17 noviembre 2012

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Las hipotecas suicidas

ESPAÑALos deudores españoles se están quitando la vida. Las medidas del gobierno tratan de frenar el fenómeno, en medio de protestas generalizadas.

Las hipotecas suicidas. Las protestas del jueves en Madrid se tornaron violentas y hubo varias decenas de heridos. Uno de los temas que desencadena los desórdenes es el drama de los deudores desahuciados de sus casas.

Las protestas del jueves en Madrid se tornaron violentas y hubo varias decenas de heridos. Uno de los temas que desencadena los desórdenes es el drama de los deudores desahuciados de sus casas.

Foto: AP

El suicidio de cuatro personas a quienes los bancos les iban a quitar sus casas por deudas hipotecarias ha desatado una de las más fuertes protestas en España, que mantuvo contra la pared al gobierno y a los bancos. España tiene una de las legislaciones hipotecarias más injustas del mundo. Los bancos no aceptan las casas como dación en pago y los hipotecados siguen endeudados a pesar de entregar sus viviendas.

“En España un crimen prescribe, pero una deuda no. Nos regimos por una Ley Hipotecaria de 1909 muy injusta porque respalda a los bancos en acciones como quitarle la casa a los hipotecados que no pueden pagar y luego rematarla al menor precio, de modo que las familias se quedan sin casa y siguen endeudadas con los bancos”, dijo a SEMANA el abogado Fermín González, de la Defensoría del Pueblo de Andalucía.

Por todo esto, el grafiti “bancos asesinos” se puede leer hoy en las fachadas de muchas sedes financieras. Los dos últimos suicidios desencadenaron el horror y la indignación. A finales de octubre, en Granada (Andalucía), José Miguel Domingo (54 años) se ahorcó poco antes de que una comisión judicial llegara a quitarle su casa, y el 9 de noviembre pasado en Barakaldo (País Vasco), la exconcejal socialista Amaia Egaña (53 años) se lanzó al vacío desde su apartamento antes de que la policía llegara a expulsarla. Los dos suicidas habían avalado a sus hijos en créditos que estos no pudieron pagar. Y los bancos, además de quitarles las casas a los jóvenes, querían las de los padres.

Amaia era amiga de varios líderes nacionales del Psoe, que decidió negociar con el gobierno de Mariano Rajoy para fijar una moratoria de dos años a los desahucios. Hasta hoy, por la crisis y el desempleo, más de medio millón de familias han perdido sus casas y siguen endeudadas con los bancos. Y por eso la mayoría siente que llega muy tarde el decreto ley anunciado el jueves para paralizar los desalojos. Todos insisten en que pospone el problema, pero no lo soluciona.

“Lo peor es que con nuestros impuestos los políticos han rescatado a los bancos para que sigan abusando de nosotros. Es evidente que no quieren rescatar a las personas, pero son las personas quienes les votan en las elecciones, no los bancos”, aseguró a SEMANA Gloria Granados, una de las líderes del movimiento Stop Desahucios, que ha impedido la expulsión de cerca de 500 familias, gracias a que reúnen grandes grupos de personas frente a las viviendas embargadas y bloquean la acción de la policía y los jueces.

El caso de Manuel Herrera (56 años) ejemplifica esta tragedia y el abuso de los bancos. “El banco me prestó 90.000 euros para comprar una casa y le pagaba religiosamente hasta que perdí el empleo y no pude pagar más. Aunque quise negociar, el banco se negó a oírme; me echó a la calle, remató mi casa por 45.000 euros, y ahora dice que le debo otra vez 90.000 euros por la hipoteca y otros gastos de todo tipo, incluidos los de los abogados. ”, dijo a SEMANA. Como él, más de 400.000 personas están en su caso.

El partido Izquierda Unida, el tercero más importante, lleva al menos tres años pidiendo una reforma a fondo de la Ley Hipotecaria, pero todas sus iniciativas han sido bloqueadas por los partidos mayoritarios: el Partido Popular de Rajoy y el Psoe. “Ellos nos han tumbado todas nuestras iniciativas porque quieren proteger a los bancos; no hay que olvidar que el PP y el Psoe son los partidos que tienen más deudas bancarias y esos bancos les siguen prestando dinero para las campañas electorales”, denunció a SEMANA Camilo García, de Izquierda Unida.

Tras el suicidio de Amaia muchos bancos, presionados, decidieron parar los embargos mientras el gobierno aprueba su nuevo decreto ley. Sin embargo, miles de órdenes de desalojo ya están en marcha. Pero ni el gobierno ni el Psoe se atreven a cambiar la ley, y este decreto ley sólo da una tregua. Así que los movimientos sociales contra los desalojos se preguntan indignados cuántos suicidios más deben producirse para que España cambie una ley injusta.
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