Las fosas mexicanas del horror

Nunca vi nada así, se le escucha decir al nervioso policía apostado en la punta del monte, el rifle atento. A unos pasos la tierra cortada; hay cinco hoyos bien trazados, son cinco fosas que escondían los fragmentos de 28 cuerpos calcinados. Bajo la arena se logran ver troncos de árboles chamuscados, ramas marchitas manoseadas por el fuego. Un pedazo de pantalón de mezclilla. Banderines rojos que marcan el terreno y una cinta amarilla con el rótulo “Escena del crimen”.

El silencio queda ahogado por un zumbido: es el concierto de las moscas. En todo México al ver esas imágenes contenemos la respiración. Los informes oficiales, basados en las declaraciones de los enterradores, aseguraban que en esos hoyos estaban los restos de 17 de los 43 alumnos desaparecidos que estudiaban en una escuela normal rural para ser maestros. Pero tuvieron la mala suerte de viajar a Iguala durante el informe de la esposa del presidente municipal, fueron reprimidos por la Policía municipal y entregados a sicarios del cartel local Guerreros Unidos. Estos los obligaron a subir caminando a ese monte, a cavar sus tumbas y a tenderse sobre unos troncos donde los quemaron.

Dos días después se informó del hallazgo de cuatro fosas más. Luego de otras. Y otras. La suma va en 19 con un número indeterminado de restos.

El hallazgo de fosas no es novedad en México, donde la administración anterior heredó una cifra de 27.000 personas desaparecidas (sin contar las 100.000 asesinadas en la “guerra contra el narco”), a la que se han sumado 9.000 desaparecidas durante los dos años y medio con el nuevo presidente.

Sin embargo, este episodio caló más, más que la masacre de los 72 migrantes o la disolución de 300 personas en ácido por venganzas entre narcos o el calcinamiento de más de 50 durante el incendio intencional en un casino. Y caló más por que las víctimas son estudiantes de los más pobres del país, la mayoría indígenas, y, sobre todo, por la constatación de lo que muchas víctimas decían: que las autoridades trabajan con los narcotraficantes.

Todo empezó la noche del 26 de septiembre cuando decenas de estudiantes de la Escuela Normal Rural del pueblo de Ayotzinapa viajaron a la ciudad de Iguala (a una hora), donde la esposa del alcalde José Luis Abarca daba su informe de gobierno. Como consecuencia de su intromisión fueron reprimidos por la Policía municipal. El saldo: dos normalistas, un jugador de fútbol adolescente, un taxista y una pasajera asesinados; una veintena de estudiantes heridos (uno presenta muerte cerebral) y 48 desaparecidos.

La dimensión de la maldad se tuvo tres días después con el hallazgo del cuerpo de otro estudiante que apareció tirado en una calle sin ojos, sin piel y sin carne en el rostro. Los policías municipales detenidos revelaron que entregaron a los estudiantes a sicarios del cártel Guerreros Unidos. Los testimonios de los sobrevivientes mencionan que junto a los policías disparaban hombres de negro. En algún momento aún no esclarecido, la Policía entregó a sus detenidos a los sicarios.

La agresión videograbada y las investigaciones periodísticas se convirtieron en la constatación más descarnada de lo que por años las víctimas de la violencia señalaban: que en algunas zonas los gobernantes y los narcotraficantes son los mismos; la narcopolítica gobierna territorios; gobierna Guerrero.

En este caso el alcalde del municipio se fugó con su esposa (hermana de narcotraficantes en activo) a la vista de todos, minutos después de que acudió al Cabildo a pedir licencia. Al director de la seguridad pública y jefe de la Policía lo dejaron ir libre, y es uno de los prófugos.

El pasmo generalizado empujó al presidente Enrique Peña Nieto a anunciar que enviaría toda la fuerza del Estado a buscar a los estudiantes y que castigaría a los perpetradores. Pero siguen sin aparecer los cuerpos.

Conforme siguen las excavaciones más fosas continúan apareciendo --al momento suman 19-, pero todos los cuerpos han sido descartados como de los normalistas.

La tragedia activó resortes insospechados: El Erpi, un grupo guerrillero que opera clandestinamente en el estado anunció que ejecutará a quienes participaron en la represión; narcotraficantes firmaron varias mantas expuestas en la vía en las que exigen liberar a los 22 policías arrestados por la barbarie (ya suman 14 de un municipio vecino), a cambio de no matar inocentes y no revelar los políticos que los protegen; grupos de autodefensas indígenas llegaron a la zona para activar brigadas de búsqueda; los estudiantes de normales rurales del país y de universidades públicas como la Unam, así como maestros disidentes, iniciaron paros en protesta.

En los años setenta Guerrero, el estado que encabeza siempre los índices de pobreza gestó dos movimientos guerrilleros liderados por maestros, uno de ellos proveniente de la Normal Rural de Ayotzinapa. Durante la “guerra sucia” de esa época acaparó la lista de desapariciones –incluidos ‘vuelos de la muerte’ para echar disidentes al mar– cometidas por la Policía y el Ejército, que no han sido sancionadas.

Allá la Justicia no funciona y la gente la hace a propia mano. Por el abandono del gobierno hace dos décadas surgieron grupos de policías comunitarios indígenas que imponen sus leyes. Es también cuna de grupos guerrilleros que cada tanto son reprimidos por el Ejército: torturas, violaciones, asesinatos o desapariciones forzadas.

Es un territorio apetecible para pueblos que cambiaron el maíz por la amapola, con lo que se convirtió en el principal productor de ese enervante. El diagnóstico oficial es que operan al menos cuatro carteles que disputan las rutas.

En 2010, en Taxco, cerca a Iguala, se habían encontrado 55 cadáveres en una mina abandonada. Todos con la marca del crimen organizado: las muñecas atadas por la espalda, la cinta canela clausurándoles la vista, el calzón hecho nudo en la boca o el costal anudado a la cabeza al momento de las torturas.

Otro episodio que conmocionó fue el hallazgo de los cuerpos de 18 turistas michoacanos que viajaban en un autobús a las playas de Acapulco, confundidos con sicarios. Aventar cabezas humanas era una modalidad común entre grupos enemigos para mandarse mensajes; en un solo episodio llegaron a arrojar diez a una avenida.

A raíz del escándalo comenzaron a surgir historias sobre las torturas, ‘levantones’ (secuestros temporales), desapariciones o asesinatos que en ese municipio han sufrido líderes sociales que osaban cuestionar al alcalde. Todas operadas por sicarios con la complicidad (cuando no la autoría) de las policías municipales.

Los normalistas entraban en esos parámetros: se oponen a los planes privatizadores del gobierno que pretende cerrar las escuelas subsidiadas y mantienen una lucha eterna por el aumento de plazas y el pago de raciones alimentarias.

“Las Normales, esas escuelas para formar maestros populares, han sido semillero de rebeldes e inconformes. Ideadas por los gobiernos posrevolucionarios para masificar la educación, son uno de los pocos legados que quedan de la Revolución”, explica la investigadora Rossana Reguillo. Ayotzinapa es una de las que tienen más muertos, y de las más adoctrinadas.

Circulan versiones sobre los resortes que activaron la barbarie. “El presidente municipal perdió el control. Su vieja estaba tan encabronada de que le echaran a perder su acto que se le hizo fácil dar la orden a su hermano el Molón, que ordenó a los Guerreros Unidos llevárselos a Los Ayotzinapos para madrearlos”, explica un miembro del Cabildo.

Un derechohumanista lanza otra teoría: Fue en venganza por los destrozos causados en el Palacio Municipal un año antes cuando se manifestaron contra el alcalde a quien consideran autor del asesinato del líder social Arturo Hernández Cardona.

Se llegó a esto, indicó el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares, por “la sensación de intocable del presidente municipal que era cobijado por el Congreso del Estado, el gobernador y su partido que le generaba un marco de impunidad”. Otras hipótesis gravitan más sobre el crimen organizado. Una dice que un falso rumor señalaba que los estudiantes eran sicarios del cartel de Los Rojos que llegaron a disputar terreno. Otra más: Los sicarios consideran que el Erpi está infiltrado en los normalistas, y quisieron darles una lección para delimitar su territorio.

Sea cual fuere la verdadera, lo cierto es que los estudiantes estaban marcados por un fuerte estigma alimentado desde el gobierno estatal (a cargo de un priísta pasado al PRD, partido de izquierda) que los acusa de vándalos y ha tratado de cerrar la Normal Rural. En uno de los forcejeos, en diciembre de 2011, murieron dos normalistas mientras bloqueaban la Autopista del Sol.

El Ejército, aunque tiene instalaciones a menos de tres kilómetros, no intervino para frenar la persecución; los cuerpos duraron horas tirados en el pavimento y ningún ciudadano acudió a ponerles una cobija.

El mal manejo de la crisis por parte de las autoridades, la tardía búsqueda de los estudiantes, la pelea entre los gobiernos estatal y el federal (el primero es del PRD, el segundo es del PRI), han hecho que familiares y estudiantes desesperen y radicalicen sus protestas. La última fue la quema del Palacio de Gobierno del estado y el municipal de Chilpancingo, la capital de Guerrero. Poco a poco se les han unido otras organizaciones. Si no se encuentran a los desaparecidos esto podrá convertirse en una bomba expansiva.