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| 2/7/1983 12:00:00 AM

LUCHA CONTRA LA "LEY MORDAZA"

Grande polémica ha desatado el proyecto de ley de la Madrid sobre "daño moral" a las personas.

LUCHA CONTRA LA "LEY MORDAZA" LUCHA CONTRA LA "LEY MORDAZA"
La campaña que con tanto bombo anunciara el recien instalado presidente Miguel de la Madrid Hurtado, sobre la "renovación moral", obtuvo ya un severo traspiés con el aplazamiento, en el senado mexicano, del debate sobre un controvertido proyecto de ley que legisla sobre el "daño moral" a las personas .
En efecto, a raíz de que surgieran criterios discrepantes entre los 64 miembros de la cámara alta todos del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), el senado decidió archivar provisionalmente un proyecto de ley del presidente de la Madrid que reglamentaría la figura jurídica del "daño moral" que el código civil del distrito federal mexicano contempla.
Según ese proyecto, "daño moral" sería toda "lesión que una persona sufre en sus derechos de la personalidad, tales como sus sentimientos afecciones, creencias, decoro, honor, reputación, secreto de su vida privada e integridad física, o bien, en la consideración de la misma".
Pero tal iniciativa, enviada al congreso por el ejecutivo el pasado 3 de diciembre, desató una intensa polémica en el país. Aunque una amplia mayoría de la Cámara de Diputados rápidamente aprobó la enmienda, en una votación que contó con el apoyo del opositor Partido Socialista Unificado de México (PSUM), sectores periodísticos, jurídicos, religiosos y políticos de inmediato denunciaron el proyecto de ley como un intento reaccionario contra la libertad de información.
Los que esto afirman sostienen que la reforma propuesta "puede ser usada en contra de todo aquel que produzca una crítica al gobierno, a personajes empresariales o tecnócratas o que simplemente los consideren sus enemigos". En realidad, de pasar tal reforma quedarían vigentes normas relativas a la responsabilidad civil en los casos de producirse un daño moral a la persona, estableciendo compensaciones en dinero a los afectados.
Respondiendo a estas críticas, el presidente del senado, Miguel González Avelar, declaró en una conferencia de prensa que el proyecto aprobado por la cámara baja sería analizado "sin prejuicios y cuidadosamente" en el senado, pero advirtió que tal proyecto "no tiene de ninguna manera como destinatario a los profesionales de la comunicación". Manuel Bartelett secretario de gobernación --el equivalente al ministro de gobierno en Colombia-- admitió que la reforma pretendía "proteger el prestigio, la vida privada y el patrimonio moral de los individuos, sin distinción, frente a ataques de cualquier persona física o moral, o del Estado".
Los tres gremios más importantes de los periodistas señalaron que precisamente tales conceptos podrían prestarse para "inhibir o sancionar las tradicionales denuncias y críticas de la prensa, que alude preferiblemente a personajes y funcionarios públicos".
Las protestas contra la iniciativa gubernamental llegaron, además, hasta la realización de manifestaciones públicas, el 20 de diciembre, en las que fueron simbólicamente amordazadas dos estatuas de personajes liberales de la historia mexicana que lucharon por la libertad de expresión, una de ellas instalada en el patio principal del senado en la capital mexicana.
Paradójicamante los únicos impugnadores en la cámara habían sido los voceros del Partido Acción Nacional (PAN), una fuerza de derecha, mientras que los apoyadores, además del PRI, incluyeron a los representantes del PSUM --fundado el año pasado cuando varios grupos de izquierda se unieron al Partido Comunista Mexicano (PCM)-- junto con los del Partido Popular Socialista (PPS) y Socialista de los Trabajadores (PST), todos ellos opositores.
Pero seis senadores del PRI, ante las polémicas fuera del recinto parlamentario, reconocieron que el proyecto de ley contenía "ambiguedades" que podrían utilizarse para coartar la libertad de información y plantearon una detallada revisión. Tal vez la declaración más radical en defensa de esta libertad la hizo el senador Hugo B. Margáin ex secretario de Hacienda y ex embajador en Estados Unidos, al decir: "Es preferible el respeto irrestricto a la libertad de expresión con sus deformaciones, que permitir cualquier asomo de censura". Por su parte, el senador Gonzalo Martínez Corbalá mencionó la posibilidad de que con el proyecto se "pretendiera castigar o reprimir la crítica política". "Los servidores públicos estamos necesariamente expuestos a esa crítica y no debe molestarnos porque es parte de nuestra función", añadió.
La Iglesia, por su parte, a la cual la constitución le prohibe expresamente opinar o intervenir en política, hizo pública su inquietud acerca de la aplicación de la ley. El secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Gerardo Alamilla y el padre Juan Francisco López Felix, vocero del arzobispado mexicano, aceptaron el derecho del Estado mexicano a regular la acción social e impedir lo que llamaron el "libertinaje informativo", pero advirtieron sobre los riesgos de caer en el "estatismo informativo ".
El influyente diario "Uno más uno", en editorial, también sostuvo que la reforma podía ser "riesgosa" y recomendó una discusión más amplia en el senado para "no incurrir en apresuramientos no justificados por la densidad del problema que se busca resolver".
Entre las organizaciones de juristas las opiniones están aún divididas aunque admiten que la figura del "daño moral" existe en el codigo civil desde 1932 y que la reforma pretende precisar aún más el concepto.
Hasta voceros del Consejo Coordinador Empresarial, especie de ANDI y FENALCO mexicanos, manifestaron dudas e inquietudes acerca de las presuntas incidencias de la ley en la formulación de críticas a funcionarios públicos.
Se empantana así, temporalmente al menos, el inicio de la campaña contra la "corrupción administrativa" que anunciara el presidente de la Madrid cuando asumió el gobierno el 1° de diciembre.

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