Sábado, 20 de septiembre de 2014

| 1988/09/26 00:00

A LAS BUENAS

A mes y medio del plebiscito, y con el viento a favor, Pinochet levanta el estado de emergencia.

A LAS BUENAS

El tigre comenzó a esconder los dientes. A escaso mes y medio del plebiscito que decidirá si los chilenos desean otros ocho años con los militares a la cabeza del Estado, el régimen del general Augusto Pinochet se decidió por la política de la "mano blanda". Así se calificó al menos el anuncio hecho por el Ministerio del Interior la semana pasada según el cual se suspendieron el "estado de emergencia" y el "estado de perturbación de la paz interior" a partir del pasado viernes 26.
Hasta ese momento, Pinochet o sus delegados (ministros o miembros de las Fuerzas Armadas) podían "desterrar o confinar sin juicio previo a opositores del régimen, controlar la correspondencia y las comunicaciones", así como "impedir el libre tránsito de las personas las reuniones públicas y las libertades de prensa opinión e información". Toda esa cadena de limitaciones debería romperse si se empiezan a ver en la práctica los anuncios hechos por el ministro del Interior, Sergio Fernández. Con la única excepción del regreso de los exiliados (cuyo retorno todavia está prohibido), los chilenos pueden volver a gozar de libertades que hace rato habían perdido.
El sorpresivo cambio de tono del Palacio de la Moneda en Santiago, no dejó de tener su explicación. Si todo sale como está previsto, Pinochet debe ser el escogido este martes, cuando la junta militar designe al candidato cuyo nombre será puesto a consideración de siete millones de votantes chilenos, quienes decidirán a comienzos de octubre si el régimen castrense se "proyecta" hasta 1997. A pesar de que en noviembre llegará a los 73 años de edad, el dictador está dispuesto a "sacrificarse" por la patria. "Las Fuerzas Armadas deben consolidar su misión", dice.
Y por lo visto la tarea es larga. En caso de triunfar en el plebiscito, Pinochet podría completar 24 años al frente de los destinos de este país de 12 millones de habitantes. Entronado en el poder desde el golpe de estado que derrocó al entonces presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, el dictador ha conducido a Chile con mano de hierro. Su política abiertamente anticomunista condujo a innumerables casos de torturas y desapariciones, al igual que produjo un éxodo masivo de chilenos al exterior (más de un millón, según la Iglesia Católica).
Con semejante pasado, es obvio que el general quiere mostrar su lado amable. Los diferentes sondeos indican que los partidarios del "no" llevan la ventaja, a pesar de que el gobierno ha recortado terreno. En caso de perder, Pinochet se vería obligado a llamar a elecciones libres y multipartidistas a finales de 1989.
Claro que en los círculos del Palacio de la Moneda nadie duda sobre el triunfo. Aparte de sus gestos "conciliadores", el régimen debe beneficiarse de la buena situación económica que ha hecho de Chile el modelo de los bancos internacionales. Gracias a una política descrita como "liberal", el país austral ha logrado colocar la inflación bajo control, mantener una tasa de crecimiento cercana al 6% anual y disminuir el desempleo. A diferencia del pasado boom a comienzos de la década -que fue financiado con endeudamiento externo- en este caso la responsabilidad de la situación le corresponde al dinamismo del sector exportador. El cobre (principal fuente de ingresos) ha aumentado sustancialmente de precio y se han logrado crear nuevos mercados en otras áreas. Al lado del descalabro argentino o de la confusión peruana, la prosperidad chilena es alabada por los principales países occidentales.
El peso de ese factor no se puede descuidar. En el pasado plebiscito escenificado en 1980, Pinochet se llevó el 67% de los votos ayudado en buena parte por la buena cara que en ese entonces mostraba la economía.
No obstante, en esta oportunidad las cosas se le presentan más complicadas al general. En primer lugar, la oposición política está mejor organizada y cuenta con el respaldo de amplias franjas de la población. Aun cuando regían los estados de excepción, abolidos la semana pasada, las diferentes protestas públicas fueron suficientes para mandarle un campanazo de alerta al régimen.
Esa fortaleza relativa se debe poner a prueba a partir de este martes, cuando se confirme si Pinochet es el hombre escogido por la junta militar. En protesta, una agrupación de 16 partidos que integran el "Comando Nacional por el No", ha invitado a la población a hacer sonar las cacerolas a las ocho de la noche, hora de Santiago.
Si bien el ruido que se haga en la capital chilena no permitirá pronosticar el resultado del plebiscito, es indudable que la jornada será el abrebocas de la actividad política. En los próximos días tanto los civiles como los militares deberán acostumbrarse a un nuevo ambiente en el cual las cosas permitidas son ahora más que las prohibidas.
Lo que suceda en septiembre permitirá también medir el compromiso real del régimen hacia el restablecimiento de las libertades individuales. Por el momento, el saldo no es favorable al gobierno. El mismo día en que se anunció la suspensión de los estados de excepción, el director del semanario Cauce, Francisco Herreros, fue detenido bajo la acusación de haber "calumniado al procurador militar" en un artículo. A pesar de que Pinochet ha repetido una y otra vez que "esta no es una dictadura, sino una dicta-blanda", la evidencia indica que no es asi. Las cosas en Chile siguen apretadas y en octubre los ciudadanos decidirán si más vale dictador conocido, que democracia por conocer.


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