LIBERTAD EN LUGAR DE SILLA ELECTRICA

John Hinckley esperó la mañana del 30 de marzo de 1981 a que el presidente de los Estados Unidos. Ronald Reagan, saliera del hotel Hilton de Washington, donde se había dirigido a una representación sindical, para, con pulso seguro, disparar seis tiros con su pistola de calibre 22 que en apenas dos segundos hirieron en el pecho al presidente, se incrustaron en el cerebro de su jefe de prensa, James Brady, y en los cuerpos del policía Delahanti y el agente secreto McCarthy. Ninguno de ellos murió.
Trece meses después, el 5 de mayo de 1982, siete mujeres cinco hombres, once de ellos negros y una mujer blanca, todos trabajadores, contemplaban aquella escena que había sido vista por miles de millones de personas tan sólo minutos después de que ocurriera el atentado. Para ellos lo más importante eran las décimas de seyundo que en el video, se veía el rostro de Hinckley.
En los Estados Unidos todo el mundo es inocente mientras no se pruebe lo contrario, pero estas doce personas "sin piedad" no tenían que dar un veredicto sobre lo que aparecía como obvio, que el joven John, 26 años, quería matar al presidente, sino sobre otro aspecto más peculiar en la ley de este país al que se había acogido el acusado: todo ciudadano que comete un crimen está loco mientras no se demuestre lo contrario.
Principio no carente de verdad pero que plantea el grave ploblema de quién tiene que demostrarlo, la que según la ley federal es la acusación, pero según la del distrito es la defensa. Elegir uno u otro camino se convirtió en la decisión fundamental de un juicio que concluyó con un veredicto sorpresa: inocencia por razones de enfermedad mental, que le permitirá al potencial asesino pasearse de nuevo por las calles de Washington en sólo 50 días, o quiza en ocho meses o, a lo sumo, en unos pocos años. En cualquier caso, el veredicto no fue la prisión perpetua que pedía el fiscal del Estado.
Pero este final sorpresa, que ha levantado una fuerte polémica en el país, en realidad ya estaba determinado desde el principio del juicio cuando el juez Barrington Parker, de raza negra, decidió aplicar la ley federal y recordó al jurado que estuviesen atentos porque era la acusación quien tendría que demostrar que Hinckley sabía lo que hacía y era responsable de sus actos cuando disparó contra el presidente.
La decisión de Parker sentó en realidad al fiscal en el banquillo. El objeto de la atención del jurado ya no era el criminal, sino la acusación: sus pruebas, sus expertos, sus testigos... Hinckley por su parte, se convertía en la pieza principal de la defensa.
Esta solo tenía que destacar los desvaríos amorosos del acusado por la actriz Jodie Foster, niña prostituta en la película "Taxi Driver", a la que había escrito tan solo horas antes de su que iba a realizar un acto que los iba a unir para siempre en la historia.
Las llamadas telefónicas a Jodie, que él mismo grabó y llevaba siempre consigo, los poemas amorosos que le dedicó, las cartas que le escribió, todo ese mundo que apuntaba hacia la locura.
La misma imagen del joven, hijo de familia bien, fracasado en los estudios, en la amistad, en el amor, en el trabajo, en medio de un mundo de triunfadores como su padre y su hermano que dirigían una de las compañías del petróleo en Colorado. Por si fuera poca ayuda todo esto para la defensa, estaba la gran depresión que el asesinato de John Lennon había causado en él, hasta el punto de que tratara de quitarse la vida durante las mismas navidades en que el ex-Beatle fuera asesinado. Además, estaba la extraña atracción que Hinckley sentía por el asesino, Mark David Chapman, no solo un admirador de Lennon, como Hunckley, sino también un cantante fracasado, como él cuando intentó ser músico.
Todos estos elementos bien aderezados con la autoacusación de culpabilidad por parte de sus padres, que lo echaron de la casa tan solo unas semanas antes de que intentara el magnicidios con los viajes continuos de John, sin finalidad aparente, y su comportamiento extraño en el juicio, apoyaron fácilmente los argumentos de seis especialislas, tres psiquiatras y tres psicólogos, de que el acusado no sabía lo que hacía cuando disparó contra Reagan.
El Estado no regateó esfuerzo ni dinero de los contribuyentes contratando los servicios de psiquiatras privados que trataron de convencer al jurado de que el joven Hinckley no solo estaba en su perfecto juicio cuando disparó, sino que urdió todo un plan encaminado a alcanzar la fama por el camino más corto y menos costoso. La habilidad de estos tres especialistas, consiguió equilibrar la balanza de los expertos de la defensa pero no convencer, como era su obligación, según el juez Parker, sobre la responsabilidad del acusado.
La inocencia por enfermedad mental no es rara en Estados Unidos. En el mismo hospital psiquiátrico donde ahora está encerrado Hinckley, hay un centenar de internos que vieron así atenuadas las condiciones de su encierro y que conseguirán la libertad antes de que se cumplan sus sentencias.
Este veredicto no es nuevo en la historia de los intentos de asesinato de presidentes, Andrew Jackson, en 1835, y Theodore Roosevelt se libraron, por suerte, de las balas de dos potenciales asesinos a quienes un jurado encontró inocentes por enajenación. Pero los dos pasaron el resto de sus vidas en el manicomio, mientras que Hinckley tiene muchas posibilidades de incorporarse a la sociedad.
El próximo 12 de agosto, se verá si representa un peligro para el o para la sociedad. Si no lo es, será puesto en libertad. Si se duda, puede ser puesto en libertad condicional. Y si lo es, dentro de seis meses tendrá la oportunidad de probar que está curado.
Los gastos del padre de Hinckley para atender el juicio, se evalúan en algo más de un millón de dólares; medio millón, en honorarios de la defensa y el resto entre los seis especialistas contratados, a lo que hay que adicionar las costas comunes del juicio, que tendrá que compartir con el Estado.
Miguel Rodrigo (Nueva York)

INDIGNACION
Los miembros del jurado para el caso Hinckley expresaron sus opiniones, tras conocerse el fallo absolutorio por insanía mental del acusado. Lassiter, 42 años, tras el encierro de cuatro días y veinticinco horas de discusión que compartió con sus once companeros de jurado, dijo. "La acusación no probó bajo una duda razonable que Hinckley estuviera sano en el momento de los disparos", opinión compartida desde el principio por otros cinco jurados a los que se unieron más tarde dos dudosos, para quedar finalmente Nathalia Brown y Maryland Copelin, dos solitarias partidarias de la culpabilidad.
Copelin, 50 años trabajadora en los servicios de cociná de una escuela dijo. "Fue culpable todo el tiempo. Sé que hay en él algo que no funciona, pero no creo que hasta el punto de que no supiese qué estaba haciendo". La tensión de los 32 días de juicio, el desfile de 41 testigos, el encierro de cuatro días, y la pasión de las discusiones, unido todo a la separación familiar, doblegaron la voluntad de estas dos mujeres que aceptaron el veredicto final de "inocente por razones de enfermedad mental".
Pero la impresión de Copelin era compartida por muchos ciudadanos de los Estados Unidos que no comprenden cómo puede ser declarado inocente y mañana estar en la calle el hombre que trató de matar a un presidente. Para muchos la razón está en la fortuna del padre. "El dinero lo puede todo. El pudo conseguir tos mejores abogados del país", decía a "Washington Post" el mozo de cuerda Melvin Jackson. Jacqueline West ama de casa, explicaba lo que muchos tenían en mente: "¿Sabe lo que va a ocurrir ahora? Que un montón de gente va a tratar de matar al presidente".
Esta indignación de una parte de la sociedad por el veredicto era también compartida por el secretario del tesoro, Donald Regan, que a título personal (la Casa Blanca no ha querido hacer comentarios) afirmó: "Me siento ultrajado. Creo que se han equivocado. Un acto así nunca debe ser perdonado. Cuando uno tirotea a un representante de los ciudadanos y hiere a otros de su séquito y es dejado en libertad, creo que es una decisión atroz".
También en el Congreso la indignación prendió hasta el punto de que se han presentado tres proyectos de rectificación de la ley en la que se basó el veredicto. Una, defendida por la administración, pretende que este caso solo sea aplicable a quien de manera notoria cree que está siendo dirigido por una fuerza extrana a él (Satán, por ejemplo) a realizar un crimen. Su defensor, el senador Orrin llatch se preguntaba. "Cómo se sentirá ahora Jodie Foster sabiendo que este hombre puede volver a estar en las calles dentro de 50 días" y concluía. "No acuso al jurado, acuso á la ley".
Otro de los proyectos apuntaba a la idea de que la razón de enfermedad quedara en manos del juez a la hora de determinar la sentencia, y otro pretendía rectificar la ley en el sentido de que siempre fuese la defensa la que tuviera que demostrar que el acusado padecía enajenación momentánea.
Si cualquiera de estos proyectos saliera adelante su acción sería sin embargo, limitada ya que en la mayor parte de los casos los acusados se acogen a la ley del Estado. En veinte de ellos se habla ahora también de considerar su enmienda.