¿LOS ULTIMOS DIAS DEL PRESIDENTE PEREZ?

NO HA ESTADO EN MIS LABIOS LA PALABRA "renuncia", dijo el viernes pasado el Presidente venezolano en un discurso transmitido al país por radio y televisión. El mandatario del país vecino salía así al paso de los rumores que anunciaban su salida voluntaria del poder, ante la inminencia de un fallo en su contra dictado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de corrupción.
Pero todo el mundo en Venezuela sabía que su renuncia era cuestión de horas. El mismo Pérez que el año anterior soportó dos intentonas de golpe de estado y muchas presiones políticas para que renunciara, se había convertido ahora en un hombre abatido y avejentado, triste ante la perspectiva inevitable de pasar a la historia como un luchador derrotado.
Pérez nunca aceptó entregar la Presidencia a los militares ni renunciar para darle gusto a la oposición política. Pero las circunstancias no son las mismas. Esta vez lo que conspira en su contra no es el golpismo ni el oportunismo político, sino una decisión de la máxima instancia Judicial, acerca de acusaciones por supuesto mal manejo de una cuenta secreta de seguridad nacional.
En esas condiciones, su insistencia en permanecer en su cargo para preservar la democracia se volvió en su contra, pues hoy por hoy, la mejor manera de defenderla es con su dimisión.
El caso que tiene a Pérez en su momento decisivo surgió en noviembre pasado, a raíz de denuncias hechas por el periodista José Vicente Rangel (miembro del grupo de "Los Notables"). Rangel sostuvo en su columna que la Presidencia había cambiado en dólares en febrero de 1989, a la rata preferencial vigente entonces, 250 millones de bolívares surgidos luego de una rectificación del presupuesto poco después de asumir funciones el actual Gobierno y destinados luego a una cuenta secreta de seguridad nacional. Según Rangel, las ganancias de su reconversión habían ido a parar a manos indebidas. El cargo relacionado con la maniobra cambiaria se diluyó muy pronto, pero quedó flotando en el ambiente el manejo de la cuenta de marras.
Desde el año pasado entidades como la Comisión de Contraloría de la Cámara de Representantes y el Tribunal de Salvaguardia del Patrimonio Público iniciaron investigaciones sobre el asunto. Según una denuncia hecha en enero por integrantes del movimiento Causa R, hubo irregularidades en el manejo de esos fondos. Aunque la destinación manifiesta del dinero era para cubrir gastos secretos del Ministerio del Interior, fotocopias de documentos del Banco Central y declaraciones de funcionarios ante la comisión parlamentaria parecieron indicar que la mayor parte de ese dinero fue a parar a la Secretaría de la Presidencia.
Todo ello hizo que el 11 de marzo pasado el fiscal de la nación, Ramón Escovar Salom, solicitara a la Corte Suprema un antejuicio de mérito por "malversación y peculado" contra el Presidente y sus ex ministros Reynaldo Figueredo, de la Secretaría de la Presidencia, y Alejandro lzaguirre, del Interior.
Ese es el proceso que está a punto de culminar con dictamen desfavorable a Pérez. Este sostiene que se siguieron los trámites legales para la ampliación de los fondos de la partida y se niega a revelar en qué se gastaron los 17 millones de dólares, porque según la ley ese manejo debe ser secreto.
Nunca antes en los 35 años de democracia venezolana se había llegado a tales extremos. Formalmente, la decisión de la Corte sólo implica una recomendación al Parlamento para que el Senado decida si se levanta o no la inmunidad al Jefe del Estado, para entonces abrir un proceso judicial. Pero Pérez ha dicho que está dispuesto a gobernar "mientras la Corte se lo permita," lo que ha sido interpretado como su disposición para salir del Gobierno si la decisión le fuera adversa.
La Corte tiene 15 días a partir del martes pasado, cuando su presidente Gonzalo Rodríguez Corro presentó su ponencia, para tomar una decisión, pero Pérez le pidió que el caso "se dilcide de inmediato", para evitar los perjuicios económicos derivados de la inestabilidad institucional que el país no puede soportar "ni siquiera por días". No le faltaba razón, pues la incertidumbre hizo que la bolsa de valores tuviera una caída de más de 500 puntos, y los bonos de la deuda externa venezolana tuvieron en el mercado de Nueva York el comportamiento propio de los períodos de crisis. En medio de todo, según fuentes allegadas al Presidente, éste no quería hacer maniobras políticas para evitar una votación adversa en el Senado, no sólo porque la oposición tiene allí mayoría sino porque consideraba que en este momento histórico "cada poder debe asumir sus responsabilidades".
Lo que sigue es incierto. Teóricamente, ante la renuncia del Presidente debe asumir la primera magistratura la cabeza del Parlamento por un mes, lapso durante el cual debe convocar una votación interna que decida quién reemplazará al Presidente hasta el final del período. El actual presidente del Parlamento es el senador por el gobernante Acción Democrática Carlos Lepage, quien según se dice en el Congreso, a mediados de la semana pasada ya estaba "nombrando ministros". Según esos mismos observadores, la idea que prosperaba entonces era que el Congreso eligiera como Presidente hasta el final del período (febrero de 1994) al prestigioso senador Ramón J. Velásquez.
Pero Lepage es un personaje impopular, muy asociado con la corrupción que es ingrediente fundamental de la crisis que vive Venezuela desde febrero del año pasado. Velásquez, aunque es un veterano de amplio respeto, perteneee al partido de gobierno y los militares no parecen tenerle suficiente confianza. Al final de la semana, mientras se rumoraba insistentemente el descarte de esa fórmula, crecía la versión según la cual el verdadero cerebro de la crisis era el ministro de Relaciones Exteriores, el general (r.) Fernando Ochoa Antich. Según esas versiones, la Corte ya habia fallado sobre el tema en enero, con ocasión de una demanda interpuesta por el partido izquierdista Causa R. y la presión ejercida por Ochoa sería la causa para que el mismo magistrado Rodriguez Corro cambiara "inexpsicablemente" su postura sobre el tema. Ochoa estaría interesado en asumir él mismo la conducción del Estado y en adelantar las elecciones de noviembre para agosto.
Sin que esas versiones pudieran confirmarse, al cierre de esta edición lo único seguro era que la renuncia de CAP podría presentarse en cualquier momento. El Presidente venezolano ha demostrado en múltiples ocasiones tener más vidas políticas que un gato, pero lo que no es claro es cuántas ha jugado y perdido ya. En lo que sí había unanimidad era en la necesidad de que Venezuela saliera de su crisis antes de que fuera demasiado tarde.