Martes 13 en Venezuela

El régimen venezolano está tomando un rumbo peligroso. La semana pasada el presidente de la Asamblea Nacional (Congreso), Diosdado Cabello, invitó a los venezolanos a ver la sesión televisada como si fuera un circo, o más bien un fusilamiento. “No dejes que te la cuenten”, anunciaba por Twitter.  

Su invitación presagiaba algo grave para el martes 13, aunque era difícil superar la golpiza de hace dos meses o la sesión en la que los chavistas abolieron la inmunidad parlamentaria para que el opositor Richard Mardo, investigado por enriquecimiento ilícito, pueda terminar en la cárcel. 

Mardo ha denunciado que lo persiguen con un montaje por pertenecer al partido del opositor y gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, quien a su vez fue multado la semana pasada por ofender al Tribunal Supremo. Su pecado: haber pedido evaluar sus denuncias de fraude en las elecciones. La Corte no solo lo castigó por tal atrevimiento, sino que negó su petición y solicitó a la Procuraduría abrirle una investigación disciplinaria. 

El mismo día, agentes allanaron la casa de su jefe de gabinete, Óscar López, con el argumento de que es el jefe de finanzas de una ‘mafia amarilla’, color que identifica al partido Primero Justicia, de Capriles. Los chavistas se han ensañado con ese grupo, sobre todo el oficialista Pedro Carreño, presidente de la Comisión de Contraloría del Congreso. 

Precisamente Carreño, dirigiendo la sesión anunciada por Cabello, atacó con un lenguaje vulgar la intimidad de los miembros de Primero Justicia.  Mostrando fotocopias de recibos y fotos de una fiesta privada en la que aparecía López abrazando a unos amigos, Carreño ‘probó’ que desde la Gobernación de Miranda opera una red de narcotráfico y prostitución homosexual. 

En nombre de las sanas costumbres, Carreño, a quien Capriles acusa de ser el ‘robacantinas’ por haber sido expulsado de las Fuerzas Armadas, supuestamente por estafa, atacaba a la oposición con términos como “maricón”, “castrados”, “eunucos”, mientras predicaba que el chavismo no era homofóbico, porque cada cual era responsable de su “culo”.  

Luego intervino Cabello, a quien la oposición acusa de ser el “corrupto más grande de la historia”. Con su sonrisa socarrona, le advirtió al país que iba tras el líder “fascista” y sus aliados, porque habían llevado a Venezuela a niveles de corrupción como los de Pablo Escobar.   

El amedrentamiento, el uso arbitrario de los instrumentos legales y la violencia suelen ser síntomas de que el poder se siente amenazado. Tras la desaparición de Chávez, en Venezuela se está viviendo lo que el filósofo Fernando Mires describe como el “gansterismo político” que se disfraza de legitimidad para eliminar a sus adversarios. 

Fue en ese contexto que el presidente Nicolás Maduro pidió “superpoderes” para acabar con la corrupción, decretar la “emergencia nacional”, convocar al Consejo de Estado para tomar medidas extraordinarias y pedirle a los venezolanos (incluido un nuevo Ejército de obreros armados) que lo acompañen con acciones de calle.  

Curiosamente, al mismo tiempo en que su bancada insultaba a la oposición, Maduro le pedía a la Asamblea aprobar en tiempo récord la destitución de la presidente del Banco Central, Edmée Betancourt (nombrada hace dos meses y medio), antes de que estallara un escándalo en el que podría terminar implicada, por la desaparición de 84 millones de dólares del Fondo Chino-Venezolano.

Lo llamativo es que Betancourt ha denunciado que el mayor desangre a las finanzas del Estado ocurrió porque el gobierno entregó entre 15.000 y 20.000 millones de dólares, a compañías de papel. 

Culpar a los opositores, que cada vez tienen menos recursos y espacios de poder, de causar una corrupción que tiene al país en crisis, cuando el Ejecutivo acapara más del 75 por ciento de los recursos, es inverosímil. 

Como recuerda la historiadora Margarita López, la sensación de que la plata no alcanzaba para todos porque se la estaban robando desde el poder fue decisiva para que cayeran el dictador Pérez Jiménez, Medina Angarita y el propio Carlos Andrés Pérez. “A los gobiernos en Venezuela se les tolera todo, menos que no repartan”, concluyó.