales mientras que el gobierno venezolano regresa a un “pasado nefasto”, dijo a SEMANA.

Los opositores objetan 10 de las 49 leyes. Las más polémicas son las de Hidrocarburo, de Tierras, de Zonas Costeras, de Pesca y de Registro y Notarías.

De acuerdo con el análisis de Fedecámaras estas leyes “atentan contra el derecho a la propiedad privada y vulneran la iniciativa privada y la libertad de empresa, lo cual creará desinversión y desempleo”. En su estudio, la Ley de Hidrocarburos establece una regalía entre 30 y 20 por ciento fijo a las empresas petroleras públicas, privadas o mixtas independientemente de la rentabilidad que produzcan. También fija en más de 51 por ciento la participación del Estado en los negocios del hidrocarburo. “La Ley afectará las inversiones y la competencia al establecer regalías más altas y limitar la participación del capital privado”, afirma el análisis de la patronal. También “aumenta significativamente el impuesto que paga el público por el consumo de gasolinas, aceites y otros derivados del petróleo, encareciendo estos productos”.

La Ley de Tierras “ahuyentará las inversiones agrícolas al permitir su expropiación y conceder derechos a los ocupantes e invasores de tierras ajenas. Permite al gobierno determinar a su antojo qué se sembrará en cada finca del país y en consecuencia decidirá qué comerán los venezolanos”. Las tierras ociosas pagarán impuestos, de lo contrario el Estado se quedará con ellas. Y en el detalle más inquietante, elimina el concepto de propietario y lo cambia por el de usuario. Como consecuencia, en la nueva Ley de Tierras “las parcelas agrícolas no servirán como garantía para pedir préstamos bancarios”, dice Carmona.

La Ley de Zonas Costeras también ha causado ampolla. La norma declara de dominio público todo lo que se encuentre dentro de 80 metros de la orilla. Eso significa que fue traspasado al Estado el dominio de las propiedades a no menos de 80 metros de lagos, mares y ríos, incluyendo viviendas, terrenos, cabañas de pescadores, varaderos, muelles, marinas, etcétera. “Es la mayor confiscación que se registra en el mundo”, denuncia Carmona, al calcular 30.000 kilómetros cuadrados que serán afectados, una superficie del tamaño de Bélgica.

La Ley de Zonas Costeras establece una franja no menor de 500 metros desde la marea más alta, en la cual sólo se podrán realizar actividades que el gobierno determine en su plan integrado de administración costera.

Por su lado la Ley de Pesca reserva seis millas desde la playa a los pescadores artesanos en productos vitales como las sardinas, moluscos y pepitonas, los cuales no pueden satisfacer la demanda. “Ello causará escasez y encarecimiento de estos productos de consumo popular”. También limita después de la zona de seis millas a los pescadores industriales para atrapar especies populares, lo cual provocará desabastecimiento. Y pone impuestos a los pescadores industriales, lo que encarecerá los precios.

Otra ley que ha causado escozor es la de Registros y Notarías, que permite a los registradores decidir cuál debe ser el capital de la empresa según su tamaño, lo que permite crear mayores impuestos al fisco y ganancias a los registros. Esa ley, además, creó un vacío legal sobre el registro de los inmuebles que, para algunos, es una brecha que podría afectar el ejercicio de la propiedad sobre los mismos.

Se trata de un paquete legislativo que pone los pelos de punta a más de uno. Son normas que podrían servir como base legal para hacer una revolución de corte socialista sin que haya mediado un debate amplio y democrático sobre su conveniencia. Los opositores no parecen dispuestos a agachar la cabeza y Chávez está más desafiante que nunca. Los tiempos que vienen en Venezuela podrían ser aún más calientes.

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