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| 7/25/2004 12:00:00 AM

Los pino-dólares

Escándalo en Chile por las acusaciones según las cuales Augusto Pinochet no sólo fue un represor sanguinario, sino también un ladrón.

La noticia salió en The Washington Post, y revivió de forma patética la imagen del general chileno Augusto Pinochet, quien pasó de represor y sanguinario, pero honrado con el erario, a dictador corrupto puro y simple al estilo clásico. El artículo hizo público el informe de la Subcomisión Permanente de Investigación del Senado norteamericano, que reveló las cuentas secretas del ex dictador chileno en el Banco Riggs entre 1994 y 2002, por montos entre cuatro y ocho millones de dólares. La publicación no le causó gracia al gobierno de Ricardo Lagos, empeñado en dejar atrás el pasado para no tener conflictos con el ejército.

La vinculación de Pinochet con el Riggs comenzó en 1994. Según la investigación, el banco recibió el dinero sin investigar seriamente de dónde provenía tal fortuna, y la aceptó como parte de la herencia familiar, de sus ganancias en la bolsa y en conferencias. Además, inscribió al ex dictador como "profesional jubilado" y "con una alta posición en el sector público durante años" .Todo lo cual contrasta con su declaración ante notario hecha el año 1973, tras el golpe de Estado, según la cual sus bienes eran sólo una casa de clase media y ahorros por 500 dólares.

Como los depósitos fueron hechos en 1994, el Consejo de Defensa del Estado se vio obligado a interponer una querella para que se investigue la fortuna de Pinochet, ya que no era aplicable la ley dictada por el propio general que impide investigar los delitos económicos ocurridos antes de 1990.

La presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, dijo que "esas operaciones en el Riggs son propias, típicas, ordinarias maniobras de lavado de dinero que se hace en el caso de las organizaciones criminales para desconectar al titular de los fondos de éstos", y que a su parecer todo apunta a sospechar de enriquecimiento ilícito a costa del Estado.

La abogada Fabiola Letelier, hermana del asesinado canciller Orlando Letelier, explicó a SEMANA que hay un recurso que puede ser más rápido: "Varios abogados de derechos humanos presentamos una medida precautoria ante el juez Juan Guzmán, que lleva el proceso por la Caravana de la Muerte (una serie de asesinatos oficiales perpetrados poco después del golpe de 1973) para que impida a Pinochet enajenar bienes, con el fin de presentar acciones indemnizatorias por las víctimas".

Los abogados Carmen Hertz y Adolfo Inzunza, que representan a familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, presentaron a su vez una querella contra Pinochet por malversación de caudales públicos y delitos tributarios, por no haber declarado los dineros a Impuestos Nacionales. Además solicitaron el embargo de todos sus bienes mientras se realice la investigación.

Quienes quedaron sin voz fueron los familiares de Pinochet, cuyos nombres aparecen en las cuentas del Riggs. Lucía Pinochet señaló que su padre tenía la memoria extraviada y no recordaba el origen del dinero, pero que ella suponía que correspondían a donaciones que le hicieron "empresarios agradecidos" tras su derrota en el plebiscito de 1988. Argumentó que su padre lo había dado todo por Chile y lamentaba el ensañamiento con un hombre anciano y enfermo.

Al preguntarle si habían sacado dineros mientras estaba detenido en Londres, el general (r) Guillermo Garín, vocero de Pinochet, dijo: "Me parece ridículo porque teníamos que hacer colectas para financiar lo que había que pagar en Londres". Pero la información del Senado norteamericano indicaba que en 1998, mientras estaba detenido en el Reino Unido y sus partidarios recolectaban enormes sumas para su defensa, el perfil de cliente de Pinochet en el Riggs mostraba un patrimonio de 50 a 100 millones de dólares, con ingresos anuales de unos 100.000 dólares.

De esta manera, Pinochet, al que algunas autoridades políticas y militares daban en los últimos meses por "desaparecido" de la esfera pública, regresa al primer plano a través de nuevos delitos, acercando la posibilidad de alguna condena, si no por sus crímenes al menos por no pagar los impuestos como algún notorio antecesor.
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