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LAS OLLAS DE MENEN

Los argentinos salieron en masa a protestar contra la política económica de su presidente, pero éste ni se inmutó.

9 de septiembre de 1996

l episodio de las ollas resultó la mejor ilustración de lo que pasó el jueves en Argentina, cuando el país quedó virtualmente paralizado por la mayor huelga general realizada desde que Carlos Saúl Menem es presidente. Sucedió cerca de las 10 de la mañana del jueves, cuando en cuatro céntricas plazas de Buenos Aires (Miserere, Lavalle, Constitución y Congreso) sindicalistas de distintos gremios se dispusieron a armar ollas populares para "alimentar a los más pobres". Pero la Policía Federal lo impidió por la fuerza, detuvo a 53 manifestantes y tiró al suelo el arroz, la carne y las verduras. Fue entonces cuando linyeras (el término lunfardo para los vagabundos), desempleados y jubilados se agacharon a recoger lo que pudieron, antes de que se presentaran los perros y las palomas, como testimonió la televisión. Mientras tanto, la mayor preocupación del gobierno era que las sobras del paro general no salpicaran a Menem. Lo malo es que el presidente ya no tiene a su disposición ese 'pararrayos político' que era el ministro de Economía Domingo Cavallo, quien desde que puso en práctica el plan de ajustes a la economía argentina en 1991 se convirtió en la admiración de los organismos internacionales de crédito por la estabilización de la economía y la convertibilidad de la moneda y en el objeto central de las protestas populares por los efectos sociales del ajuste. Cavallo fue despedido por Menem hace tres semanas, en medio de una disputa palaciega que coronó varios meses de desacuerdos, cuando el presidente se convenció de que su baja popularidad lo había convertido en un lastre. Paradójicamente, fue una medida anunciada por Cavallo en julio lo que desencadenó la convocatoria de la huelga general. Con el fin de paliar el déficit fiscal de 2.500 millones de dólares, (1.000 millones superior al tope permitido por el Fondo Monetario Internacional) Cavallo decretó, entre otras medidas, la eliminación de subsidios a quienes ganaran más de 1.000 dólares y la reducción en 20 por ciento del presupuesto de seguro de salud de los jubilados. Eso era más de lo que estaban dispuestos a aceptar los argentinos más pobres. En la misma semana en que se anunciaron las medidas se produjo el saqueo de supermercados en varias zonas del país, y por primera vez las encuestas mostraron una censura abrumadora a la gestión económica del gobierno. Tanto, que fue precisamente la central oficialista, la Confederación General del Trabajo, la que se encargó de convocar el movimiento del 8 de agosto, al que se unieron las otras dos centrales: el Movimiento de Trabajadores Argentinos _MTA_ y el Congreso de Trabajadores Argentinos _CTA_. Según éstas, el nivel de acatamiento del paro alcanzó el 90 por ciento, mientras el ministro de Trabajo, Armando Caro Figueroa, lo situó en un nivel 'medio'. Sin embargo, para muchos observadores, el éxito del movimiento se cifró en la ausencia casi total del transporte y en la alta participación de la ciudadanía independiente. El paro fue precedido el miércoles por una enorme manifestación en el templo bonaerense de San Cayetano, el santo del trabajo. Allí, casi un millón de personas se reunieron en el día del santo para pedir en la iglesia lo que no consiguen en la calle: empleo. Jóvenes y personas mayores de las clases medias y bajas se habían turnado desde hacía un mes para guardar el puesto y ser los primeros en entrar al templo La razón del crecimiento de esa expresión religiosa fue la misma del paro: la población argentina de menores recursos no resiste más el programa de ajuste económico que en el pasado dió excelentes resultados en los parámetros macroeconómicos pero ha elevado el desempleo a niveles superiores al 17 por ciento. El secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Mecánicos, tradicionalmente alineado con el gobierno, Manuel Pardo, resumió la situación cuando dijo que "si el modelo económico no genera empleo, sino desempleo, hay que cambiarlo. En mi gremio, el número de empleados bajó de 120.000 a 70.000 en los últimos años" Lo mismo dijo Alicia Castro, de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, cuando aseguró que en el sector los trabajadores se redujeron en un 50 por ciento desde la privatización de Aerolíneas Argentinas. La semana pasada el gobierno de Menem tocó fondo en un proceso de deterioro que se inició desde el comienzo del segundo mandato, en mayo de 1995, cuando Menem podía presentar una gestión económica que había reducido la hiperinflación del 5.000 por ciento a menos de cero. Los festejos de la reelección ocultaron entonces los primeros síntomas de desgaste, manifestados por la recesión acelerada desde México por el 'efecto tequila' y por las crecientes disputas con Cavallo. Y 1996 no comenzó mejor, pues varios escándalos de corrupción en áreas controladas por Cavallo (Aduana, Banco de la Nación Argentina, Dirección General Impositiva) acapararon la atención, seguidos por el escándalo de la venta de armas a Ecuador. Ese deterioro de imagen hizo que el justicialismo apenas obtuviera el 19 por ciento de los votos en la elección para Intendente (alcalde) de Buenos Aires. El auge del consumo, que tuvo su pico en 1993-1994, dio paso a la retracción de las compras, el crédito y el empleo, una recesión que erosiona los cimientos del plan económico, el mismo que erradicó la hiperinflación. Por eso los argentinos esperan, de la mano de sus líderes sindicales y de una combativa actitud de la Iglesia, que el gobierno tome medidas que reactiven la economía y el empleo, así sea a costa de la rigidez observada hasta el final por Cavallo. Pero el nuevo ministro de Economía, Roque Fernández, ya ha anunciado la continuidad del modelo. Menem, mientras tanto, sigue sosteniendo que no hay crisis, porque según las estadísticas, los índices de pobreza bajaron en su gobierno del 50 al 14 por ciento y si hay mucho desempleo es porque hay muchos trabajadores en la economía informal. Por eso, mientras se presentaba el episodio de las ollas, el gabinete ministerial se reunía en la residencia presidencial de Los Olivos. Allí, el tema de la huelga general "no se tocó".